A propósito de la colegiatura profesional: ¿quién responde cuando el resultado importa?
El 6 de marzo de 2020, alguien en un laboratorio del Hospital México leyó un resultado en una pantalla y supo, antes que nadie en Centroamérica, que el virus SARS-CoV-2 ya estaba aquí. El virus no eligió a Costa Rica primero: Costa Rica lo vio primero.
Pudimos verlo porque ya existía capacidad molecular instalada. El diagnóstico molecular no llegó con la pandemia: hacía años que laboratorios públicos y privados trabajaban estas técnicas. Cuando llegó la emergencia, toda la red respondió y levantó el diagnóstico que sostuvo al país.
Un resultado de laboratorio es un documento sobre el cual alguien decidirá si opera, si trata o si aísla. Para que sea confiable, tuvieron que ocurrir cosas invisibles: un equipo operando según el nivel de complejidad del servicio, controles de calidad corridos y dentro de rango, y una persona profesional presente y responsable que firma. Nada de eso se ve. Y todo eso alguien tiene que verificarlo, alguien con capacidad técnica real para fiscalizarlo.
Esa verificación no se la dio el Colegio de Microbiólogos y Químicos Clínicos a sí mismo: se la confió el Estado. La Ley N.° 771 creó este órgano colegiado en 1949 y la Ley N.° 5462 extendió su ámbito a todos los laboratorios del país, públicos y privados. Hoy fiscaliza de forma presencial a más de 700.
Es importante destacar que el Colegio no procesa muestras; verifica que quien las procesa pueda hacerlo con la calidad requerida. Y conviene aquí también subrayar algo fundamental sobre aquella mañana del 6 de marzo: el laboratorio que vio primero el virus SARS-CoV-2 era público. En este punto, quisiera ser enfático en resaltar que la garantía que respalda un resultado no puede depender de quién sea el patrono de la persona que lo emite.
La capacidad diagnóstica de nuestro país es más que evidente; los frutos están a la vista. Según el Portal ARBO de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), entre 2014 y 2024 Costa Rica nunca confirmó por laboratorio más del 10% de sus casos de dengue. Hoy confirma el 68%, frente a un 16% del Istmo centroamericano. Esa misma capacidad permitió confirmar el caso de fiebre amarilla de 2025, en un país que no registraba uno desde 1953, y los primeros casos de chikunguña por laboratorio en más de cuatro años.
Esa exigencia no vive solo en el laboratorio clínico. Vive en los servicios públicos y privados; en la industria de dispositivos médicos (hoy, primer producto de exportación del país), en el Instituto Clodomiro Picado, cuyos sueros salvan vidas en 31 países de América y África; vive en el Inciensa; en las aulas y en la investigación. Y vive en los diplomados, técnicos y asistentes de laboratorio, sin quienes nada de esto funcionaría.
Este Colegio no defiende la inmovilidad. Desde hace más de dos años trabaja en una reforma de su normativa que, con el apoyo de las autoridades rectoras, acompañaría la digitalización de la salud, el aseguramiento de la calidad y la mejor organización de las áreas diagnósticas relacionadas con la microbiología.
Escribo este artículo a propósito de la discusión abierta sobre el régimen de colegiatura profesional. No para entrar en la controversia legislativa, que les corresponde resolver a los diputados, sino para aportar algo que suele quedar fuera cuando se generaliza.
Los colegios debemos rendir cuentas y justificar lo que hacemos. Pero si la verificación del equipamiento, de los controles y de la responsabilidad profesional deja de estar asignada a alguien con capacidad efectiva de ejercerla, esa tarea no desaparece: se traslada, en silencio, a la persona usuaria. Y ella no tiene manera de saber si el equipo estaba calibrado o si el profesional estuvo realmente presente. Por la naturaleza del servicio, nunca lo sabrá, pero confía sin saberlo en la estructura normativa que aseguró ese resultado, representada en el colegio que lo fiscaliza.
Quienes venimos de la ciencia aprendimos que la mayoría de los experimentos fracasa y que, cuando uno funciona, no se descarta para empezar de nuevo: se refina y se fortalece.
Hace más de 75 años, este país puso en marcha un experimento social y los resultados están a la vista. Volver a experimentar, aun con las mejores intenciones, es más riesgoso que perfeccionar lo que ya demostró funcionar.
Aquella mañana de marzo 2020 funcionaron muchas cosas a la vez. Funcionó un laboratorio, un centro nacional de referencia y una rectoría sanitaria. Y funcionó, sin que nadie lo notara, la certeza de que quienes lo hicieron reunían las condiciones para hacerlo.
De eso se trata todo esto: de quién responde cuando el resultado importa.
juntadirectiva@microbiologos.cr
Juan Carlos Villalobos Ugalde es el presidente del Colegio de Microbiólogos y Químicos Clínicos de Costa Rica.