El «abandono» institucional ahoga a la Justicia del sur
El «abandono» del Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes ha avocado a una situación de «colapso» en los juzgados del sur. Los jueces de la costa andaluza han aprendido demasiado pronto que combatir el narcotráfico no es solo perseguir delitos: es sobrevivir a una maquinaria judicial exhausta o, como ellos mismos definen, con una «estructura judicial propia del siglo XIX». Porque mientras que las narcolanchas siguen entrando por el Estrecho, causando la muerte de guardias civiles, y expandiéndose en una estructura de delincuencia cada vez más sofisticada, la Justicia se «ahoga» ante la falta de actuación del siguiente escalafón jerárquico.
Hace ya dos años que la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), tras el fallecimiento de dos guardias civiles en Barbate, reflejó en un informe elevado al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) una radiografía desmenuzada de la situación «limite» y de «deterioro» en la que operaban los juristas del sur occidental. Lo hicieron, según justificaron, para «evitar que se quebrara el Estado de Derecho en España y se consolidara una «rémora inasumible que impidiese al Gobierno cumplir su función» como garante de la seguridad jurídica.
El Servicio de Inspección del CGPJ respaldó entonces las pretensiones de los jueces y reconoció la necesidad de adoptar «de forma urgente medidas extraordinarias de reorganización de los medos personales y materiales» de las provincias de Cádiz y Huelva para «alcanzar una mayor eficiencia en la instrucción y enjuiciamiento de todos los delitos vinculados al narcotráfico». Pero pese al estruendo de las promesas y al desfile de informes sobre mesas oficiales, en los juzgados del sur el tiempo sigue detenido y el narcotráfico avanza con mayor impunidad.
Este periódico ya alertó la semana pasada de que, a fecha de mayo de este año, [[LINK:INTERNO|||Article|||6a037ad96ab9b0e4f3c1cc47|||las medidas planteadas o no se cumplieron o sólo se ejecutaron de «manera parcial».]] En concreto, de las ocho iniciativas planteadas hace dos años, cuatro ni se han escuchado ni se han aplicado y en otras cuatro se ha avanzado algo, aunque de forma «insuficiente».
La principal reclamación de los jueces era clara: que la Audiencia Nacional asumiera las grandes causas de narcotráfico y blanqueo vinculadas a organizaciones criminales, independientemente de dónde actuaran. Esta propuesta requería de la modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Pero ni se puso en marcha ni parece que haya intenciones para ello, a pesar de que la propia Audiencia Nacional alzó la voz el pasado martes para reclamarlo. Y no hay señal más clara de un «abandono» institucional que los propios órganos judiciales respalden las peticiones de quienes ejecutan el trabajo diario.
Los juristas también reclamaron una reforma urgente de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para abandonar el «caduco» modelo de recursos contemplado actualmente en el artículo 766 que posibilita cuestionar de forma duplicada la misma decisión durante la fase de instrucción de las causas penales. Es decir, pretendían evitar que los jueces se vean llamados a revisar sus propias resoluciones a través de impugnaciones no devolutivas que lo único que hacen es retrasar el devenir de la investigación judicial. Esta reforma ni se ha aplicado ni ha habido si quiera una previsión de hacerlo. El atasco se convierte así en un aliado involuntario de los clanes.
La tercera gran medida olvidada por el Ministerio de Justicia y ni siquiera debatida fue la creación de incentivos económicos y complementos de peligrosidad para los jueces destinados en zonas especialmente conflictivas. Se trataba de una cuestión que requiere la modificación legislativa de la Ley 15/2003 reguladora del régimen retributivo de las carreras judicial y fiscal, pero que era necesaria para paliar la movilidad de los jueces que sirven en dichas plazas derivada de las situaciones de «intimidación, coacciones y amenazas» que enfrentan.
Quizá la medida más grave que no se ha puesto en marcha sea la que requería de «urgencia» una actuación inmediata de las administraciones implicadas (CGPJ, Ministerio de Justicia y Administración autonómica) para dotar de los medios personales y materiales suficientes. Y no se ha llevado a cabo, según explican los juristas consultados, por la «falta de voluntad común para alcanzar una acuerdo».
Una falta de voluntad que se traduce en un abandono institucional para poder combatir verdaderas estructuras criminales. Ni siquiera la implantación de los nuevos tribunales de instancia –una de las pocas medidas parcialmente ejecutadas– ha venido acompañada de la inversión necesaria. Y tampoco el reclamo de ampliar el número de funcionarios judiciales, medios policiales o comisiones de servicio, que sí han sido las únicas pautas escuchadas, han actuado como un salvavidas judicial. Los juristas lo tienen claro: las instituciones responsables desoyen sus propuestas y necesidades, y los narcos se aprovechan de ello.