Con quince minutos de diferencia y en medio de la exigencia de la ciudadanía, la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa informó el pasado 3 de febrero el arresto de cuatro generadores de violencia en dos diligencias distintas que tenían un único objetivo: la localización de 10 trabajadores de la empresa minera Vizsla Silver Corp que habían sido reportados como desaparecidos al menos una semana antes. Aunque dichos arrestos supusieron un avance en las investigaciones, el tiempo se agotó para las autoridades. Tres días más tarde, los cuerpos de diez personas fueron localizados en una fosa clandestina en la localidad El Verde, en el municipio de Concordia, cinco de ellos correspondieron a los mineros desaparecidos, según informó la Fiscalía General de la República (FGR). Si bien la identificación del resto de los cuerpos continúa en curso, la indignación que desató el caso orilló al titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, a pronunciarse sobre el caso y a brindar detalles sobre los detenidos: "Como sabemos, la lucha entre ellos es entre Chapos y Mayos. Entonces, estos sujetos, estos detenidos, son de la célula de Los Chapitos [...] Esas son las primeras declaraciones, vamos a tener más información y, por supuesto, vamos a tener más detenidos al respecto", sentenció el secretario de seguridad durante su intervención en la Mañanera de Pueblo, la conferencia matutina que diariamente encabeza la presidenta Claudia Sheinbaum.Omar García Harfuch abundó que, de acuerdo con los testimonios de los arrestados, los mineros fueron confundidos con integrantes del grupo rival, es decir, de la facción que encabeza Ismael Zambada Sicairos, El Mayito Flaco. El funcionario precisó que las investigaciones continúan en curso, sin embargo, resulta imposible separar a las víctimas de su oficio toda vez que, durante décadas, los yacimientos de oro y plata del sur del estado se han convertido en zonas de interés para el Cártel de Sinaloa que, en su búsqueda por controlar las minas, no solo se han infiltrado en el sector, sino que también han desatado múltiples episodios de violencia. El interés del Cártel de Sinaloa en las minas El calendario marcaba como fecha el 8 de abril de 2015. Aquel día, un comando fuertemente armado arribó a la zona alta de Mocorito en Sinaloa y concretó una ambiciosa misión: el robo de 7 mil onzas de oro con un valor aproximado de 8.4 millones de dólares en la mina El Gallo 1. Reportes de la época refieren que la operación de dicho yacimiento correspondía a la empresa canadiense McEven Mining cuyo propietario, Rob McEwen, se dijo consternado por el robo al asegurar a The Wall Street Journal que tenían conocimiento de los cárteles estaban activos en la región y que tenían buena relación con ellos. Aunque el empresario minero desistió de su declaración, dicho episodio, sumado a una serie de asesinatos que se detonaron meses después exhibieron lo que, hasta entonces, se mantenía como un secreto a voces: la infiltración del Cártel de Sinaloa en el sector minero del estado. De acuerdo con información difundida por el medio local Noroeste, dicho factor responde a una diversificación de las actividades criminales de los cárteles en México, pues más allá del tráfico de drogas, ejercer control sobre los recursos naturales les permite tanto maximizar sus ganancias a través de la extorsión como infiltrarse en la economía legal del país a través del lavado de dinero.En ese sentido, la influencia del Cártel de Sinaloa en las minas del estado no se ha limitado al cobro de cuotas, sino que algunos de sus miembros han llegado a aparecer como concesionarios y a participar directamente en la operación y vigilancia de los yacimientos. Dicha circunstancia tomó forma en el caso de la mina conocida como Nuestra Señora del Rosario la cual, al menos hasta 2015, era operada por la familia Fitch. Entre diciembre de 2014 y noviembre de ese año fueron asesinados en Pánuco, Concordia Óscar Fitch Tovar y sus cuatro hijos: Jorge, Heraclio, Eduardo y Raymundo Fitch Valenzuela.Su vinculación con el sector minero no tardó en destacar en las investigaciones que derivaron para esclarecer los homicidios, no obstante, las alertas se encendieron luego de que trascendiera que el apellido Fitch se encontraba plasmado en la lista negra del Departamento del Tesoro en Estados Unidos.Desde agosto de 2008, el hermano de Óscar, identificado como Fernando Fitch Tovar, fue sancionado por