Presidentes de Cortes Superiores respaldan a Janet Tello ante críticas de Fujimori: "La separación de poderes exige respeto"
Las Cortes Superiores de Justicia del Perú respaldaron a la presidenta del Poder Judicial, Janet Tello, luego de sus cuestionamientos a las declaraciones de Keiko Fujimori ante la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre los procesos judiciales contra policías y militares acusados y sentenciados por delitos de lesa humanidad cometidos durante el conflicto armado interno. En un pronunciamiento oficial, las autoridades judiciales afirmaron que la separación de poderes exige respeto a las competencias de cada institución.
El documento estableció que ninguna autoridad puede interferir en la función de los jueces. "La independencia judicial es un principio esencial del Estado Constitucional de Derecho y una garantía de los ciudadanos", señalaron las presidencias de las cortes.
Las autoridades judiciales también respaldaron a Tello "en la defensa institucional de la independencia del Poder Judicial, de los jueces y juezas y del ejercicio autónomo de la función jurisdiccional".
El respaldo ocurrió un día después de que la Sala Plena de la Corte Suprema expresara su “plena confianza” en las acciones de Tello para defender a los jueces y su independencia. La máxima instancia deliberativa del Poder Judicial adoptó esa posición tras la controversia generada por el discurso de Fujimori ante la ONU.
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Cortes Superiores remarcaron que los jueces deben resolver sin presiones
En su pronunciamiento, las presidencias de las Cortes Superiores remarcaron que corresponde exclusivamente a los magistrados conocer y resolver los procesos que están bajo su competencia. Añadieron que esa labor debe realizarse con libertad y sin presiones externas.
“Corresponde exclusivamente a los jueces y juezas, dentro de sus competencias constitucionales y legales, conocer y resolver los procesos sometidos a su jurisdicción”, indicaron. El documento agregó que esta tarea debe cumplirse “sin presiones ni interferencias externas”.
La declaración también vinculó la independencia de los jueces con la protección de los ciudadanos. Las autoridades sostuvieron que una justicia independiente permite que los procesos sean resueltos de acuerdo con la Constitución y las leyes, sin intervenciones ajenas a cada caso.