Hasta 12 horas de camino para dictar clases en la Amazonía: hablar una lengua originaria multiplica el analfabetismo rural
En la provincia de Atalaya, Ucayali, existen instituciones educativas ubicadas a cinco, ocho e incluso 12 horas de camino desde Oventeni. En el Gran Pajonal, territorio de comunidades Ashéninka, docentes pueden afrontar recorridos de entre cuatro y 10 horas por trochas y senderos para continuar la enseñanza.
La distancia; sin embargo, no es la única barrera. La falta de profesores que dominen las lenguas originarias también limita el acceso a una educación adecuada a la realidad de los niños y adolescentes de estas comunidades. A ello se suma que muchos maestros deben recorrer largas distancias para llegar a sus centros de trabajo, lo que dificulta la continuidad de las clases y la supervisión de los servicios educativos.
“Se necesita otra forma de alfabetización”, sostiene Ruth Anastacio, gerente de Operaciones de Fundación Dispurse en Perú, organización que inició en Atalaya su primera experiencia de trabajo en la Amazonía, en coordinación con la UGEL de la provincia, en dos comunidades de lengua Ashéninka.
El problema de acceso que enfrentan comunidades dispersas del país se refleja en datos preocupantes. El 17% de la población rural que habla una lengua originaria no sabe leer ni escribir. La cifra contrasta con el 2,7% registrado entre quienes tienen el castellano como lengua y revela una brecha educativa que persiste lejos de las ciudades.
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Una brecha que los promedios ocultan
El dato nacional puede resultar engañoso si no se observa lo que ocurre dentro de cada territorio. Ucayali registra una tasa de analfabetismo de 4,3%, por debajo del promedio nacional de 4,6%. Sin embargo, el Censo de 2017 ubicó a Atalaya cerca del 17%.
La situación se repite en otras zonas rurales del país. El analfabetismo alcanza al 11,5% en el campo, frente al 3,2% en las ciudades; es decir, es 3,6 veces mayor. Además, el 43,6% de los adultos rurales de 25 años a más tiene como máximo la primaria y registra un promedio de 7,8 años de estudio, frente a los 11 años del ámbito urbano.
“Si solamente vemos la tasa departamental, podemos pensar que el tema está controlado. Pero cuando bajas a nivel provincial, distrital y de comunidad, la realidad es otra”, explica Anastacio.
Para la especialista, el analfabetismo es además una problemática que permanece invisible porque las personas que no saben leer ni escribir no necesariamente están fuera de la vida económica o social. Muchos trabajan, cultivan sus tierras, comercian, tienen hijos o son dirigentes comunales.
En Atalaya, por ejemplo, algunos jefes de comunidades nativas solicitaron procesos de alfabetización porque sus pobladores enfrentan situaciones de engaño cuando comercializan los productos que cultivan. Aprender a leer, escribir y realizar cálculos puede significar, en estos casos, mayor autonomía para negociar y administrar sus ingresos.
Cuando la lengua también marca la diferencia
La brecha lingüística es contundente. Mientras el analfabetismo llega al 2,7% entre la población de lengua castellana, alcanza el 13,2% entre quienes tienen una lengua originaria. En el ámbito rural de este último grupo, llega al 17%.
Uno de los principales obstáculos es contar con docentes que dominen las lenguas indígenas y, además, estén dispuestos a trasladarse a comunidades alejadas. Anastacio explica que muchas personas con mayor formación educativa dejaron sus comunidades y, en algunos casos, también dejaron de hablar la lengua de sus padres debido a los estigmas que durante años asociaron los idiomas originarios con menores oportunidades.
El resultado es una doble dificultad: las comunidades necesitan profesores que conozcan su lengua y su realidad, pero encontrar y mantener a estos docentes en zonas de difícil acceso sigue siendo complicado.
“Yo he visitado escuelas y es muy doloroso: están los niños, pero no hay profesor. El profesor llega el miércoles porque se traslada desde el domingo y al día siguiente ya se está retirando”, relata.
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Una segunda oportunidad
La deuda educativa tampoco termina con la población en edad escolar. Más de 2 millones de jóvenes de 15 a 29 años no han completado la educación básica y unos 5,2 millones de personas de 25 años a más tienen como máximo educación primaria.
En el caso de los adultos mayores rurales, la situación es aún más crítica: el 33,6% de las personas de 60 años a más no sabe leer ni escribir, según los primeros resultados del Censo Nacional 2025 del INEI. Es decir, uno de cada tres enfrenta esta limitación.
Para ellos, retomar los estudios mediante un sistema escolarizado puede resultar poco viable. Los Centros de Educación Básica Alternativa (CEBA) se concentran principalmente en zonas urbanas y funcionan con horarios que no necesariamente se adaptan a quienes trabajan en el campo o viven a varias horas de distancia.
La propuesta, plantea Dispurse, debe reconocer también los conocimientos que estas personas ya adquirieron durante su vida. “No tienes que comenzar de cero”, sostiene Anastacio. Una persona puede no saber leer ni escribir, pero tener experiencia como comerciante, agricultor o líder comunal.
Desde 2019, Dispurse trabaja junto con Pensión 65 y gobiernos locales en procesos de alfabetización mediante tablets y la plataforma FOCUS, que permite aprender sin conexión a internet. El proyecto ha alcanzado a 685 participantes en nueve regiones y 36 distritos.
El desafío, finalmente, no es solo reducir una cifra. En territorios donde una escuela puede estar a 12 horas de distancia y donde la lengua puede convertirse en una barrera adicional, garantizar una segunda oportunidad educativa significa acercar el aprendizaje a las comunidades, respetar su identidad lingüística y evitar que el lugar donde nació una persona determine hasta dónde puede estudiar.