La última derrota del espía Perote: el coronel que pinchó el teléfono del rey se queda sin medallas
El de Juan Alberto Perote es un nombre que atraviesa de forma transversal casi todas las polémicas que rodearon al espionaje español de las primeras dos décadas de democracia. Desde frenar intentos de golpe de Estado a dirigir el 'Gabinete de Escuchas' de la inteligencia nacional, el coronel octogenario lleva años pleiteando sin éxito contra el Ministerio de Defensa para que le devuelva sus medallas y títulos después de que la Justicia europea cuestionara uno de sus juicios. La respuesta final ha llegado hace poco del mismo Tribunal Supremo, que le condenó por espiar de forma ilegal: es "inviable" rehabilitarle como militar con todos los honores.
Perote Pellón (Valladolid, 1938) no era ningún desconocido dentro del espionaje español en la década de los años 80, pero sí lo era para la opinión pública, como es habitual con todo lo que tenía que ver con el Centro Superior de Información para la Defensa (CESID) o con el actual Centro Nacional de Inteligencia (CNI). Tal y como contó él mismo en su libro 'Confesiones de Perote: revelaciones de un espía' (RBA, 1999), el CESID consiguió frenar un golpe urdido por militares como Jaime Milans del Bosch en 1982.
El Centro tenía entonces al frente al general Emilio Alonso Manglano y, un año después, creó un 'Gabinete de Escuchas'. Al frente, según ha declarado probado en firme la Justicia, puso al entonces Teniente Coronel de Infantería Juan Alberto Perote. Allí varias personas pinchaban teléfonos para buscar información sobre terrorismo, economía, blanqueo o contrainteligencia. Un "barrido" de frecuencias para grabar con red de arrastre cuyo material, si era de interés, acaba en la mesa de Perote, según los tribunales. Estuvo en el cargo hasta 1991.
Fue el diario El Mundo el que reveló a mediados de la década de los 90 que el CESID llevaba "más de diez años" espiando y grabando a políticos, empresarios y periodistas. Los bautizados como 'papeles del CESID' hicieron tambalearse al último ejecutivo del PSOE de Felipe González: presentó su dimisión Narcís Serra, vicepresidente del Gobierno, también Julián García Vargas, ministro de Defensa, y el propio Manglano.
La publicación de los documentos que apuntaban a la existencia de pinchazos masivos por parte de la inteligencia española no solo agitó el tablero político sino que se tradujo en la primera causa penal contra espías y militares por escuchas ilegales. El Supremo confirmó en 1998 una condena de siete años de cárcel para él, procedente de un tribunal militar, por "revelación de secretos o informaciones relativos a la seguridad o la defensa nacionales". También fue expulsado de las Fuerzas Armadas.
Esa sentencia le condenó, en definitiva, por llevarse más de 1.200 microfichas de los archivos del CESID después de una década de escuchas. Las alegaciones de Perote no tuvieron éxito en España y decidió poner rumbo a Estrasburgo, donde los jueces europeos le dieron la razón: en 2002 el Tribunal Europeo de Derechos Humanos estableció que no había tenido un juicio justo –dos de los jueces que le juzgaron ya se habían pronunciado antes sobre su caso– y condenó a España a indemnizarle con 10.500 euros.
Por aquel entonces, Juan Alberto Perote había vuelto a las portadas por otros motivos. El ya entonces excoronel compareció, por ejemplo, en el proceso de la Audiencia Nacional que investigó el asesinato de Joxean Lasa y Joxi Zabala, el crimen fundacional del terrorismo de Estado de los GAL. Llegó a pedir sin éxito al Tribunal Supremo la imputación de Felipe González en el caso Oñaederra que investigaba varios asesinatos de los GAL. Décadas más tarde, una grabación descubierta en 2021 por Público revelaba a Perote y a un capitán de la Guardia Civil hablando de cómo Mikel Zabalza murió tras ser torturado en el cuartel donostiarra de Intxaurrondo.
Después de recibir el aval favorable del TEDH, Perote y su defensa se lanzaron a una nueva batalla legal para intentar que la ejecución de su sentencia europea no se limitara a pagar la indemnización: quería recuperar sus honores, títulos, condecoraciones y que se le devolviera la condición de militar de carrera. Lo pidió primero al Tribunal Militar Central, que en mayo del año pasado dejó la decisión en manos de la Sala de lo Militar del Tribunal Supremo. El alto tribunal, según ha sabido elDiario.es, rechazó sus pretensiones poco antes de arrancar este año 2024, poniendo fin a sus pretensiones para ser respuesto como militar con todas sus medallas.
Juan Alberto Perote consiguió en 2002 una sonora victoria frente a los tribunales españoles en Estrasburgo. Los jueces europeos, allí donde el Supremo o el Constitucional no habían estimado sus alegaciones, declararon que no había tenido un juicio justo porque varios integrantes del tribunal militar que le juzgó por los 'papeles del CESID' firmaron resoluciones que, por ejemplo, le mantuvieron en prisión. Pero ahí acabaron las buenas noticias para Perote.
Desde entonces, el hombre que escuchó las conversaciones del establishment español en la década de los ochenta emprendió una pelea para que la sentencia del TEDH se ejecutara y, además de ser indemnizado, fuera considerado de nuevo militar. El Supremo rechazó su petición por primera vez en 2002, el Tribunal Constitucional lo confirmó en 2005 y el mismo Supremo ha vuelto a rechazarlo en las últimas semanas con el apoyo de la Fiscalía togada.
