Moncloa niega que incumpla el acuerdo con Sumar y descarta una ruptura del Gobierno por la prórroga de Almaraz
La prórroga de la central nuclear de Almaraz ha abierto una nueva grieta en el Gobierno de coalición, pero Moncloa no cree que vaya a convertirse en una crisis. El ala socialista del Ejecutivo resta importancia al enfrentamiento con Sumar después de que sus socios acusaran al PSOE de incumplir el acuerdo firmado al comienzo de la legislatura y descarta que las diferencias sobre el futuro de la nuclear extremeña puedan poner en peligro la continuidad de la coalición.
La decisión quedó formalizada este viernes con su publicación en el Boletín Oficial del Estado. Almaraz podrá continuar funcionando hasta 2030, dos años más de lo previsto inicialmente. El calendario diseñado hasta ahora contemplaba el apagado del primero de sus reactores en 2027 y el cese completo de la actividad de la planta al año siguiente.
Sumar ha recibido la modificación como una ruptura del compromiso alcanzado con el PSOE en octubre de 2023. El acuerdo de coalición establece un cierre nuclear «planificado, seguro, ordenado y justo socialmente» mediante el cese escalonado de las centrales españolas entre 2027 y 2035. Y precisamente ahí se agarra el PSOE para rechazar la acusación.
Fuentes de Moncloa sostienen que el acuerdo no se ha incumplido porque el horizonte final de 2035 permanece intacto. El Ejecutivo ha modificado únicamente el calendario de una central y no el plan general de clausura del parque nuclear español. Almaraz funcionará durante más tiempo, pero el Gobierno mantiene oficialmente su objetivo de culminar el apagón nuclear en la fecha pactada.
La interpretación es muy diferente en Sumar. El socio minoritario considera que el compromiso no consistía únicamente en alcanzar 2035 sin centrales nucleares, sino también en respetar el proceso escalonado acordado para llegar hasta allí. Por eso interpreta la prolongación de Almaraz como una «profunda ruptura» del pacto alcanzado con los ciudadanos al comienzo de la legislatura.
El choque tiene además una carga política añadida. La continuidad de Almaraz era una de las grandes reivindicaciones del PP y de las compañías propietarias de la central, mientras Sumar se había situado frontalmente en contra. El espacio de Yolanda Díaz acusa ahora al PSOE de haber terminado asumiendo una posición que hasta hace poco defendía principalmente la oposición.
Las críticas han sido especialmente duras. Fuentes del grupo confederal sostienen que la decisión responde a «presiones corporativas y no a necesidades técnicas, medioambientales ni de competitividad económica» y reprochan a sus socios haber emprendido «el camino de la derecha y la extrema derecha».
El PSOE defiende, sin embargo, que las circunstancias han cambiado. La justificación para prolongar la vida de Almaraz se encuentra en la «situación energética internacional excepcional y sobrevenida», marcada por la guerra en Oriente Medio y la prolongación del conflicto en Ucrania. El argumento de Moncloa es que mantener temporalmente la central refuerza la seguridad del suministro en un escenario energético mucho más incierto que aquel en el que se diseñó el calendario original.
Existe además un elemento que Moncloa utiliza para rebajar la dimensión política del enfrentamiento: Sumar conocía la decisión antes de que fuera anunciada.
El ala socialista sostiene que sus socios estaban informados de la modificación, por lo que interpreta las críticas posteriores dentro de las discrepancias habituales entre los dos componentes de la coalición y no como el comienzo de una crisis capaz de amenazar al Ejecutivo.
«No es grave», resumen fuentes de Moncloa, que descartan expresamente una ruptura.
La distinción no es menor. Sumar necesita marcar distancias ante una decisión que contradice una de sus posiciones históricas en materia energética, mientras el PSOE pretende transmitir que esa discrepancia puede convivir dentro del Gobierno. Unos necesitan demostrar que no avalan la prórroga; los otros, que el desacuerdo no pone en cuestión la coalición.
La discusión sobre Almaraz reproduce así una dinámica conocida durante la legislatura: los dos socios interpretan de manera diferente un mismo acuerdo y trasladan públicamente sus discrepancias, pero evitan que el enfrentamiento llegue hasta el punto de ruptura.
Esta vez, además, el PSOE dispone de una línea defensiva muy concreta. Solo se ha modificado el calendario de Almaraz y 2035 continúa siendo la fecha límite prevista para el cierre de las centrales nucleares españolas. Para Moncloa, mientras ese horizonte no cambie, el acuerdo de 2023 permanece vigente.
Sumar no lo ve así. Considera que retrasar el primer cierre altera precisamente el itinerario que ambas formaciones pactaron y, sobre todo, denuncia que el PSOE haya terminado aceptando una reclamación sostenida durante meses por el PP y las eléctricas.
La central seguirá abierta. La discrepancia también. Pero Moncloa trata de fijar desde el primer momento un cortafuegos político: Almaraz puede prolongar su vida hasta 2030; la coalición, aseguran los socialistas, no corre peligro por ello.