Angustia en Ceuta: «Si nada cambia, podemos estar así seis o nueve meses»

Nadie conoce el número exacto de inmigrantes que entraron en Ceuta de manera ilegal en el asalto del pasado 30 de julio. Entre 70.000 y 80.000. Veinte días más tarde, ocurre lo mismo con los que todavía permanecen en la ciudad autónoma: nadie sabe cuántos son en total. En su día, el ministro del Interior habló de unos 5.000. Los cálculos del gobierno local son bien distintos: alrededor de 12.000, según el conteo de las ONG y asociaciones vecinales.

Ayer, trascendió la última de menores extranjeros que ha identificado la Policía Nacional: 2.168. Pero las autoridades ceutíes sospechan que hay más, muchos más. El dato apócrifo ronda los 5.000 niños. «La situación de las niñas y de las mujeres que están escondidas es muy preocupante», advierte a LA RAZÓN una persona del equipo de Juan Jesús Vivas.

La aritmética, tan incierta, genera angustia e indignación entre los gobernantes de la ciudad, que describen un escenario distópico y alertan también de un plazo indeterminado para la resolución de la crisis. «Si nada cambia, podemos estar así entre seis y nueve meses», advierten a LA RAZÓN desde el gabinete del presidente ceutí, donde empieza a cundir la desesperación por la falta de medidas urgentes. «No hay ningún interés por parte del Gobierno».

Un alto cargo de la corporación desvela que su principal tranquilidad, a día de hoy, es conseguir para sus dos hijas menores, de trece y quince años, un bote de «spray de gas pimienta para que puedan salir a la calle y defenderse en caso de una agresión».

Para Mónica García, ministra de Sanidad, la asociación de «inmigración con enfermedad o inseguridad no es verdad, es xenofobia y racismo». Los políticos ceutíes no opinan lo mismo. Es más: la sensación de caos se percibe igual a izquierda y derecha. Y si no que le pregunten al socialista Melchor León, vicepresidente de la Asamblea, que en los micrófonos de Antena 3 afirmó: «La situación es insostenible. Las personas tienen miedo, las mujeres no pueden salir a la calle. Mi hija de ocho años no puede salir a la calle».

El problema, insisten los vecinos de la ciudad con el refrendo de su presidente, es la falta de un horizonte claro. Porque, con los medios que hay trabajando sobre el terreno, la previsión es sombría. Muy sombría.

En un encuentro que mantuvieron este martes dirigentes del PP con sindicatos y asociaciones de la Policía Nacional y la Guardia Civil, las conclusiones que les trasladaron los agentes resultaron desoladoras. «Nos han dado todo tipo de estimaciones, algunos hablan hasta de dos años para recuperar la normalidad».

Para los dirigentes de Ceuta la normalidad significa el retorno íntegro de todos los que permanecen vagando por las calles, sin techo, comida, ni rumbo. Y, también, de los que llenan tanto el CETI, centro temporal de internamiento, como las carpas que ha comenzado a instalar el Gobierno, o las aulas habilitadas de forma extraordinaria en los colegios; y, por supuesto, los que se han montado sus propias tiendas de campaña en las playas del Trampolín, donde incluso han fabricado una mezquita con cartones.

Las fuerzas de seguridad no dan abasto con los procesos de filiación. El Gobierno prometió un refuerzo en los servicios de Extranjería con un equipo compuesto por «seis personas». Lo cierto es que las autoridades de Ceuta no saben exactamente cuántas personas están tramitando expedientes en la actualidad. Y lamentan un proceso burocrático que puede eternizar la expulsión o, llegado el caso, la acogida. Si es que fuera necesaria porque se les concede protección porque están en una situación de vulnerabilidad.

Aunque la prioridad de Ceuta, avalada por Bruselas, es el retorno de todos los inmigrantes. Mayores y menores. La Comisión Europea, por boca del portavoz de Asuntos Internos, Markus Lammert, expresó este martes: «Insistimos en que la expectativa es que todos los que permanezcan ilegalmente en Ceuta sean retornados».

Sobre los menores, y la protección que le atribuye el derecho europeo, añadió que una directiva aprobada recientemente contempla disposiciones para el retorno de migrantes en situación irregular, «incluidos los menores no acompañados». Por lo que «esto también está cubierto por el derecho de la Unión Europea».

La realidad, no obstante, torna diferente. La propia Policía hace una distinción entre «la situación de los subsaharianos de la de los marroquíes». Los segundos, «al ser considerado Marruecos un país seguro por la UE», podrían ser expulsados aunque recurran. Los primeros, «si recurren pueden ganar tiempo».

A la maraña burocrática, con un laberinto legal que ralentiza los procesos, hay que sumarle un servicio de Extranjería precario para la excepcionalidad del momento que atraviesa la ciudad autónoma por el número tan indeterminado como elevado de inmigrantes que andan a la espera de resolver su futuro. Es lo que trasladan las autoridades locales, que claman por más medios.

«En estos veinte días se han resuelto 30 denegaciones de asilo. 1,5 al día», detallan desde el entorno de Vivas, que se muestran atemorizados con la cronificación del «caos». Porque cada día que transcurre en esas circunstancias es un día de «ruina» económica y social: con establecimientos cerrados y buena parte de la población confinada en sus hogares.