La acusación contra Begoña Gómez fue apuntalada con las investigaciones del Senado y la Asamblea de Madrid
Las comisiones de investigación del 'caso Koldo' en el Senado y en la Asamblea de Madrid sobre la cátedra de Begoña Gómez han servido para apuntalar las acusaciones por tráfico de influencias y otros delitos contra la mujer del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
Así se recoge en uno de los últimos tomos de la investigación que sobre la esposa de Sánchez ha instruido en el último año el juez Juan Carlos Peinado, titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid.
De acuerdo con el 'Tomo IXXX' de este sumario, al que ha tenido acceso Servimedia, a la investigación judicial sobre las actividades profesionales de Begoña Gómez ha contribuido la incorporación de testimonios recabados en las comisiones de investigación relacionadas con este proceso. Estas han sido la referida al 'caso Koldo' del Senado, que todavía sigue, y la de la Asamblea de Madrid sobre la cátedra de Transformación Social Corporativa (TSC), que terminó en mayo de 2025.
El instructor ha integrado transcripciones de algunas de las comparecencias parlamentarias como "documentación probatoria administrativa" para sustentar los indicios de tráfico de influencias y malversación.
El conjunto de las diligencias concluyó el pasado 22 de abril, cuando el juez Peinado dictó un auto, en el que reafirma su decisión de someter a un juicio por jurado a Begoña Gómez, su asesora en La Moncloa María Cristina y el empresario Juan Carlos Barrabés. El magistrado les atribuye los delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios en el sector privado, malversación de caudales públicos y apropiación indebida.
Contrataciones "nulas"
Como se recoge en el el 'Tomo IXXX' del procedimiento, la instrucción judicial ha utilizado las comparecencias parlamentarias en el Senado y en la Asamblea de Madrid. Estos interrogatorios se han empleado para contrastar las versiones de los implicados frente a lo declarado bajo juramento en sede judicial, identificando contradicciones clave sobre la gestión de la cátedra de TSC, que codirigió Begoña Gómez.
En la Asamblea de Madrid, el hito principal tuvo lugar el 13 de noviembre de 2024, cuando el rector de la Universidad Complutense (UCM), Joaquín Goyache Goñi, confirmó que en julio de 2020 se desplazó al Palacio de la Moncloa para reunirse a solas con Gómez tras recibir una llamada de su secretaria. El compareciente admitió que, aunque no conocía personalmente a la investigada, acudió a la residencia oficial para tratar proyectos universitarios.
En esa misma jornada parlamentaria, la propia esposa de Sánchez se acogió a su derecho a no declarar por consejo de su abogado, alegando que la comisión tenía un "objetivo político". No obstante, previamente manifestó que su vida profesional se ha desarrollado siempre "dentro de la ley" y con esfuerzo, rechazando las acusaciones de trato de favor por su condición conyugal.
Especial relevancia para el magistrado tuvo la declaración de la interventora de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) María Elvira Gutiérrez-Vierna, quien también el 13 de noviembre de 2024 calificó ante la Asamblea como "nulas de pleno derecho" determinadas contrataciones vinculadas al software de la cátedra. Según esta funcionaria, se omitió la fiscalización previa obligatoria en contratos que superaban los umbrales legales, lo que refuerza la tesis de la acusación sobre el uso irregular de fondos.
La actividad en la Asamblea de Madrid continuó el 12 de febrero de 2025 con comparecencias de directivos vinculados al proyecto. Isabel García-Lomas Drake, del Grupo Barrabés, detalló que la asesora de Begoña Gómez en La Moncloa, Cristina Álvarez, actuaba de facto como secretaria de la esposa del presidente y participaba físicamente en reuniones de diseño en la residencia oficial.
En la misma fecha, directivos de tecnológicas como Amado Ramos Guillén (Indra) y José Antonio Martínez Aguilar (Making Science) informaron sobre sus aportaciones al proyecto. Martínez Aguilar confirmó un pago de 24.200 euros de la UCM por trabajos en la plataforma, mientras que el responsable de Indra señaló que Gómez participaba personalmente en las reuniones de seguimiento técnico.
Wakalua y los Hidalgo
Además, el 5 de junio de 2024, la exdirectora de Wakalua, Leticia Lauffer, compareció en la comisión sobre el 'caso Koldo' del Senado para explicar su relación con la investigada. Lauffer reconoció encuentros con Gómez y el empresario Javier Hidalgo (Globalia), aunque negó que el ente se creara exclusivamente para acercarse a la esposa del presidente.
Paralelamente, el 4 de diciembre de 2025, el ministro de Justicia, Presidencia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, fue interpelado en el Senado sobre el papel de la asesora Cristina Álvarez. El expediente judicial rastrea cómo Álvarez utilizó presuntamente su cuenta institucional de Presidencia para gestionar patrocinios con empresas como Google o Reale Seguros, proyectando una imagen de oficialidad sobre los negocios privados de Gómez.
El apuntalamiento definitivo de la causa, según los autos del juez Peinado, proviene del testimonio judicial de Juan Carlos Doadrio, exvicerrector de la UCM. Este exalto cargo declaró que el rector Goyache le dijo textualmente: "Tengo que crear una cátedra para Begoña Gómez, la mujer del presidente". Además, subrayó ante el instructor la "inusual rapidez" con la que se tramitó el convenio para este puesto y que "parecía que ya estaba todo preparado".
La instrucción incluye también la presunta apropiación indebida de un activo tecnológico valorado en más de 100.000 euros, sufragado en parte con fondos universitarios. El sumario detalla que Gómez registró a su nombre tanto la marca "TSC" como el dominio web de la plataforma, que posteriormente fue transferido a su sociedad privada, Transforma TSC.
