El ministro de Justicia, Félix Bolaños, ha dado nombre a una ley que ha convertido en caos lo que hasta ahora era un grave problema de gestión de los tribunales . El Gobierno siempre es capaz de empeorar lo que está mal, en este caso a través de una ley que paradójicamente se llama «de medidas en materia de eficiencia procesal del servicio público de Justicia». Los retrasos en los pleitos son de tal naturaleza que hacen inviable un tutela judicial digna de ser llamada efectiva. El desánimo de jueces, secretarios, abogados, procuradores y fiscales, sobre todo en capitales y grandes ciudades, inunda el ambiente de los palacios de justicia. Y en las causas del colapso judicial destaca la crisis de las antiguas oficinas judiciales, que estaban formadas por funcionarios a las órdenes del letrado de la Administración de Justicia y al servicio del juzgado. Ahora, su desaparición para crear unos servicios comunes ha provocado un bloqueo de las nuevas plantillas, como bien anuncian los carteles que algunos juzgados colocan en sus puertas. La eliminación de las RPT (relaciones de puestos de trabajo) ya consolidadas para crear las que exigen los nuevos tribunales de instancia se está traduciendo en la existencia de miles de funcionarios interinos –se calcula que unos 5.000– que han estabilizado su puesto tras aprobar los procesos internos, pero que carecen de plaza adjudicada. La respuesta del Gobierno a una pregunta parlamentaria del Partido Popular sobre la cuestión no tiene desperdicio. Reconoce que las nuevas RPT no han permitido conocer las vacantes existentes hasta el 31 de diciembre de 2025, lo cual es responsabilidad directa de quien diseñó que la transformación radical de la organización judicial debía hacerse en un año. También se escuda el Gobierno en que tiene que coordinarse con las comunidades autónomas, coordinación que se tenía que haber planteado y cerrado antes de que se aprobara la sedicente ley de eficiencia procesal. El Gobierno optó por imponerla sin negociar con nadie, solo con los socios habituales en sus campañas contra la Justicia. Y a los aprobados les toca esperar, porque los que superaron las oposiciones en 2023 no tendrán plaza hasta julio de este año; y la oferta de plazas para los que aprobaron en 2024 empezará en septiembre. Hay que confiar en que estos plazos no acaben como los procesales. Por supuesto, la conclusión del Gobierno es que «no ha existido parálisis en los procesos selectivos señalados», todo un alarde del voluntarismo genético del Ejecutivo de Pedro Sánchez. Podría citarse también que hay miles de opositores que aprobaron en 2024 las oposiciones al Cuerpo de Gestión Civil del Estado y que están cobrando por encima de los mil euros mensuales sin trabajar, no porque no quieran, sino porque el Ministerio de Función Pública no ha hecho sus deberes. Entre el personal funcionario que no llega y el que está ahora absorbido por el proceso de regularización de extranjeros, el colapso domina redes públicas como las de la Seguridad Social y las oficinas de extranjería, entre otras. Para lo que siempre hay diligencia es el crecimiento imparable de asesores de La Moncloa, sin problemas de presupuesto, ni de relaciones de puestos de trabajo, que superaban los 600 a principios de año. Este doble rasero es ofensivo para los ciudadanos.
