Sembrando alimentos, ¿cosechando riesgos de cáncer?, por Javier Herrera
¿Puede el lugar donde vivimos y cultivamos ayudar a explicar dónde se concentra el cáncer? Un estudio publicado en la prestigiosa revista Nature Health (*) intenta responder esta pregunta para el Perú combinando tres fuentes de evidencia: un mapa nacional del riesgo ambiental asociado a pesticidas, los registros de cáncer y análisis moleculares realizados en tumores hepáticos.
El estudio modelizó la exposición ambiental a 31 principios activos de pesticidas —19 insecticidas, 7 fungicidas y 5 herbicidas— utilizando información sobre cultivos, suelos, clima, pendiente, escorrentía y propiedades químicas. El modelo permitió construir una superficie de riesgo para el 96% del territorio nacional. Las zonas de riesgo moderado y alto cubren más de un tercio del país y se concentran especialmente en los Andes, en particular en su vertiente occidental y algunos sectores de la costa sur.
Un resultado llamativo es que la exposición potencial no se limita a las parcelas tratadas. La difusión de pesticidas puede extenderse 30–50 kilómetros más allá de las áreas cultivadas, alcanzando unos 1.600 km² adicionales. Además, el riesgo calculado fue significativamente mayor durante El Niño de 2015 que en 2019, un año considerado normal. El clima puede, por tanto, modificar tanto el uso como la difusión y la acumulación de estos productos.
El modelo fue contrastado con muestras de cabello de 50 personasresidentes en distintas zonas de riesgo. La distribución espacial de los residuos de pesticidas y sus productos de degradación en el cabello mostró una asociación con el riesgo estimado. No es una medición individual exhaustiva de exposición, pero aporta una primera validación independiente del mapa de riesgo.
El segundo componente utilizó 158.072 casos de cáncer registrados entre 2007 y 2020 por el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas. Se clasificaron los tumores según su linaje de desarrollo y aplicaron modelos espaciales para identificar concentraciones estadísticamente significativas. Se identificaron 436 conglomerados o “hotspots” de cáncer, con un riesgo relativo entre 1,14 y 9,38 y una media de 2,52. Estos se concentraron principalmente en áreas rurales bajo intensa presión agrícola y ambiental: en la costa de Ancash, Piura e Ica; en valles andinos de Amazonas, Cajamarca, Apurímac, Ayacucho y Cusco; y en zonas de Huánuco, Junín y Pasco asociadas con deforestación y expansión agrícola. En Junín, uno de estos conglomerados coincide con territorios habitados por pueblos indígenas y comunidades campesinas y presenta, además, una concentración muy significativa de cáncer de hígado.
El patrón es interesante porque la asociación no aparece solo con la agricultura, sino también con la transformación del territorio. Considerarla deforestación, por ejemplo, mejoró el ajuste de los modelos. La exposición ambiental debe entenderse dentro de un conjunto más amplio de cambios territoriales. Para saber si detrás de esta asociación espacial podía existir algún mecanismo biológico, se analizaron muestras de hígado de 36 pacientes con carcinoma hepatocelular, residentes en zonas de riesgo. Se encontró una firma molecular asociada con exposición a carcinógenos no genotóxicos, especialmente en tejido hepático no tumoral. Esto podría reflejar alteraciones que preceden a la transformación maligna.
La convergencia de estas tres evidencias —ambiental, epidemiológica y molecular—es el aspecto más interesante del estudio, de igual forma, es la primera vez que se utilizan muestras humanas para estudiosambientales de riesgo de cancer. Pero no significa que se haya demostrado que un pesticida determinado causó un cáncer determinado. Los propios autores reconocen que las exposiciones individuales no fueron medidas directamente. El modelo estima riesgos ambientales a escala territorial y poblacional, y no permite saber cuánto, cuándo y a qué combinación de pesticidas estuvo expuesta cada persona. Tampoco pueden descartarse otros factores ambientales, sociales o relacionados con los estilos de vida. Pero podemos observar en un mismo mapa dónde se concentra el riesgo ambiental asociado a pesticidas, dónde aparecen conglomerados de cáncer y qué señales biológicas podrían conectar ambos fenómenos.
La importancia del estudio está precisamente en que permite mirar el problema de otra manera. Los riesgos ambientales no se distribuyen uniformemente en el territorio. Allí donde coinciden agricultura intensiva, degradación ambiental y poblaciones rurales o indígenas —que pueden enfrentar mayores barreras de acceso a servicios de salud— la vigilancia ambiental y epidemiológica adquiere particular importancia. En promedio, estas poblaciones están expuestas simultáneamente a 12 plaguicidas diferentes detectados en concentraciones elevadas. El estudio también sugiere que fenómenos climáticos extremos, como El Niño, pueden agravar la exposición al alterar la dispersión de estos productos.
Ello plantea un desafío de política pública que va más allá de prohibir o autorizar sustancias. Hay que saber qué pesticidas se utilizan, dónde, en qué cantidades y qué ocurre con ellos después de aplicados; monitorear agua, suelos y alimentos e identificar a las poblaciones más expuestas. Cuando las exposiciones pueden ser múltiples y desplazarse más allá de las parcelas tratadas, la prevención exige actuar antes de que el daño aparezca en las estadísticas de cáncer.
En base al estudio de Nature Health, el Tribunal Constitucional, mediante la sentencia N.° 1111/2026, confirmó la peligrosidad de cinco plaguicidas —clorpirifos, metamidofos, paration, triclorfon y carbofurano— encontrados en alimentos de distintas regiones del país. Son sustancias con efectos neurotóxicos y riesgos para la biodiversidad. El TC ordenó fortalecer la fiscalización, mejorar los análisis, rastrear el origen de los alimentos y transparentar los resultados. Pero queda la pregunta decisiva: ¿quién hará que estas órdenes se cumplan? El nuevo Congreso ha retomado el asunto. El grupo parlamentario Ahora Nación ha presentado un proyecto de ley para reforzar el control y la vigilancia sanitaria, tomando como referencia la sentencia del TC.
El problema no es solo la falta de normas. Es la capacidad para hacerlas cumplir. Sin laboratorios, personal especializado, trazabilidad y mecanismos eficaces para retirar alimentos contaminados, una regulación pierde buena parte de su efectividad. Y persiste un doble estándar difícil de justificar: para exportar exigimos controles rigurosos; para el mercado interno, la vigilancia es menor o nula.
La seguridad alimentaria no puede depender de que el consumidor sea capaz de saber si una fruta o verdura está envenenada o no. El Estado debe garantizar que lo que llega a nuestra mesa sea seguro. Y en esa tarea, todavía tiene una deuda pendiente.
(*) Honles, J., et al. (2026). Mapping pesticide mixtures to cancer risk at the country scale with spatial exposomics. Nature Health, 1(5), 520–531. https://www.nature.com/articles/s44360-026-00087-0