Puigdemont en alerta: el TJUE resolverá sobre la amnistía el 16 de julio

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) resolverá el próximo 16 de julio las cuestiones prejudiciales planteadas por el Tribunal de Cuentas y la Audiencia Nacional, a instancias de Sociedad Civil Catalana y la Asociación Catalana de Víctimas de Organizaciones Terroristas (Acvot) en relación con la Ley de Amnistía. Así lo han confirmado fuentes de la corte de Luxemburgo.

La decisión -que puede precipitar el regreso de Carles Puigdemont, pues una vez hable la Justicia europea el Tribunal Constitucional resolverá con rapidez el recurso de amparo del expresident contra la negativa del Supremo a amnistiarle- se conocerá por tanto un año después de la vista celebrada en la sede del TJUE. Allí, los magistrados de la corte europea escucharon los argumentos tanto de las dos asociaciones citadas como de la Fiscalía de la Audiencia Nacional, el representante de la Comisión Europea y del abogado general de la UE.

Precisamente el abogado general de la UE, Dean Spielmann -cuyo posicionamiento suele anticipar habitualmente el sentido de la resolución del TJUE-, allanó el camino de la amnistía al descartar que se trate de una "autoamnistía", que afecte a los intereses financieros de la Unión y que violente la directiva europea contra el terrorismo.

El abogado general allanó el camino a la amnistía

Y es que las principales dudas planteadas por los dos tribunales españoles hacen referencia a la posibilidad de amnistiar a la treintena de ex altos cargos de la Generalitat encausados por el Tribunal de Cuentas por el supuesto desvío de más de tres millones de euros para financiar el "procés" y por el hecho de que la medida de gracia beneficie también a los miembros de los CDR (Comités de Defensa de la República) procesados por delitos de terrorismo.

Sus únicos reparos se centraban en el plazo máximo de dos meses para aplicar la polémica ley, al levantamiento automático de las medidas cautelares y a que solo se escuchase a la Fiscalía y a los perjudicados directos antes de aplicar la norma, y no al resto de las partes.

En cuanto a la amnistía de delitos de terrorismo, el abogado general descartó que la ley sea contraria a la directiva europea, al entender que no le priva "de su plena eficacia", pues solo aprecia una "desactivación" parcial y temporal de sus efectos, al extinguir la responsabilidad penal "por ciertos hechos determinados, limitados en el tiempo y por su naturaleza", sin afectar a la aplicación general de la directiva contra el terrorismo.

Por contra, el representante de la Comisión Europea alertó a la corte de Luxemburgo de que la medida de gracia enmascaró una autoamnistía para «blindar» a los socios independentistas de Pedro Sánchez a cambio de los votos necesarios para su investidura, por lo que concluyó que la norma "no es compatible" con los valores de la Unión Europea.

Frente común de la Fiscalía y la defensa de Puigdemont

En la vista celebrada el 14 de julio del pasado año en Luxemburgo, defensas de los encausados en el Tribunal de Cuentas y de los CDR coincidieron con la Fiscalía y la Abogacía del Estado (que representó los intereses del Gobierno) en que la amnistía no vulnera el principio de igualdad porque no se amnistía solo a políticos independentistas, sino también a policías (73, según la Fiscalía).

Gonzalo Boye, abogado de Puigdemont defendió que la Ley de Amnistía "no es una amenaza para Europa" pues persigue "pacificar un conflicto" y "reparar fracturas". "Aquí no ha habido crímenes de ningún tipo. Solo hubo urnas", dijo.

Por su parte, el fiscal jefe del Tribunal de Cuentas, Manuel Martín Granizo, insistió en que "no se vieron afectados los fondos de la UE, ni siquiera fondos españoles". Secundado por la abogada del Estado, quien hizo suya la valoración del Tribunal Supremo en la sentencia del "procés": la independencia fue «una ensoñación» que no puso en peligro los fondos comunitarios.

También en defensa de la amnistía, la teniente fiscal de la Audiencia Nacional, Marta Durántez, incidió en que la ley busca la "reconciliación" a través de "la normalización institucional, social y política en Cataluña", haciendo hincapié en que no hay riesgo de que la ley se aplique a más procedimientos terroristas.

Sociedad Civil Catalana y Acvot, en contra

Mientras, el abogado de Sociedad Civil Catalana (SCC), Juan Chapapría, denunció la "desigualdad ante la ley" que supone la aplicación de la amnistía, porque en su opinión "erosiona la confianza legítima de los ciudadanos" en la Justicia y "pone en riesgo" la efectividad del Derecho europeo. Según puso de relieve en su intervención, se trató de un "pacto político" entre el Gobierno y sus socios independentistas a cambio de los votos necesarios para la investidura de Pedro Sánchez.

"Me da pánico el antecedente que pueda suponer esta sentencia para el futuro de Europa", advirtió el letrado de la Asociación Catalana de Víctimas de Organizaciones Terroristas (Acvot), José María Fuster Fabra, para quien "el terrorismo no se puede amnistiar". El abogado rebatió la previsión de la ley de amnistiar delitos de terrorismo salvo cuando implica graves violaciones de derechos humanos. "Todo terrorismo es contrario a los derechos humanos", recalcó Fuster-Fabra, para quien la ley fue aprobada por el Gobierno "en interés propio".