Alerta máxima inmigrantes legales e indocumentados | Alcaldesa de esta ciudad en Florida reveló que firmó acuerdo con el ICE bajo amenazas
Recientemente, la autoridad de Doral, Florida, en Estados Unidos, hizo una revelación que ha generado gran alarma entre la ciudadanía inmigrante. Durante una conversación con Telemundo 51 Miami, señaló que ahora los procedimientos migratorios han alcanzado tanto a las personas que poseen un proceso regular como a quienes permanecen sin documentación.
Alcaldesa de Doral se pronuncia sobre la colaboración policial con el ICE
Debido a la creciente alarma entre los miembros de la comunidad hispana, la alcaldesa de Doral, Christi Fraga, reveló cuál es su postura y también el nivel de involucramiento del departamento de policía local con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en la ciudad.
"Nuestra policía no ha colaborado con ICE en ninguna redada", dijo Fraga durante una entrevista concedida al espacio 'Encuentro Virtual' de Telemundo 51 Miami.
Asimismo, Fraga indicó que busca llevar tranquilidad a las familias trabajadoras y aseguró que los efectivos municipales no recibieron capacitaciones específicas ni ejecutaron arrestos coordinados con los agentes federales.
En sus declaraciones para el mismo medio, también se dirigió a la ciudadanía inmigrante de la zona: "No deben tener ningún miedo de nuestro departamento de policía". Asimismo, señaló que las agencias federales operan de forma independiente, sin avisar previamente ni posteriormente a la administración municipal sobre sus intervenciones en el área.
La presión del gobernador de Florida a la alcaldesa
Al ser consultada por la periodista Gloria Ordaz sobre las razones que la llevaron a suscribir la alianza con el ICE, la autoridad dijo que actuó bajo la presión de las más altas instancias del estado de Florida. La alcaldesa aseguró que obedeció la normativa por temor a fuertes represalias institucionales y mencionó de forma expresa al gobernador DeSantis y al fiscal general de la entidad.
Finalmente, Fraga explicó que a los cargos electos se les advirtió que podían ser removidos de sus puestos y que las fuerzas del orden locales corrían el riesgo de perder sus acreditaciones oficiales si rechazaban el acuerdo 287(g).