¿Qué fue primero, la judicialización de la política o la politización de la Justicia ? El Gobierno, asediado por los múltiples frentes que tiene abiertos en los tribunales, ha vuelto a la carga contra la acusación popular, impulsora de algunos de los casos que más preocupan al PSOE o que han abocado al banquillo al entorno familiar de Pedro Sánchez. El partido presentó a principios de 2025 una proposición de ley orgánica para embridar esta figura jurídica en las causas penales . Meses después, el propio Ejecutivo tomó la iniciativa y remitió a las Cortes la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LeCrim) que incluía la prohibición a partidos políticos, asociaciones dependientes de ellos, sindicatos y empresas públicas de ejercer este papel, es decir, que puedan personarse en un proceso sin ser el perjudicado, con el objetivo de defender intereses públicos. Ambas iniciativas siguen varadas en el Congreso de los Diputados. En su exposición, los socialistas argumentaban la necesidad de maniatar a la acusación popular para contrarrestar el «uso abusivo» que se estaba haciendo de esta herramienta para «atacar a sectores sociales no afines y a adversarios políticos». Recogió el testigo de esta demonización el propio ministro de Justicia, Félix Bolaños, que el martes en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros urgió a que se apruebe ya en el Congreso, donde lleva meses paralizada, para evitar el «uso espurio» y «antidemocrático» que hacen «organizaciones de ultraderecha persiguiendo a progresistas solo por serlo». Al calor de la coincidencia demoscópica que a principios de semana alumbraba un cuestionamiento mayoritario de la independencia de la Justicia por parte de los españoles, en Moncloa han recuperado esta legislación para responsabilizar del calvario judicial —en el que se encuentran inmersos— a los partidos de la oposición, asegurando que «PP y Vox intentan sacar rédito» para judicializar la política «con querellas contra personas por ser progresistas o familia de progresistas». «Genera una presión enorme a la Justicia y afecta a su buen nombre», señaló Bolaños, que evitó cualquier autocrítica sobre la contribución gubernamental a este clima de desprestigio judicial. Fue el propio presidente del Gobierno quien en una entrevista abrió la veda del ataque a los jueces, acusando a «algunos de hacer política» y en fechas más recientes, el ministro de Transportes, Óscar Puente, censuró que se estén utilizando «métodos no democráticos» para «derribar al Gobierno». Lo cierto es que en esta cuestión, como en otras, el Gobierno está atrapado en una contradicción. Mientras busca desactivar la acción popular legislativamente, la ejerce o la ha ejercido judicialmente en una decena de casos, entre ellos, algunos con un fuerte componente político contra el PP. Cuestionados por esta disfunción, fuentes gubernamentales se revuelven ante la evidencia y aseguran que, mientras la ley siga vigente, no abandonarán ninguna de las causas en las que se encuentran personados. «Si la desproporción ya es brutal, no vamos a ceder», sentencian, apelando al mantra de la persecución. En la actualidad, los socialista ejercen esta palanca procesal en casos que están juzgándose como la trama Kitchen en la Audiencia Nacional. De hecho, la reciente decisión del juez Antonio Piña de identificar si hay «indicios de criminalidad» en las conversaciones entre Cospedal y Villarejo se ha producido a petición del PSOE. También son parte especialmente activa en otras causas que están bajo investigación, como la que afecta a la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Alberto González Amador. Hace escasos días, desde el PSOE y Más Madrid reclamaron que se ampliaran las pesquisas por un presunto delito fiscal además del de corrupción en los negocios por sus actividades en Quirón Prevención. Sin embargo, el partido no solo se persona en aquellas causas de rivales políticos, sino también en las que afectan al propio PSOE o al Gobierno. Sin ir más lejos, se incorporaron como acusación popular en los casos Koldo e Hidrocarburos, ambos en la Audiencia Nacional. A nivel simbólico, los socialistas también destacaron como acusación popular en el caso Gürtel, cuya sentencia fue el desencadenante para que Pedro Sánchez llegara al poder a través de una moción de censura contra Mariano Rajoy. También en las relativas al expresidente valenciano Francisco Camps, desde el caso de los trajes hasta el 'stand' de la comunidad en Fitur, pasando por líneas como la Fórmula 1. Camps fue exonerado en todos. Sin salir de las causas que afectan al PP, el PSOE ejerció acusación contra la ya difunta alcaldesa valenciana Rita Barberá, entraron —aunque luego se retiraron— en la investigación sobre el patrimonio del expresidente de la Diputación de Castellón Carlos Fabra o en el caso Rilco, un fraude con subvenciones en Cádiz. Y empujaron los casos Cooperación, Nóos, Emarsa o Auditorio de Paterna, todos en la Comunidad Valenciana, informa Toni Jiménez. También en otras macrocausas de corrupción como Púnica y Lezo. En Moncloa siguen hilvanando un discurso alternativo, cimentado sobre el victimismo y la persecución judicial, que logre desviar el foco del debate de fondo de las cuestiones que se investigan. Que se fiscalice el 'quién' impulsa las causas —Manos Limpias o Hazte Oír— para desacreditarlas y no el 'qué' se indaga —si hay o no recorrido en los casos de corrupción—, como el de Leire Díez o José Luis Rodríguez Zapatero, que están siendo especialmente lesivos para el PSOE. Tal como publicara ABC , en el partido dan por hecha la imputación de la formación política como persona jurídica y comienzan a acrecentarse los recelos sobre la implicación del núcleo más cercano a Sánchez. Este viernes, otra mano derecha, quien fuera su jefe de Gabinete en Ferraz, Juanma Serrano, ha sido formalmente imputado . En el partido, que ya mostraban su incomprensión por la falta de proactividad de la dirección para perseguir judicialmente a quienes definieron como «resentidos y oportunistas» por utilizar el «nombre del PSOE en vano», esto es, por qué no se han querellado todavía contra ellos; no aciertan a comprender que se vuelvan a poner en circulación argumentarios tratando de dibujar a Leire Díez como una «fantasiosa» que «fabulaba» cuando presumía de su capacidad de penetración en altas instancias del Estado. Hasta ahora, que haya trascendido, Zapatero le preparó a Díez cuatro folios de «ideas» para aquella rueda de prensa con aparición estelar de Víctor de Aldama; la militante se reunió en hasta 22 ocasiones en Ferraz con Santos Cerdán y otras 17 fuera de la sede federal; visitó en la Fiscalía General del Estado a la mano derecha de Álvaro García Ortiz, y se tomó hasta tres tés con la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, a quien tanteó para reincorporar en su puesto al agente Rubén Villalba, implicado en el caso Koldo.
