La realidad de las 600 narcolanchas que los capos de la droga usan como armas contra la Guardia Civil en Andalucía
A mediados de noviembre de 2024, Rafael Sánchez (Jerez de la Frontera, 1980) salió a patrullar como el resto de días. Enfundado en su traje de la Guardia Civil, se montó junto a sus compañeros en una embarcación del Instituto Armado para vigilar la desembocadura del Río Guadalquivir, uno de los puntos más calientes del narcotráfico en el sur de la Península. A lo lejos, los agentes divisaron cinco narcolanchas cargadas de hachís que venían hacia ellos. Cuatro viraron a la derecha, «como marca la ley marítima» para evitar accidentes, explica a LA RAZÓN desde la playa de Chiclana de la Frontera. Pero una de ellas decidió saltarse la norma y fue directamente a por los guardias. «Vi la muerte», afirma mientras pone la vista en las olas, que rompen mansas. A 130 kilómetros por hora sobre el agua, el resultado del «accidente laboral, como algunos políticos lo llaman ahora», fue una lesión en la vértebra L5-S1 que no le ha permitido trabajar desde entonces. Este pasado jueves pasó el tribunal médico que debe valorar si está incapacitado para volver a prestar servicio vestido de verde. Quiere dedicarse a la abogacía, «no precisamente para defender a narcotraficantes», bromea.
La de Sánchez es una de las cientos de agresiones, físicas y verbales, que sufren los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en su día a día en la lucha contra la entrada de droga. Al menos él lo puede contar. En los últimos dos años, cuatro guardias civiles han perdido la vida mientras se enfrentaban a las «gomas», como se les llama a estas embarcaciones ilegales que pueden alcanzar los 15 metros de largo, los 500 caballos de potencia y preparadas para llevar hasta 5.000 kilos de droga de una tacada. En febrero de 2024, Miguel Ángel González y David Pérez fueron arrollados repetidas veces en el puerto de Barbate por una de estas naves rápidas hasta causarles la muerte. Otro guardia terminó con heridas de gravedad. Las narcolanchas, cuando no embisten, son cuchillas que surcan las olas con el objetivo de quitar del mapa a algún guardia civil.
Aunque la droga nunca se va, los problemas de la Benemérita para enfrentarse a los narcos se han vuelto a poner de manifiesto hace una semana. En Huelva –hacia donde se ha desplazado la entrada de los fardos gracias a la presión policial–, dos embarcaciones del Servicio Marítimo perseguían a una motora. Eran una Aister HS60, la más moderna y rápida con la que cuentan los agentes, y una narcolancha incautada. Durante la persecución, las dos chocaron, provocando el fallecimiento de Germán Pérez y Jerónimo Jiménez. En estos momentos hay una investigación interna para dilucidar lo ocurrido, y un juzgado tiene abierta la vía penal, pero los agentes lo tienen claro. «El piloto hizo una maniobra evasiva para generar olas, que nuestra embarcación saltase y chocasen. De accidente laboral nada de nada», resume el portavoz de Jucil en Cádiz, Agustín Jiménez. Los otros dos muertos por narcolanchas fueron un militar de la Guardia Nacional Republicana (GNR) de Portugal en octubre del año pasado, y un menor de nueve años en 2018. Era el hijo de un importante narcotraficante, y una «goma» lo arrolló cuando estaba en una embarcación de recreo. Provocó un cisma entre distintos clanes de Cádiz.
Habla Rafael Sánchez, el agente que sobrevivió al impacto de una «goma» a 130 kilómetros por hora. «El problema es que estamos atados de pies y manos legislativamente. Lo único que podemos hacer es perseguirlos y darles el alto, pero ellos no se van a parar. Es imposible abordarlas, tenemos que esperar a que se les rompa un motor». Los agentes reclaman al Ministerio del Interior «seguridad jurídica» para poder disparar a los motores de las narcolanchas para detenerlas, pero el departamento de Fernando Grande-Marlaska «no quiere ni oír hablar de ello», explican mandos policiales. Hace un año, se planteó la posibilidad de desarrollar una norma para actuar de esta manera. Fue en una mesa de coordinación regional del Plan Especial del Campo de Gibraltar, activo desde 2018, pero el entonces secretario de Estado de Seguridad, Rafael Pérez, lo rechazó porque «la sociedad no lo entendería». El problema es que el fondo de las embarcaciones de la droga son un enorme depósito de gasolina, donde caben hasta 1.500 litros de combustible. «Un simple chispazo las haría saltar por los aires», resume el portavoz de Jucil, Agustín Jiménez. La imagen de barcas explosionando es una foto que Interior no puede permitirse.
Chiclana, centro del petaqueo
En los últimos años, la Fiscalía Antidroga ha puesto el foco en el fenómeno del «petaqueo», una actividad fundamental para el narcotráfico. Se trata de pequeños barcos que parten de la costa hacia mar adentro, en busca de las narcolanchas que fondean a unas 10 o 15 millas náuticas. Van allí a abastecer de gasolina, ya que los motores fueraborda de cientos de caballos no se apagan nunca, a la espera del momento perfecto para ir a recoger la mercancía de naves nodrizas y meterla en las playas gaditanas.
Chiclana de la Frontera, donde se realiza este reportaje, se ha convertido en un punto clave de estos trabajos. El jueves, la Guardia Civil se hizo con cientos de garrafas a bordo de varias naves. Este municipio de Cádiz se levanta sobre varios humedales. En ellos se producen varios caños que salen del principal, el de Sancti-Petri. Un laberinto donde perderse es lo primero que hace un recién aterrizado. «Los tienen estudiados, saben por dónde tienen que tirar para ir sacando la droga», explica Jiménez. Junto a lo sinuoso del terreno, la vegetación hace el resto para dar cobertura a los narcos. Las cañas hacen imposible ver qué hay detrás de ellas. «Podría haber una «goma» ahí mismo y nosotros no verla. Las escuchamos, pero es imposible encontrarlas», sigue el agente de la Guardia Civil, natural de Chiclana y conocedor a la perfección de la situación. El dron de LA RAZÓN, por suerte, verifica que no hay moros en la costa. Estas aeronaves no tripuladas son otras de las reclamaciones que piden los guardias de la zona, precisamente, para localizar las lanchas.
Durante el último temporal que azotó Chiclana, los expertos pudieron hacer un censo no oficial del número de «go fast» que hay en el municipio, unas 100 activas. El último informe del Departamento de Seguridad Nacional, gracias a los trabajos de la Armada, calcula que existen unas 600 operando en la «vía atlántica» de la droga, que incluye las Islas Canarias. Pero la mayoría están en el Estrecho de Gibraltar. Su prohibición en 2018, así como los trabajos policiales, han obligado a los narcos a refugiarse en las costas de Marruecos o en las aguas internacionales que separan ambos países. Menos de 14 kilómetros en su punto más cercano que tardan minutos en recorrer. El mismo documento abunda en el aumento de la violencia por parte de las organizaciones, usando habitualmente armas de guerra o las propias narcolanchas contra los agentes de la Guardia Civil.