El auto, del que ha sido ponente Clara Martínez de Careaga, rechaza su petición de interponer un recurso de revisión. La razón: que la Ley de Enjuiciamiento Criminal da un plazo de un año desde que la sentencia europea que se quiere ejecutar adquiere firmeza, algo que en el caso de Perote sucedió hace dos décadas. Es una posibilidad que la normativa española no recogió hasta 2015, reconoce el Supremo, pero el exmilitar ya lo intentó, recuerdan, "hace nada menos que 21 años". Si el plazo hubiera empezado a correr en 2015, además, también llegaría varios años tarde.
Su sentencia favorable de Estrasburgo, añade el Supremo, ya está ejecutada. Lo dijo hace años el Tribunal Constitucional en su primera batería de recursos. El TEDH, dice el Supremo, se limitó a constatar que no había sigo juzgado por un juez imparcial, pero "sin reconocer que dicha resolución estuviera necesariamente mal fundada". Así, el auto pone punto y final a la pelea de Perote para ser restituido como militar a sus 85 años de edad.
Los que afirman conocer las tripas del espionaje español hablan siempre de 'La Casa' para referirse al actual CNI, y los que efectivamente trabajan en la sala de máquinas de la inteligencia española no suelen decir una sola palabra sobre lo que pasa en ese punto kilométrico de la A-6. Es extraño que la realidad del CNI, antes CESID, quede por escrito en forma de verdad judicial, pero el caso de Juan Alberto Perote no fue un caso normal.
La sentencia española que le condenó por llevarse los 'papeles del CESID' fue cuestionada por Europa, pero el coronel tuvo que volver a los tribunales para responder por la materia prima: por dirigir, entre 1983 y 1991, el bautizado como 'Gabinete de Escuchas' dentro del departamento de Acción Operativa. En abril de 2005 la Audiencia de Madrid impuso a Perote cuatro meses de arresto mayor y seis años de inhabilitación por "utilización de artificios técnicos de escucha y grabación del sonido cometido por funcionario público".
Se trata de un alambicado término legal para explicar que, durante años, estuvo dirigiendo un equipo de personas que, desde el CESID, pinchaban el teléfono de periodistas, políticos y empresarios para captar información importante para la inteligencia española. Las sentencias del caso –un caso que, una vez más, hubo que juzgar varias veces por falta de parcialidad judicial– declaran probado que fue así. La de la Audiencia de Madrid y la del Tribunal Supremo.
El objetivo del sistema de escuchas, según la Justicia, era interceptar comunicaciones de "otros servicios de información" que pudieran operar en España para buscar datos sobre terrorismo, contrainteligencia, economía o blanqueo, entre otras. Si las grabaciones eran de interés, eran remitidas a Perote, quien lo ponía en conocimiento de Manglano si era necesario. Eso sucedió, dijo la Justicia, "en algunas ocasiones en que se obtuvieron conversaciones de determinadas personalidades públicas particularmente relevantes".
La verdad judicial no siempre se corresponde con toda la verdad, y eso es especialmente cierto en un caso que afecta a la sala de escuchas del espionaje español de los años ochenta. "Sin su consentimiento, controló una multiplicidad de conversaciones de diferentes personas. No es posible con exactitud determinar la totalidad de las personas afectadas ni el contenido de todas las conversaciones", lamentaron los tribunales. Pero sí reflejó algunos nombres.
En público, hubo una época en la que Perote negó que el CESID hubiera intervenido conversaciones del rey Juan Carlos de Borbón. Pero las sentencias de su condena de cuatro meses de arresto mayor recogen que esto forma parte de la verdad judicial del espionaje español. En su declaración explicó cómo funcionaba el departamento y cómo las escuchas en bruto eran remitidas a las divisiones de inteligencia para su análisis. "En determinadas ocasiones que se accedió a determinadas conversaciones de personas relevantes, Su Majestad el Rey o diversos Ministros", relató. Se lo contó al director del CESID e, incluso, habló con el propio monarca "sin que recibieran queja ninguna". Todos dijeron que actuaron convencidos de que era legal.
El Tribunal Supremo declaró firme estos hechos y esta condena de cuatro meses de arresto mayor en septiembre de 2006. Lo que hicieron los mandos del CESID en esos años fue poner en marcha un sistema de "escuchas extensas no autorizadas judicialmente sobre conversaciones privadas que en nada se relacionaban con la seguridad y defensa del Estado". El secreto de la actividad de los espías, añadieron los jueces, "no podían permitir con carácter general la ejecución de escuchas telefónicas de conversaciones privadas". El secreto de las comunicaciones ya era entonces algo reconocido en la Constitución y esos pinchazos telefónicos sin autorización judicial eran delito.
En pleno debate público sobre las intervenciones telefónicas autorizadas judicialmente a líderes independentistas como Pere Aragonès, el caso de Juan Alberto Perote vuelve a la actualidad desde la década de los 80. Sus grabaciones no están en ningún archivo que pueda ser consultado por el gran público, aunque algunas de ellas han visto la luz con cuentagotas. Su nombre forma parte de la larga lista de personalidades públicas cuyo silencio blindó, entre otras muchas cosas, la figura pública del rey emérito.