la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) tras ser identificado como colaborador de Rigoberto Gaxiola Medina, uno de los operadores de alto rango deJoaquín El Chapo Guzmán, líder y cofundador del Cártel de Sinaloa. Túneles y minería: el historial criminal de Rigoberto Gaxiola La astucia que El Chapo Guzmán demostró tener para contrabandear cargamentos de drogas a Estados Unidos a través de pasadizos subterráneos lo hizo acreedor a otro de sus alias: El Señor de los Túneles. Aquel método abonó para que el cofundador del Cártel de Sinaloa se convirtiera en objetivo prioritario tanto de autoridades estadounidenses como de la Procuraduría General de la República (PGR), quienes en 2013 pusieron en marcha la "Operación Topo II".Fue durante esa diligencia que autoridades federales lograron desmantelar un "narcotúnel" que conectaba la ciudad fronteriza de Nogales en Sonora, con Arizona. Con 300 metros de largo, 2 de diámetro y acondicionado con rieles y carritos, dicho pasadizo era utilizado para el tráficode drogas de la organización delictiva. "Rigoberto Gaxiola Medina, Rigo, fungía como responsable de la operación del túnel utilizado para el tráfico de mariguana y cocaína, así como el manejo de recursos económicos procedentes de las actividades ilícitas", precisaron autoridades federales sobre el arresto del operador de El Chapo reportado el 10 de septiembre de 2003.Cinco años después de su detención, fue el Departamento del Tesoro el que detalló la importancia operativa que El Rigo tenía para el Cártel de Sinaloa, tanto para el trasiego de drogas pero, en especial, para el lavado de dinero de la organización delictiva. Además de encabezar una organización responsable de la construcción y operación de una red de túneles subterráneos para mover drogas y dinero en efectivo entre México y Estados Unidos, Rigoberto Gaxiola Medina fue vinculado a 14 empresas vinculadas al blanqueamiento de activos del Cártel de Sinaloa a través de distintos sectores como el inmobiliario, transportistas y, por supuesto, el minero. "La red financiera señalada por la acción de hoy está compuesta por empresas en los estados mexicanos de Sonora, Sinaloa y Jalisco, incluyendo: 4 empresas mineras, Minera Río Presidio, S.A. De C.V., MineraLa Castellana y Anexas, S.A. De C.V., Copa de Plata, S.A. De C.V. y Compañía Minera Del Río Cianury, S.A. De C.V.; una concesionaria de automóviles, Distribuidora Gran Auto, S.A. De C.V.; y un gimnasio privado, Bioesport, S.A. De C.V.", informó el Departamento del Tesoro. La dependencia estadounidense señaló que, pese a ser arrestado en 2003, la red de lavado de dinero de El Rigo continuó operando a través de sus colaboradores entre los que destacaron miembros de su familia como su esposa, María Del Rosario García Durán, y sus hijos e hija: Rigoberto, Carlos y María Elena Gaxiola García. En total, otras 17 personas fueron sancionadas junto al operador de El Chapo por la OFAC, incluyendo el empresario minero José Manuel Fitch Tovar, quien figura dentro del entramado de lavado de dinero de El Rigo como un socio comercial clave. La pugna por el control de las minas Desde hace dos décadas, la historia de El Rigo ejemplificó la infiltración del Cártel de Sinaloa en el sector minero del estado, no obstante, años después diversos episodios violentos también exhibieron el interés que algunas de las facciones de la organización delictiva tienen por controlar los yacimientos. De acuerdo con una investigación periodística realizada por Noroeste, ha sido durante las fracturas que ha atravesado la organización delictiva cuando se ha disparado la violencia en zonas mineras en Sinaloa. Por ejemplo, pese a que la sierra se convirtió en un campo de guerra para el Cártel de Sinaloa y el de los Beltrán Leyva en 2008, la minería no dejó de producir y maximizó sus ganancias.Una situación similar se suscitó en 2017 cuando, tras el arresto y extradición de Joaquín Guzmán Loera, sus hijos y Los Dámaso se involucaron en una cruenta disputa que desató jornadas de violencia por el control de territorios, incluyendo aquellos en donde abundan los yacimientos de minerales como Concordia. En ese sentido, la violencia en contra de mineros se presenta como un síntoma más de la disputa que grupos criminales tienen, toda vez que no solo pelean el control de la organización delictiva, sino también todas aquellas economías y actividades que mantienen sus finanzas y garantizan su supervivencia.ATJ
