La reforma del subsidio de desempleo que sacó adelante el Ejecutivo el pasado mayo escondía una trampa que va a obligar a miles de parados que cobran la prestación por desempleo no solo a presentar la declaración de la renta , de la que hasta ahora estaban eximidos, sino a saldar unas cuentas con Hacienda que les van a salir a pagar. Lo que Yolanda Díaz, impulsora de esta reforma, califica de «mera obligación documental» se va a traducir, sin embargo, en un recorte de los magros ingresos de alrededor de 100.000 parados, a los que incluso en el caso de recibir del Estado entre 13.000 y 15.000 euros anuales tendrán que pasar la próxima primavera por la ventanilla de María Jesús Montero. Los 'más vulnerables', colectivo al que presuntamente se dirige la acción del Ejecutivo, salen de nuevo perjudicados por unas reformas cuyos 'efectos indeseados' solo pueden ser fruto de la imprevisión o, en el peor de los casos, de la mala fe.
