Condenan a 5 años de prisión a coronel de la PNP que pidió S/10.000 para ejecutar desalojo en Ate Vitarte
El Poder Judicial condenó a cinco años de prisión efectiva al coronel de la Policía Nacional (PNP), Nilo Poma, por solicitar S/10.000 para ejecutar un desalojo en Ate Vitarte. La medida fue impuesta a pedido de La Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios (Primer Despacho) de Lima Este, por los hechos ilícitos que el agente realizó cuando era comandante y ocupaba el cargo de comisario en este distrito, entre septiembre de 2021 y febrero de 2022.
La sanción contra el agente también abarca cinco años de inhabilitación para ejercer cualquier cargo público, así como el pago de una reparación civil de S/20.000 a favor del Estado peruano, según informó el Ministerio Público.
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Policía abusó de su poder
De acuerdo con los hechos comprobados durante el juicio oral, Poma solicitó inicialmente S/20.000 a la presidenta de una asociación de viviendas para brindar apoyo policial necesario en una diligencia de defensa posesoria extrajudicial (desalojo). Aseguró que era para “motivar” al personal bajo su mando.
La fiscal adjunta provincial Jennifer León Torres presentó como pruebas audios en los que se escucha al oficial negociar el pago y reducir sus pretensiones a S/10.000. Además, se comprobó que el uniformado obstaculizó el desalojo mediante informes que cuestionaban la admisibilidad del pedido y solo cedió ante órdenes superiores de la Región Policial Lima.
Ordenan su captura
La condena contra Poma se da por el delito de cohecho pasivo impropio en el ejercicio de la función policial, a pedido de la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios (Primer Despacho) de Lima Este.
Como parte de la sentencia, se dispuso órdenes de captura a nivel nacional contra el efectivo, a fin de que sea capturado e internado en un establecimiento penitenciario para el cumplimiento efectivo de la pena.
Ratifican lucha contra la corrupción
Tras dar a conocer la sanción, el Ministerio Público reafirmó su compromiso de combatir la corrupción en todas las esferas del Estado, garantizando que el mal actuar de los funcionarios públicos sea sancionado conforme a ley para preservar la integridad de las instituciones y la confianza de la ciudadanía.
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