Una politica para el verano ¿Y después?
Al igual que en otros cambios de gobierno, la nueva gestión se propuso un reseteo de la economía. La novedad es la velocidad: en los dos primeros meses del año el gasto primario cayó un tercio respecto al mismo periodo de 2022 y un cuarto si comparamos con 2019, cuando se dio el mejor resultado fiscal desde 2012. Un ajuste de tal magnitud en tan poco tiempo significó tirar el freno de mano sobre una actividad económica que ya venía desacelerándose.
La motosierra fiscal siguió en febrero. Las mayores caídas del gasto se dieron en la obra pública, las transferencias discrecionales a las provincias y los subsidios económicos. Esos tres destinos también resultaron los más castigados durante enero. Sin embargo, hay un dato que es aún más contundente para dimensionar el ajuste fiscal. Durante los dos primeros meses del año un cuarto de los programas presupuestarios no tuvieron desembolsos.
Javier Milei, en línea con su ideología anarcocapitalista, decidió un cierre parcial del gobierno. Una situación similar a la que ocurre en los Estados Unidos cuando hay un government shutdown al no aprobarse en el Congreso el presupuesto en su totalidad. En las partidas que no hay consenso el gobierno federal estadounidense únicamente brinda servicios considerados esenciales. Hasta ahora, el más prolongado fue bajo la presidencia de Donald Trump y duró 35 días. Los costos sobre la economía son múltiples: gastos y pérdidas de productividad por frenar y posteriormente reanudar distintos programas, y una mayor incertidumbre para los inversores, entre otros.
No ejecutar partidas junto con licuar gastos sociales, principalmente jubilaciones, ofrece la ventaja de lograr un rápido equilibrio en las cuentas públicas. Nadie esperaba tan buenos resultados en materia fiscal como los que mostró el Gobierno estos meses. Esa señal tan contundente opera a favor frente a los inversores en títulos públicos dado que disipó los temores a un nuevo default de la deuda en pesos.
El problema es que es una estrategia de corta duración. Más temprano que tarde el nivel de ejecución presupuestaria irá in crescendo. El ejemplo más claro son las erogaciones en jubilaciones y pensiones, que involucran más del 30% del gasto primario. Tanto el Gobierno como la oposición parecen coincidir en indexarlas por la inflación a partir de abril. Al mismo tiempo, será menester que otras partidas de gasto social y de funcionamiento de los servicios públicos aceleren su ejecución. O empezaremos a ver interrupciones en la oferta de luz, transporte y educación. A su vez, como programa de desarrollo reducir la inversión en educación, ciencia e infraestructura nos aleja aún más de ser una economía más productiva.
Mientras que en los próximos meses veremos aumentar el gasto, la recaudación continuará a la baja. El ajuste en jubilaciones, salarios, obra pública, etc. se corresponde, entre otros, con la caída promedio en enero y febrero del 14% real interanual en la recaudación de IVA-DGI. Un impuesto que representa un quinto de la recaudación total.
Los límites de la nueva política económica
En línea con compensar los menores ingresos y mayores gastos de los próximos meses, el Gobierno negocia nuevamente con las provincias restablecer el impuesto a las ganancias a la cuarta categoría. Su eliminación la aprobó el Congreso a fines del año pasado a propuesta del entonces ministro y candidato Sergio Massa. Una buena regla fiscal sería prohibir modificar impuestos en años de elecciones.
La política de gastos e ingresos que estableció hasta ahora el nuevo gobierno tiene fecha de vencimiento y no llegará más allá de lo que dura el verano. El necesario equilibrio en las cuentas públicas deberá, esta vez sí, lograrse mediante consensos políticos, los cuales a su vez deberán generar legitimidad en el resto de la sociedad. Al final de cuentas, se están decidiendo los ganadores y perdedores de los próximos cuatro años.
Si nos vamos del mundo de los pesos hacia el de los dólares la situación es similar. Entre el Ministerio de Economía y el Banco Central diagramaron un esquema que les permite atravesar el verano hasta la llegada de la liquidación de la cosecha gruesa. Reflejado hasta el momento en un aumento de más de u$s 7000 millones en las reservas internacionales. Pero al igual que la política fiscal, tampoco es sostenible más allá.
Tal afirmación surge principalmente de analizar la oferta de dólares. El atraso cambiario atenta contra el nivel de las exportaciones. Si la tasa del crawling peg del tipo de cambio se mantiene en 2% mensual, en abril el tipo de cambio efectivo para los exportadores de soja será el más bajo desde abril del 2018, el mes previo al inicio de la materialización de la crisis cambiaria que derivó en fuertes devaluaciones y el regreso del cepo cambiario durante la gestión de Mauricio Macri.
Bajar las retenciones para compensar el atraso cambiario no parece ser compatible con el desafío fiscal que describimos previamente. Al mismo tiempo, por el esquema de venta de dólares que definió el Banco Central, a partir de abril las importaciones efectivamente pagadas volverán a ser similares a las devengadas. Recordemos que en enero y diciembre esa brecha aumentó en u$s 7000 millones. Lógicamente el equipo económico buscó que la normalización del pago de importaciones se produzca al mismo tiempo del inicio de la liquidación de soja y el maíz.
A su vez, la normalización en el pago de importaciones se verá parcialmente compensada por las consecuencias de la recesión. Un volumen relevante de las compras al exterior durante este primer trimestre del nuevo gobierno corresponde a pedidos de varios meses atrás cuando la actividad económica era más elevada. Es esperable que más temprano que tarde la demanda de importaciones refleje el estado actual del nivel de consumo y producción.
Apuntes macro de 70 días frenéticos y ‘fuera de la caja'
Ante un equilibrio cambiario aún muy lejano, el Gobierno sigue sin dar señales de que algunas características del cepo cambiario que aún se mantienen, como la restricción a la compra de moneda extranjera para ahorro o la remisión de utilidades de las empresas, vayan a levantarse en lo inmediato.
La política cambiaria que nos deparará el otoño es un interrogante aun mayor respecto a la fiscal. Todo conduce a una mayor depreciación del tipo de cambio, aunque eso atente contra la reducción de la tasa de inflación. Quizás por eso se decidió una mayor apertura comercial en la importación de alimentos o se busca instalar que el Indec mide mal la inflación al no contemplar las promociones. Al mismo tiempo que se discute la necesidad de conseguir un nuevo endeudamiento en dólares. Lo que es seguro es que estamos transitando hacia un cambio en la política económica.