Temor en Ferraz a que el juez Pedraz encuentre el hilo de las «cloacas»
El juez de la Audiencia Nacional (AN) Santiago Pedraz se convirtió ayer en la gran pesadilla del PSOE. Hasta ahora, los socialistas se han defendido políticamente de la trama de las «cloacas» fragmentando los acontecimientos bajo investigación en los juzgados. Una cosa, decían, eran las reuniones de la exmilitante Leire Díez; otra, las actuaciones de Santos Cerdán; otra, los contactos con los fiscales; otra, las presiones sobre la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil; otra, las ramificaciones en empresas públicas... Pero desde ayer, la Justicia investiga todo con una misma lupa. La unificación en manos de Pedraz pone todas las piezas encima de la misma mesa para buscar qué las conecta, porque existen indicios delictivos de sobra para pensar que todo forma parte del mismo rompecabezas.
En el PSOE son plenamente conscientes de que existen elementos que conducen hasta la estructura orgánica del partido, aunque por sí solos no acrediten responsabilidad penal de Ferraz. La presidenta del partido, Cristina Narbona, reconoció, por ejemplo, que remitió a Leire Díez a Santos Cerdán cuando esta le dijo que disponía de información relevante. La UCO ha situado además en al menos 39 las reuniones entre Cerdán y Díez, aproximadamente la mitad de ellas celebradas en la sede federal del PSOE, en Ferraz.
La propia Narbona admitió que Díez trabajaba «presuntamente» para el entonces secretario de Organización, aunque subrayó que Cerdán no podía actuar en nombre del partido para realizar actividades ilegales.
Y esa última distinción es precisamente la frontera que Ferraz necesita preservar: una cosa es que un secretario de Organización actuara por su cuenta y otra que actuara por orden del PSOE, cuyo máximo responsable es el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Ese es el terreno verdaderamente peligroso para el partido. Las fuentes consultadas por LA RAZÓN admiten que no quieren ni pensar en ese escenario. Si Pedraz acreditara que los integrantes de la trama realizaron actuaciones diferentes, pero coordinadas, el siguiente escalón de la investigación consistiría previsiblemente en reconstruir la cadena de mando y la finalidad de esas actuaciones que todo parece indicar que tenían por objetivo «desestabilizar» las actuaciones policiales y judiciales que afectaban al PSOE, al Gobierno y al propio entorno familiar de Sánchez.
Nadie ha acreditado hasta ahora que Sánchez conociera las actividades que investiga la Audiencia Nacional. Él mismo ha negado haberlas conocido o amparado, consciente de su total ilegalidad. Solo Cerdán podría arrojar luz al respecto, pero él sigue negándolo todo y victimizándose. Ahora bien, la coincidencia entre los objetivos que perseguía presuntamente la trama y el discurso político que el presidente empezó a construir tras sus cinco días de reflexión y la imputación de Begoña Gómez, en abril de 2024, se ha convertido en uno de los elementos más incómodos para Moncloa y para el PSOE. La investigación deja una incógnita que sigue sin resolverse: cómo se conectaban, si es que se conectaban, los movimientos de la trama. En ese punto emerge una figura: Antonio Hernando. El actual secretario de Estado de Telecomunicaciones participó, según reconoció él mismo, en la reunión celebrada en Ferraz a finales de abril de 2024, cuando era adjunto al jefe de gabinete de Sánchez en Moncloa y coincidiendo con el momento en que el líder socialista mandó su famosa carta tras la apertura de diligencias por el juez Juan Carlos Peinado contra su esposa y que los investigadores sitúan en el origen de la operación urdida en el corazón del número 70 de la calle de Ferraz.
La presencia de Hernando no prueba por sí misma ninguna coordinación con el presidente, pero sí le convierte en el eslabón institucional más próximo a la Moncloa que aparece en aquel encuentro. La relevancia de Hernando no deriva únicamente de su asistencia a esa reunión. También lo hace de su posición en la estructura de poder del Gobierno. En aquel momento, dependía orgánicamente del gabinete de la Presidencia y formaba parte del reducido elenco de estrechos colaboradores que mantenían interlocución permanente con Sánchez.
Cerdán tuvo asiento durante un tiempo en ese mismo núcleo que gravita alrededor del presidente del Gobierno semanalmente. El juez Pedraz también investiga si parte de la actividad de la trama fue financiada o con recursos vinculados al PSOE. Aunque todo parece indicar que así fue. Pedraz ha indagado en pagos, contratos, desplazamientos y servicios profesionales que, según la hipótesis judicial, podrían haber servido para sostener la actividad de la presunta organización criminal.
Tras más de dos meses de espera, ayer, el juez Arturo Zamarriego, que comenzó a investigar en mayo de 2025 las «cloacas del PSOE» en su tribunal de Plaza de Castilla (Madrid), aceptó finalmente la petición de inhibición cursada por el magistrado Pedraz. Permite, con ello, la unificación de las causas en la Audiencia Nacional, tal y como figura en una resolución a la que tuvo acceso este diario.
Siguiendo el criterio de la Fiscalía, el titular del Juzgado de Instrucción número 9 de Madrid cedió la indagación en la presunta trama que habría liderado Santos Cerdán, con el apoyo de la exmilitante socialista, para «desestabilizar» investigaciones policiales y judiciales incómodas.
El Ministerio Fiscal reconoció que «todos los indicios ponen de manifiesto» que las diligencias que dirige el titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la AN «guardan identidad» con las que estaba siendo ahora instruidas por el juez Zamarriego. «Dada la íntima conexión entre ambas causas, debe acordarse la inhibición» favor del juez Pedraz, defendió la fiscal, para luego señalar que sus actuaciones se centran en «hechos más amplios, con más investigados y cuya calificación jurídica sería de mayor gravedad». Puesto que incluye delitos como organización criminal frente a los ilícitos de cohecho y tráfico de influencias que únicamente investigaba el magistrado Zamarriego.
Por otro lado, el juez Zamarriego deja sin efecto la pesquisa que tenía previsto practicar el próximo 20 de agosto en que había citado al fiscal Ignacio Stampa para volcar de su dispositivo la grabación con la que recogió la reunión que mantuvo, el 7 de mayo de 2025, con la bautizada como «fontanera» y el empresario Javier Pérez Dolset en la que, según él denunció ante sus superiores, habrían intentado sobornarle. El objetivo de la diligencia era que la Brigada Provincial de la Policía Científica realizase una pericial para descartar que el audio pudiera haber sido manipulado, tal y como sostuvieron la exmilitante socialista y Pérez Dolset.
Ahora, el juez Pedraz podrá ampliar su investigación en torno a las «maniobras» e indagar también en los supuestos intentos de sobornos a Stampa y al fiscal ex de Anticorrupción José Grinda. Así como en la cita mantenida por Díez, Dolset y el abogado de Cerdán, Jacobo Teijelo con el empresario Alejandro Hamlyn en la que le habrían requerido informaciones comprometedoras sobre la UCO y, en particular, sobre el teniente coronel Antonio Balas.
Ahora, la AN podrá avanzar en la instrucción de las «cloacas» y citar a declarar, a partir de septiembre, a los imputados en ambos procedimientos: Díez y Dolset.