La frontera invisible de los 1.317 muertos
El eco que dejan las cifras cuando hablamos de inmigrantes muertos tratando de llegar a nuestro país apenas dura unos segundos. Si no se les pone rostro parece que no existen y si, además, los datos de llegadas irregulares a Canarias hablan de una caída drástica, como ha ocurrido este año, parecería que el «problema» está en vías de solución. Pero nada más lejos de la realidad. Los muertos siguen siendo demasiados, en concreto, en los primeros cinco meses de este año, 1.317 personas han perdido la vida o han desaparecido frente a nuestras costas.
Esta semana, gracias a la visita del Papa, la desgracia que rodea al fenómeno migratorio ha ocupado el debate público y ha atravesado la barrera del ruido y la instrumentalización política que la hace aún más insoportable.
Gracias a la ONG «Caminando Fronteras», hemos conocido la cartografía de unas rutas marítimas que acaban convertidas en fosas abiertas. Canarias, el Estrecho, Alborán y Baleares han sido la tumba para 1.317 migrantes, un 42 por ciento de los 3.090 fallecidos en todo 2025, según la misma organización humanitaria.
Más letalidad
La cifra se distribuye en un mapa que es cada vez más letal: 635 víctimas en la ruta atlántica hacia Canarias, 507 en la ruta argelina hacia Baleares, 99 en el Estrecho de Gibraltar, 28 en el mar de Alborán y 48 en los cruces de la valla de Ceuta. El informe dado a conocer el miércoles añade además la desaparición de 27 embarcaciones completas, sin supervivientes ni posibilidad de identificación posterior. Entre las víctimas contabilizadas figuran 142 mujeres y 129 menores, un dato que pone de manifiesto lo transversal del fenómeno migratorio en el Mediterráneo occidental y el Atlántico.
Es verdad que, pese al descenso de las llegadas en más del 70%, la ruta canaria sigue siendo la más mortífera en términos absolutos. Y es que las muertes no obedecen a tendencias cuantitativas. Según señala «Caminando Fronteras», la letalidad ha aumentado, situando el riesgo de fallecimiento en niveles más altos por cada embarcación que intenta el cruce.
En la ruta argelina hacia Baleares, el informe registra un aumento significativo de víctimas, con más de 500 fallecidos en cinco meses y un incremento superior al 50% respecto al mismo periodo del año anterior. En el Estrecho, las muertes casi se duplican, mientras que en Alborán pasan de cifras residuales a 28 fallecidos en el mismo periodo. En paralelo a estos datos, la ONG atribuye la mortalidad a una combinación de factores estructurales: insuficiencia de medios de búsqueda y rescate, coordinación irregular entre Estados, retrasos en la respuesta ante alertas y uso de embarcaciones precarias. El documento sostiene que estas condiciones prolongan el tiempo de exposición al riesgo y aumentan la probabilidad de naufragio.
Helena Maleno, portavoz de la organización, se ha referido tras la publicación del informe en una entrevista con Efe a lo que califica de «macrodesapariciones». La ausencia de restos lleva adosada una imposibilidad de duelo para la familia cuya vida se parte por la mitad y una serie de complejidades administrativas ante la falta de certificación de la muerte que empeora notablemente el trance. Sin cuerpo no hay certificado y sin certificado no hay viudedad, ni orfandad, ni cierre legal.
Esta semana que quedará grabada en la retina del mundo por la atención que le ha dedicado León XIV a los que se ven obligados a embarcarse en una aventura de dudoso éxito, ha entrado en vigor el nuevo Pacto Europeo de Migración y Asilo. Asociaciones como Amnistía Internacional, Cáritas, la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), Red Acoge, Oxfam Intermón y el Servicio Jesuita a Migrantes han expresado su preocupación por lo que consideran un giro estructural hacia procedimientos más rápidos, pero también menos garantistas. Temen que el examen individualizado de las solicitudes de asilo quede debilitado y que el sistema derive en una normalización de los centros cerrados y de las detenciones, incluso para menores y personas vulnerables.
Un panorama poco esperanzador pero que se suma a la regularización masiva de medio millón de inmigrantes sin papeles aprobada por el Congreso. Una iniciativa acogida con entusiasmo por lo que llevan años trabajando y buscándose la vida con pocos derechos pero que también está demostrando unas carencias que pagan los más vulnerables de la cadena.
Según varios migrantes en proceso de regularización contactados por LA RAZÓN, los problemas a los que se enfrentan tienen que ver con la dificultad del empadronamiento y los precios desquiciados de la vivienda. Es el caso de Sedyne, originario de Senegal, quien explica cómo algunos desaprensivos sacan tajada de la situación. «Como muchos caseros se niegan a facilitar el padrón a sus inquilinos, hay gente pagando hasta 800 euros por conseguir el justificante que les deje avanzar con sus papeles». Y a eso se le suma el alquiler que les cobran por una habitación. «Yo conozco a cuatro chicos que comparten una habitación muy pequeña en Embajadores por la que paga cada uno 100 euros», sigue este joven que lleva en España más de una década. Cuenta que, de momento, solo han notado que el Papa ha pasado por Madrid porque durante tres días los «manteros» pudieron vender en paz, sin correr y sin miedo a que nadie les pidiera unos papeles que (aún) no tienen.