Fuerza Popular usó dinero del Estado para pagar diplomado a militantes y desaprobados
La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) detectó presuntas irregularidades en el uso del Financiamiento Público Directo asignado a Fuerza Popular durante el 2025.
Según el informe técnico del organismo electoral, el partido utilizó recursos estatales en capacitaciones académicas no aprobadas, contrató a una proveedora logística sin la experiencia exigida y financió la defensa legal de sus dirigentes en investigaciones judiciales que van desde lavado de activos y organización criminal hasta falsificación de documentos.
En relación con las actividades de formación académica, el partido destinó fondos al Diplomado de Especialización en Gestión Pública impartido por la Universidad San Martín de Porres (USMP) por un costo total de S/70,000, del cual se rindió un primer pago de S/35,000.
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Sin embargo, la revisión del informe académico final señaló que cinco de los participantes inscritos desaprobaron el curso y uno no asistió. En esa línea, la ONPE recordó que la normativa prohíbe financiar la formación de alumnos sin nota aprobatoria, por lo que observó el gasto indebido de S/12,000.
"En caso el ciudadano o los ciudadanos beneficiarios de estas capacitaciones no obtengan nota aprobatoria, estos gastos no deben ser solventados con los fondos del FPD".
A esta observación se suma la contratación de la empresa Servic Team S.A.C. por S/110,000 para la producción logística de talleres de liderazgo político en San Martín. Pese a que los Términos de Referencia exigían experiencia acreditada en el rubro, la auditoría confirmó que la firma solo contaba con ocho meses de funcionamiento tras su inscripción y figuraba registrada en la SUNAT para actividades totalmente ajenas a la producción de eventos.
"La empresa proveedora figuraba registrada con actividades económicas principales y secundarias referidas al alquiler de enseres domésticos, enseñanza secundaria de formación general y labores de carpintería, sin acreditar la experiencia mínima requerida para el servicio contratado".
Además, el documento técnico también reveló un gasto total de S/143,000 destinado a la defensa legal del partido y de sus dirigentes —entre ellos Luis Galarreta Velarde y Milagros Takayama Jiménez— en diversos procesos penales.
"Servicios de patrocinio legal correspondientes al periodo 2025 el partido político utilizó un importe total de S/ 143,000.00, con el propósito de contratar a los abogados Édison Huamán Chacón (S/ 87,000.00) y Juan Carlos Portugal Sánchez (S/ 56,000.00), a fin de brindar asistencia legal y defensa técnica (...) en los procesos judiciales en materia penal".
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De manera específica, según el cuadro de expedientes, los fondos cubrieron la defensa de Fuerza Popular por los presuntos delitos de lavado de activos, organización criminal y conducta antidemocrática; la de Luis Galarreta Velarde y Milagros Takayama por lavado de activos y otros; y la de Liliana Takayama Jiménez, imputada por fraude en la administración de personas jurídicas, lavado de activos y falsificación y uso de documento público falso.