La situación del servicio de Justicia en Sevilla sigue sobre el tapete mientras el Gobierno central de Pedro Sánchez ha esgrimido «razones de disponibilidad presupuestaria», para justificar la falta de prórroga de una de las dos medidas de refuerzo instadas para la sala sevillana de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, el TSJA , que arrastra un promedio de dos años para la resolución de los asuntos y cuya tasa de pendencia sigue la tendencia ascendente de los últimos años. El asunto parte de una pregunta con ruego de respuesta escrita formalizada por el Grupo Popular del Congreso de los Diputados , ahora disuelto por la convocatoria de elecciones anticipadas para el próximo 29 de noviembre, en demanda de información sobre la falta de autorización para la prórroga solicitada para la medida de refuerzo en la sala de lo Social de la sede de Sevilla del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, ubicada en el edificio de la Audiencia provincial, en el Prado de San Sebastián. Al detalle, los populares exponían en su pregunta que el pasado 29 de junio de 2026, la Dirección General para la eficiencia del servicio público de justicia, adscrita al Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, dictó una resolución sobre la solicitud formulada por el Consejo General del Poder Judicial, de «autorización económica previa para medidas de refuerzo». Y es que en dicha resolución estatal, « no se autorizaba la prórroga de medida de refuerzo solicitada para el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Sala de lo Social, con sede Sevilla , consistente en una comisión de servicio, con relevación de funciones, una de las dos solicitadas». En el conjunto de toda España, con aquella resolución fue rechazada la autorización económica previa de medidas de refuerzo para un total de 62 órganos judiciales, lo que derivó en un comunicado público del Consejo General del Poder Judicial, mostrando su profunda preocupación por el impacto de la medida restrictiva, decidida el día previo a la prórroga o aprobación de los refuerzos en cuestión. Ante ello, y con relación al citado caso de Sevilla, los diputados populares planteaban dos preguntas : «¿En qué causas se sustenta este rechazo a la medida de refuerzo solicitada? ¿Por qué se ha esperado hasta esa fecha para dictar esa resolución con las importantes consecuencias que se derivan de ella?». Esas eran las cuestiones que los miembros del Grupo popular ponían sobre la mesa del Congreso. La respuesta del Gobierno central de Pedro Sánchez figura en un documento sellado por el Congreso el pasado 21 de septiembre y recogido por este periódico. En su contestación, el Ejecutivo central comienza explicando que la propia legislación establece que «la aprobación por parte del Consejo General del Poder Judicial de cualquier medida de apoyo precisará la previa aprobación del Ministerio de Justicia, quien únicamente podrá oponerse por razones de disponibilidad presupuestaria , todo ello dentro del marco que establezca el protocolo que anualmente suscribirán ambos a los efectos de planificar las medidas de este tipo que sea posible adoptar.» En ese marco, el Gobierno alega que e l Consejo General del Poder Judicial «ha solicitado medidas por importe de 12.384.577,41 euros» cuando el importe del protocolo previo acordado entre el Ministerio de Justicia y el CGPJ «alcanza los 7.179.842,18 euros» , con lo que es el Consejo General del Poder Judicial había solicitado refuerzos «de 5 .204.735,23 euros por encima del protocolo acordado », según la respuesta gubernamental. A partir de ahí, el documento precisa que el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes ha autorizado medidas de refuerzo por valor de 7.887.634,11 euros, que se traducen en un total de 239 medidas de refuerzo judicial en 2026, «por un importe muy superior al último protocolo firmado». Dichas medidas se distribuyen con 38 en Madrid, en Cataluña 30, en la Comunidad Valenciana 31, en Andalucía 34 incluyendo Sevilla, en Canarias 15, en Castilla y León 20, en Baleares nueve, en Galicia diez, en la Región