Resulta difícil no sentir cierta perplejidad ante el nuevo acuerdo petrolero entre Estados Unidos y Venezuela. No porque resulte extraño que dos países con intereses económicos tan evidentes terminen sentándose a negociar, sino porque cuesta encontrar una contradicción mayor entre lo que durante años han defendido unos y otros y lo que ahora parecen dispuestos a aceptar. Los enemigos de ayer descubren hoy que el petróleo puede hacer milagros y que, cuando hay miles de millones de barriles de por medio, las diferencias ideológicas se vuelven sorprendentemente negociables. Estados Unidos, que durante años ha utilizado las sanciones como instrumento de presión sobre el régimen venezolano, parece haber descubierto que el crudo venezolano es demasiado importante como para dejarlo al margen. Venezuela, por su parte, ha pasado de denunciar al imperialismo norteamericano y presentar cualquier acercamiento a Washington como una traición a la patria a aceptar que sean precisamente los estadounidenses quienes participen en la recuperación y explotación de una de sus mayores riquezas. El pragmatismo, al parecer, empieza allí donde termina el discurso. Lo preocupante no es que Venezuela venda petróleo a Estados Unidos. Lo preocupante es que un negocio de semejante dimensión pueda convertirse en el verdadero eje de la política venezolana y que, en nombre de la recuperación económica, se termine relegando aquello que debería ser prioritario: la recuperación institucional, la legalidad y la democracia. Porque una cosa es reconstruir una industria petrolera devastada por años de mala gestión y corrupción y otra muy distinta utilizar esa reconstrucción como argumento para perpetuar en el poder a quienes han contribuido a destruirla. El petróleo venezolano puede ser una oportunidad extraordinaria para levantar un país arruinado, generar empleo, atraer inversiones y recuperar unos servicios públicos que durante años han estado abandonados. Pero también puede convertirse en una maldición si su explotación sirve para repartir beneficios entre las élites de siempre mientras los venezolanos continúan esperando una verdadera normalización política. No sería la primera vez que la riqueza petrolera termina financiando precisamente aquello que debería haber contribuido a superar. También resulta llamativo el cambio de posición del chavismo. Durante años, cualquier inversión extranjera era presentada como una forma de sometimiento y cualquier acercamiento a Estados Unidos como una agresión contra la soberanía venezolana. Ahora, sin embargo, parece que la soberanía puede ponerse temporalmente entre paréntesis si la operación resulta suficientemente rentable. Quizá la ideología nunca fue tan sólida como pretendían hacernos creer. Lo que está en juego, por tanto, es mucho más que un acuerdo petrolero. Está en juego quién controla la riqueza de Venezuela, quién decide cómo se utiliza y, sobre todo, para beneficio de quién. Porque si el petróleo vuelve a manar mientras la democracia sigue bloqueada, si las inversiones llegan mientras las instituciones continúan debilitadas y si la recuperación económica sirve para consolidar a quienes deberían facilitar una transición, entonces Venezuela habrá recuperado barriles, pero no necesariamente habrá recuperado su futuro. Trump puede presentarlo como una victoria económica y el Gobierno venezolano como una demostración de soberanía y pragmatismo. El petróleo puede reconstruir una economía; difícilmente puede reconstruir por sí solo una democracia. Daniel Hernández. Madrid
