El Gobierno ha decidido prolongar la explotación de los dos reactores de la central nuclear de Almaraz hasta el 8 de junio de 2030. Lo ha hecho sin una especial escenificación política, mediante la publicación en el Boletín Oficial del Estado de una orden del Ministerio para la Transición Ecológica que añade 31 meses de funcionamiento a la Unidad I y 19 a la Unidad II. El Consejo de Seguridad Nuclear había informado favorablemente sobre la continuidad de ambas. Es una rectificación razonable, aunque manifiestamente insuficiente. El propio Gobierno justifica la decisión por la crisis energética internacional, la persistencia de la guerra de Ucrania y la inestabilidad de Oriente Próximo. La volatilidad del gas y la incertidumbre sobre su evolución aconsejan conservar una fuente de generación estable que reduzca la exposición española a los combustibles fósiles. Mucho más significativo es que el Ministerio estime que prolongar Almaraz apenas reducirá un 1,4 por ciento la generación renovable prevista para 2030, mientras que rebajará un siete por ciento la generación con gas respecto al escenario del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC). Es decir, la propia realidad ha obligado al Ejecutivo a reconocer la utilidad de una tecnología que durante años ha contemplado exclusivamente desde la perspectiva del cierre. El cálculo oficial contrasta con las estimaciones de organizaciones ecologistas según las cuales la continuidad de Almaraz frenaría inversiones multimillonarias en renovables. La decisión tiene además una incómoda dimensión política. El Gobierno se ve obligado a tragarse un sapo que resulta particularmente difícil de digerir para quienes, dentro de la propia coalición, han convertido el cierre nuclear en una seña ideológica. De ahí el empeño de la orden en presentar la extensión como «limitada» y «coyuntural» y en recalcar que no altera el calendario que prevé el cierre definitivo del parque en 2035 . Pero la seguridad energética no debería gestionarse para preservar equilibrios políticos ni para salvar contradicciones ideológicas. La cuestión esencial no es, por tanto, si Almaraz debe funcionar diecinueve o treinta y un meses más. Es si España quiere disponer de energía nuclear en su combinación energética durante las próximas décadas. La Unión Europea ha reconocido el papel que puede desempeñar la nuclear en la descarbonización, y numerosos países han revisado sus estrategias ante las exigencias simultáneas de seguridad de suministro, competitividad industrial y reducción de emisiones. España, por lo tanto, no puede permanecer instalada en un calendario concebido bajo circunstancias que han cambiado sustancialmente. Una industria nuclear no se puede administrar mediante prórrogas. Necesita horizontes suficientemente largos para justificar inversiones, mantener cadenas de proveedores, financiar investigación y formar a los especialistas. La incertidumbre provoca precisamente lo contrario: pérdida de conocimiento, jubilación de profesionales sin relevo adecuado y menor atractivo para que una nueva generación de ingenieros oriente su carrera hacia un sector sobre el que pende la amenaza de cierre. La propia orden exige a Almaraz un plan de recursos humanos con «horizonte 2030», síntoma de una contradicción difícil de ignorar: se reclama garantizar capacidades técnicas mientras se mantiene clausurado el futuro. Almaraz cumple las condiciones de seguridad requeridas y su continuidad no compromete, según el propio Ejecutivo, los objetivos europeos de renovables. La prórroga es por ello una buena noticia, también para una comarca cuya actividad económica depende en buena medida de la central. Pero no basta. El Gobierno debería aprovechar esta rectificación para abandonar definitivamente el prejuicio ideológico y revisar con criterios técnicos y económicos el calendario nuclear completo. Almaraz no necesita una sucesión de aplazamientos dictados por cada nueva crisis internacional. España necesita una política energética estable que proporcione seguridad a consumidores e industria y certidumbre a quienes deben invertir y formar profesionales. La miniprórroga aleja el cierre, pero no retira la espada de Damocles. Y mientras esa amenaza permanezca, el deterioro del capital tecnológico y humano de la industria nuclear española continuará avanzando.