de Murcia doce, en Castilla-La Mancha seis, en el País Vasco, ocho, en la Comunidad foral de Navarra tres, en Aragón cinco, en Asturias tres, en Extremadura otros tres, en Ceuta dos y diez más en los órganos centrales. Por último, la respuesta gubernamental esgrime que la Ley Orgánica 1/2025 de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia, la polémica regulación conocida como «ley Bolaños» por el ministro del ramo, «recoge medidas distintas a los refuerzos que permiten, asimismo, aliviar la carga de los órganos judiciales». Pero por más paños calientes que intente aplicar la respuesta estatal, lo cierto es que restringir los refuerzos en el servicio público de Justicia no viene sino a agravar la difícil situación del mismo. Así queda de relieve en la memoria anual del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía correspondiente al pasado año 2025 , la última disponible. En dicho informe, emitido la pasada primavera, el TSJA detallaba que el año pasado, su sala de lo Social había ingresado en el conjunto de sus sedes de Granada, Málaga y Sevilla «un total de 10.233 asuntos, un 1,7 por ciento menos que el año anterior» de 2024; pero la cantidad de casos pendientes de resolución a final de año ascendía a 11.813 asuntos, un nueve por ciento más que en 2024. «La cantidad de asuntos ingresados en la sala de lo Social había sufrido un claro repunte en años anteriores (...) . En el año 2021 se detectó un gran incremento de un 45 por ciento, que en 2022 se mantuvo en gran medida. En 2023 se rompió la tendencia y los asuntos ingresados disminuyeron un 24 por ciento, mientras que en 2024 volvió a sufrir un repunte. En 2025, los asuntos han disminuido algo menos de un dos por ciento», explicaba la memoria del TSJA, precisando que ese año 2025 fueron resueltos «menos asuntos que los ingresados», por lo que la pendencia se elevaba así un nueve por ciento más que en 2024. «Aunque se resolvieron un dos por ciento más asuntos que en 2024, no ha sido suficiente para reducir el número de asuntos pendientes», lamentaba el órgano superior de Andalucía. En el caso de la sede sevillana de lo Social, la memoria del TSJA detallaba que en el año 2025 había registrado 4.710 nuevos asuntos, es decir un cuatro por ciento menos que en 2024, pero en paralelo había logrado resolver 4.021, un dos por ciento menos que el año previo. Por eso, la s ala sevillana de lo Social del TSJA cerró el año 2025 con 8.070 asuntos pendientes de solución, un 9,5 por ciento más que el año previo. La tasa de pendencia, que indica una estimación en tiempo medio para resolver la pendencia, o sea los asuntos, era de hasta 24 meses en el caso de la sede sevillana de lo Social, frente a once meses en Granada y cuatro en Málaga, con lo que la sede hispalense es la que arrastra más retrasos. «La tasa de pendencia continúa elevada durante este 2025 y sigue la línea ascendente que comenzó en 2020», indicaba la memoria respecto a la sede hispalense. Su grado de congestión, del 33 por ciento, era también la peor de las tres sedes andaluzas. «Partiendo del criterio técnico, orientativo e indicador referencial fijado por el Consejo General del Poder Judicial, de 310 asuntos por magistrado y año para la sala de lo Social, esa cifra es superada por las tres salas, lo que aconseja incrementar la planta judicial», avisaba el TSJA , precisando que en el caso de Sevilla, la tasa media de asuntos por magistrado se elevaba a 393, muy por encima del promedio aconsejado. Es decir que los indicadores no fallan a la hora de reflejar la necesidad de un mayor refuerzo de la Justicia en el ámbito Social de Sevilla, cuyos órganos judiciales están ya señalando juicios para la próxima década , una señal inequívoca de la saturación del sistema. Ya a comienzos de junio, sin ir más lejos, este mismo periódico revelaba como había sido señalado para febrero de 2030 el juicio relativo a la demanda de un trabajador contra la Seguridad Social, por el reconocimiento de una incapacidad. Como bien recuerdan una y otra vez múltiples voces del sector, una justicia tardía no es verdadera justicia.
