El Constitucional de Bolivia bloquea la candidatura presidencial de Evo Morales para 2025 tras anular la reelección indefinida

El expresidente denuncia un «plan negro» en su contra en mitad del pulso político con su delfín y actual mandatario, Luis Arce  

El Tribunal Constitucional Plurinacional de Bolivia anuló el viernes la cláusula que permite la reelección indefinida en una sentencia que inhabilita la candidatura de Evo Morales para las elecciones presidenciales de 2025. El exmandatario queda apartado por la Justicia al haber ocupado el cargo durante tres periodos consecutivos entre los años 2006 y 2019. El fallo, que estipula a grandes rasgos que la reelección indefinida «no es un derecho humano», ha sido emitido a raíz de una opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), sin posibilidad de apelación, y anula un dictamen emitido por el mismo Constitucional en 2017.

La sentencia especifica concretamente que las figuras de presidente, vicepresidente, así como los diputados y senadores no pueden ejercer más de dos mandatos, ya sea de forma continua o discontinua. El pronunciamiento del tribunal incluye a también los alcaldes y gobernadores que hayan sido elegidos desde 2009, fecha de entrada en vigor del actual texto constitucional.

El CIDH refutó hace ya seis años el argumento del expresidente dejando por escrito que «la habilitación de la reelección presidencial indefinida es contraria a los principios de una democracia representativa y, por ende, a las obligaciones establecidas en la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre». Un fallo que Morales ignoró. En 2017, el Tribunal Constitucional Plurinacional de 2017 permitió al líder sindical, primer presidente indígena de Bolivia, presentarse por tercera vez a las elecciones fallidas de 2019, contraviniendo los preceptos constitucionales que limitaban a dos los mandatos presidenciales.

La reacción de Morales no se hizo esperar. El exmandatario ha denunciado que se trata de una «sentencia política» parte del «plan negro» del Gobierno de Luis Arce desde la localidad de Ivirgarzama en el Trópico de Cochabamba, su bastión político y sindical. «La sentencia política del TCP autoprorrogado es la prueba de la complicidad de algunos magistrados con el Plan Negro que ejecuta el gobierno por órdenes del imperio y con la conspiración de la derecha boliviana», ha publicado Morales en redes sociales.

Esta sentencia «teleológica» se produce dos días antes de que concluya el mandato de seis años de los magistrados, aunque para Morales son el «TCP autoprorrogado». Recordó además que siendo diputado hace casi 22 años fue expulsado del Parlamento. Desde entonces «los neoliberales» buscan «proscribir» su partido y hasta eliminarlo política y físicamente. «Ningún miedo. ¡La lucha sigue hermanas y hermanos!», ha remachado Morales, que libra un pulso político por el control del Movimiento al Socialismo (MAS) con quien fuera su ministro de Economía y sucesor, Luis Arce.

Rivales políticos del exmandatario como la también expresidenta Jeanine Áñez han aplaudido un dictamen que «pone punto final al delirio de Evo Morales de reelegirse por siempre», ha hecho saber en su cuenta de la red social X. Para el dirigente de Comunidad Ciudadana, Carlos Mesa, la sentencia confirma que «Evo Morales y [el exvicepresidente Álvaro] García Linera violaron la Constitución, las normas internacionales, las leyes y la decisión del pueblo cuando impusieron su candidatura en 2019».

El gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, también ha valorado la sentencia como un impedimento para que ningún «aprendiz de tirano pisotee el voto o desconozca un referendo acabe haciendo fraude con la sola intención de perpetuarse en el poder».

Áñez, cabe recordar, está acusada de terrorismo al proclamarse presidenta de Bolivia sin el consenso ni la presencia mínima de legisladores poco después de la renuncia de Morales, que abandonó el cargo en 2019 en medio de una fuerte crisis social y mientras sectores de la Policía y el Ejército orquestaban un motín en su contra. Camacho, por su parte y por esta misma crisis, está acusado de terrorismo, financiamiento del terrorismo, cohecho activo, seducción de tropas, instigación pública a delinquir, asociación delictiva y uso indebido de deberes y servicios públicos.