La actitud desatada por el Gobierno contra los jueces al haberse propuesto el procesamiento de la esposa de su presidente resulta completamente inadmisible, máxime cuando es orquestada principalmente por el ministro de Justicia. Perdido el respeto institucional, resulta absolutamente intolerable que un poder del Estado arremeta contra otro sólo por el hecho de no estar de acuerdo, lejos de permitir que los mismos transiten serenamente por lo que marcan sus competencias. Los jueces están precisamente para determinar la culpabilidad o inocencia de las personas sin distinción y las acciones que se imputan a la señora en cuestión tienen una apariencia delictual de especial trascendencia. El Estado de Derecho se asienta en la separación de poderes. El Ejecutivo parece hacer caso...
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