Ofensiva terrorista en Mali y Burkina Faso, las juntas militares prolongan su mandato
Los líderes militares de los países del Sahel han decidido prolongar el tiempo de la transición y consideran presentarse a las elecciones que tendrán lugar en el futuro
¿Cómo conocer con certeza dónde y cuándo ocurren ataques terroristas en el Sahel? ¿Cómo conocer el número exacto de atacantes y de víctimas mortales? Las juntas militares no permiten a los periodistas acceder a las zonas rojas y desde las instituciones apenas se informa al público sobre una fracción de los ataques. Los grupos terroristas comunican sus ataques en las redes sociales, reclaman su autoría, publican vídeos donde aparecen cargamentos de armas, pero los grupos terrorista no son de fiar y su “información” bien puede tratarse de propaganda que debe tirarse a la basura. La misión de las Naciones Unidas en Mali (MINUSMA) fue expulsada en 2023 del país y las tareas de rastreo y observación de las organizaciones presentes en el terreno se ven limitadas por la inmensa (y compleja) geografía del Sahel a la hora de corroborar el alcance de los ataques.
Algunos asaltos pueden confirmarse; para ello están las declaraciones de las víctimas, contactos sobre el terreno (que no siempre son fiables) y los comunicados oficiales que son publicados en contadas ocasiones, cuando los muertos no se pueden ocultar. Contadas, porque ninguna junta militar que se precie podría comunicar un reguero de muertes sin fin aparente e insinuar luego que la victoria queda cerca. Esta es una realidad que no dirá ningún otro medio de comunicación: conocer la situación en Mali, Burkina Faso y Níger con un 100% de aciertos es físicamente imposible. Sólo un necio se creería con el conocimiento absoluto de lo que ocurre en un área de 2.7 millones de kilómetros cuadrados y donde la población con acceso a la electricidad es del 53%, 19% y 18%, respectivamente.
Los números suelen ser aproximados. Los atacantes, estimados. Por esto se sabe que el grupo terrorista JNIM atacó la localidad de Boni (Burkina Faso) el pasado 20 de mayo, tomando un campamento militar y asesinando a 7 soldados, mientras las informaciones disponibles señalan que formaban la fuerza atacante entre 250 y 400 hombres. Cien arriba o cien abajo. Todo es caótico y polvoriento. Se comunica que 70 civiles fueron asesinados tras una serie de ataques realizados por el JNIM (sin que se sepa cuántos ataques fueron con exactitud) el 22 de mayo, contra varias localidades del departamento de Séguénéga. ¿Cuántas localidades? ¿Cuáles? Los militares burkineses se niegan a responder las preguntas de los periodistas occidentales y nuevos datos apuntan 80 fallecidos. Puede que sean más. Puede que no. El mismo día, 7 Voluntarios por la Defensa de la Patria (VDP) y 13 civiles fueron asesinados, también por el JNIM, en Partiaga, y varios comercios terminaron saqueados por los atacantes. En ningún lugar aparecen los nombres de quienes dieron su vida por la patria. Tampoco se conoce qué comercios fueron asaltados exactamente, ni las pérdidas económicas que provocaron los terroristas.
Un ataque ocurrido este fin de semana en la región de Bandiagara (Mali) concluyó con la vida de “una veintena” de personas, según el medio francés RFI, que señala igualmente que “las fuentes sospechan que los yihadistas son los autores del ataque mortal”. Números inconcluso y sospechas. Nada queda claro. Y ningún otro medio de relevancia ha comunicado información sobre este ataque hasta la fecha, incluyendo las instituciones malienses.
Preguntar demasiado es peligroso. Cuando el Estado Islámico del Gran Sáhara (EIGS) atacó el 20 de mayo la localidad de Djambala (Níger, próxima a la frontera con Burkina Faso), asesinando a 22 personas, y un grupo de jóvenes se manifestó en Tillabéri para criticar la degradación de la seguridad en la zona desde que los militares obtuvieron el poder en julio de 2023, las autoridades locales dispersaron las quejas con jarabe de palo y desde la capital prosiguió el discurso triunfalista que caracteriza a cualquier gobierno ilegítimo.
Luego, a pie de calle e inmersos en el fragor de las redes sociales, las opiniones sobre la verdadera situación del Sahel son variopintas: los fanáticos de las juntas militares llegan a negar que haya una guerra en curso; sus detractores más feroces hablan de un caos ya reinante en sus territorios. Pero sólo una verdad prevalece para el periodista que ha pisado media docena de conflictos en los últimos años: cuando cualquier Gobierno autoritario del planeta cabalga el corcel de la victoria, su maquinaria de propaganda trabaja a pleno pulmón y rápidamente facilitan el acceso al terreno a los periodistas y observadores que puedan decir, mira, las cosas mejoran, la paz está cerca, hay esperanza, aquí y allá han resultado victoriosas las fuerzas del orden. Cuando existe un hermetismo informativo que roza la paranoia mientras las informaciones se cuelan con cuentagotas por canales no oficiales, podría decirse que la situación “huele mal”.
Prolongación de la transición en Mali y Burkina Faso
Esta niebla informativa contrasta con la rapidez con que se conocen las victorias de las juntas militares contra Francia y Europa. Prueba fehaciente de cómo las victorias son rápidamente compartidas a los cuatro vientos. La última gran noticia anunciada por todos los canales disponibles es aquella que señala que el capitán Ibrahim Traoré, “presidente de la transición” en Burkina Faso, pasó a titularse sencillamente como “presidente” de Burkina Faso. En un giro de los acontecimientos, en el mismo comunicado se informaba de que “la duración de la transición está fijada en 60 meses a partir del 2 de julio de 2024”. Además, según esta nueva Carta de Transición, Traoré podrá presentarse a las elecciones proyectadas a futuro. Podría resultar contradictorio que se hable de un proceso de transición mientras se retira el título de “presidente de la transición” a quien la dirige, pero detalles de este estilo son nimios.
La razón que lleva a esta prolongación de la “transición”, que debería haber concluido el 1 de julio de 2024, radica en la dificultad para celebrar elecciones en un país donde amplias zonas continúan bajo el poder de los grupos terroristas. Lo que no deja de resultar relevante es que el anuncio en Burkina Faso ocurrió quince días después de que la junta militar de Mali extendiera también su periodo de transición, entre dos y cinco años, mientras se anunció al mismo tiempo que Assimi Goita (presidente de la transición de Mali) podría presentarse igualmente a los comicios que se celebrarán en 2026 o 2029.
Debe afirmarse que una mayoría de las poblaciones de ambos países acepta estos cambios con agrado. El apoyo que reciben las juntas es abrumador en las capitales (aunque menor en las zonas más afectadas por el yihadismo armado, donde manifestaciones esporádicas ponen en entredicho la popularidad de las juntas) y fuentes sobre el terreno aseguraron que una turba intentó asaltar el Parlamento de la transición en el momento en que se anunció la prórroga de la transición burkinesa… para exigir que fuera de diez años en lugar de cinco. Así lo expresaba Mamadou Traoré, un joven vendedor de camisetas con residencia en Uagadugú: “sólo los militares pueden hacer frente a los enemigos del Estado. Los gobiernos civiles y corruptos son cómplices de Francia y su único interés queda en el bolsillo”.
Resumiendo: nadie sabe cuánta gente es asesinada en el Sahel, ni cuándo, ni cómo. Pero las juntas militares siguen fuertes en su posición. La población civil aún confía en ellas. Y la niebla informativa se interpreta igualmente como un día soleado cuando se tienen los ojos vendados.