Poder Judicial archiva caso de PPK por lavado de activos en campaña del 2016
El Poder Judicial cerró de forma definitiva el proceso penal contra el expresidente Pedro Pablo Kuczynski por presunto lavado de activos agravado, vinculado a los aportes que recibió su partido, Peruanos por el Kambio, durante la campaña electoral del 2016. La Tercera Sala Penal de Apelaciones Nacional declaró fundado el recurso presentado por la defensa del exmandatario y revocó una resolución previa que había rechazado ese mismo pedido en primera instancia.
Con este fallo, la Sala no solo cierra el caso, sino que también ordena anular las medidas y los antecedentes que se habían generado contra Kuczynski a lo largo del proceso, o sea lo deja libre de esa investigación. Es uno de lo s procesos judiciales más antiguos que tenía el expresidente, abierto poco después de que estallara el escándalo de aportes irregulares por el caso Odebrecht.
El Ministerio Público sostenía que PPK y su entorno habrían usado hasta cuatro mecanismos para mover dinero de forma irregular hacia la campaña presidencial de 2016. El primero era el reclutamiento de "aportantes" falsos, una práctica conocida como pitufeo, que sirve para fraccionar el origen del dinero y esconder de dónde viene realmente. El segundo era la recaudación de fondos en eventos organizados por el propio partido. El tercero eran los préstamos que el mismo Kuczynski le habría hecho a su agrupación política. Y el cuarto era el traspaso de esos fondos entre los distintos administradores que manejaban las finanzas de la campaña.
A esa acusación, la Fiscalía le sumaba un agravante, sostenía que todas estas conductas se habrían cometido dentro de una organización criminal, lo que agravaba el caso y las penas que PPK podría haber enfrentado si el proceso hubiera avanzado a juicio.
El argumento detrás del archivo
El punto central del fallo tiene que ver con un tema de tiempos legales. Porque el financiamiento irregular de organizaciones políticas; es decir, el delito que castiga específicamente mover dinero de forma indebida hacia un partido, recién quedó tipificado en el año 2019. Y los hechos que se le atribuían a PPK ocurrieron en 2016, tres años antes de que esa figura exista en la ley.
Los magistrados dijeron que si en el momento de los hechos no existía el delito de financiamiento prohibido, tampoco es posible aplicar la figura más grave de lavado de activos sobre esas mismas conductas, porque el lavado necesita un delito del cual provenga el dinero sucio. Al no haber ese delito previo tipificado, los jueces concluyeron que los hechos son atípicos, es decir, que no encajan en ninguna figura penal vigente en ese momento. Y como cayó la base del caso, también cayó el agravante de organización criminal que la Fiscalía sostenía.
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Una votación que no fue unánime
Los tres magistrados de la Sala (Mosqueira Cornejo, Enríquez Sumerinde y Magallanes Rodríguez) sí coincidieron sin ninguna discusión en que dos de los cuatro hechos imputados, el del pitufeo con aportantes falsos y el de la recaudación en eventos, no constituyen delito.
Pero estuvieron en desacuerdos en otros dos hechos, préstamos que PPK le hizo al partido y el traspaso de fondos entre los administradores de campaña. Ahí la decisión se tomó por mayoría, con los votos de Mosqueira Cornejo y Magallanes Rodríguez a favor del archivo.
El juez Enríquez Sumerinde emitió un voto en discordia parcial, porque consideró que, en ese extremo puntual, sí hacía falta continuar con la investigación, ya que todavía no queda claro de dónde salió exactamente ese dinero prestado ni a dónde terminó yendo después.
Ahora, con este archivo no se cierra la puerta a todos los procesos judiciales que enfrenta el expresidente. Kuczynski sigue teniendo otros procesos abiertos, como el caso por presunta colusión vinculado a Odebrecht, en el que su defensa cuestionó las pruebas presentadas en su contra, y el pedido fiscal de ocho años y medio de prisión por el caso IIRSA Norte.
Ninguno de esos dos procesos se ve afectado por la decisión del archivo, que se limita únicamente al extremo penal por lavado de activos relacionado con los aportes de campaña del año 2016.