Francia enciende las alarmas sobre la deuda y el costo del ajuste
La Revolución francesa de 1789 fue el detonante definitivo de una transformación del panorama sociopolítico de la humanidad. Su impacto redefinió la relación del ser humano con el Estado: las personas pasaron de ser súbditos a ser ciudadanos, de regirse por la soberanía divina a reconocer la soberanía popular, y de concebir el Estado como un instrumento al servicio del monarca a entenderlo como garante de derechos.
Hoy, casi dos siglos y medio después, Francia vuelve a convertirse en detonante de movimientos de protesta y disconformidad con el sistema, específicamente en torno al costo de la vida y el estado de la educación. Albania, España, Italia, Bélgica y los Países Bajos son algunos de los países cuyos ciudadanos se han sumado a las protestas.
Este artículo no busca posicionarse a favor o en contra de estos movimientos, sino centrarse en una de las principales causas que han corroído la inversión y el financiamiento del desarrollo y han generado fricciones multisectoriales: la gestión de la deuda pública. Esta situación nos obliga, como civilización, a repensar la relación de la ciudadanía con la deuda.
Durante décadas, la Segunda Comisión de la Asamblea General de las Naciones Unidas, encargada de los asuntos económicos y financieros, ha debatido la necesidad de abordar cómo la deuda pública ha pasado de ser un instrumento de capitalización para el desarrollo a convertirse, en muchos casos y principalmente en los países en desarrollo, en un factor de asfixia de la liquidez presupuestaria necesaria para sostener los servicios públicos.
En su reciente informe Un mundo de deuda (A World of Debt), de 2026, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD) reporta que la deuda pública mundial escaló a los 111 billones de dólares.
En 2025, la deuda acumulada de los países en desarrollo ascendió a 35 billones de dólares y sus pagos de intereses alcanzaron los 995.000 millones de dólares. Estos países gastan 500.000 millones de dólares más de lo que gastarían si tuvieran acceso a las mismas tasas de interés bajas que reciben las naciones desarrolladas. La UNCTAD ha advertido de que los países enfrentan una encrucijada brutal: cumplir sus obligaciones de deuda o atender sus compromisos con el desarrollo.
Esta encrucijada es especialmente evidente en el sur global, pero hoy también se manifiesta en naciones desarrolladas como Francia. Esta potencia europea, miembro del G7 y miembro permanente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, tiene una relación entre deuda y PIB del 117%, muy por encima del valor de referencia del 60% establecido en el Tratado de Maastricht, uno de los criterios de disciplina fiscal de la Unión Europea. Además, posee una de las cargas tributarias más altas de la OCDE, lo que dificulta aumentar los ingresos por esa vía.
La situación francesa contrasta con la de otras potencias, como Japón, cuya deuda supera el 200% del PIB, pero está concentrada en un 88% en manos de acreedores nacionales, lo que facilita su financiamiento y gestión por parte del banco central; o Estados Unidos, cuya relación entre deuda y PIB supera el 120%, pero que tiene la ventaja de emitir deuda en su propia moneda, la cual, además, constituye la principal divisa de reserva internacional.
Francia ha utilizado la deuda como un escudo para preservar la paz social, respaldada por su condición de país sistémico para la estabilidad del euro, junto con Alemania. Sin embargo, ha llegado la hora de adentrarse en la discusión perenne sobre cómo garantizar la sostenibilidad fiscal: reducir el gasto o aumentar los ingresos. Según la decisión que se tome, se encenderán o no las alarmas de las calificadoras de riesgo y los mercados.
Este proceso trae consigo reacciones populares y fricciones internas cada vez más fuertes, en un contexto marcado por la velocidad con que se transforman la economía y la sociedad.
Sin embargo, la sostenibilidad fiscal no puede reducirse a una disyuntiva contable entre ingresos y egresos. La dinámica de la deuda también depende del crecimiento económico.
En otras palabras, un ajuste que reduzca el déficit hoy, pero comprometa la productividad, el capital humano o la infraestructura del mañana, podría terminar debilitando la propia capacidad del Estado para honrar sus obligaciones.
Esto no justifica cualquier gasto en nombre del desarrollo, pero sí establece que la composición, la eficiencia y el retorno económico del gasto público deben ocupar un lugar central en la discusión.
La verdadera pregunta no es cuánto estamos dispuestos a sacrificar para estabilizar las finanzas públicas, sino qué estamos sacrificando y cuáles serían las consecuencias para nuestra capacidad de generar prosperidad compartida en el futuro.
Repensar la relación de la ciudadanía con la deuda exige reconocer su carácter intertemporal; es decir, comprender que las decisiones fiscales de hoy condicionan las oportunidades de mañana. En términos prácticos, endeudarse para financiar el desarrollo puede ampliar las posibilidades de las próximas generaciones, pero hacerlo para postergar reformas estructurales puede, por el contrario, hipotecar su futuro.
De igual forma, una consolidación fiscal que comprometa las fuentes futuras de crecimiento puede resultar tan contraproducente como el endeudamiento que pretende corregir. El desafío consiste, entonces, en construir una política fiscal que no solo sea sostenible en términos financieros, sino también económicos, sociales e intergeneracionales.
A fin de cuentas, la deuda pública no es únicamente una obligación del Estado frente a sus acreedores, sino también una responsabilidad frente a sus ciudadanos, tanto los de hoy como los de mañana.
¿Estamos construyendo soluciones para superar una crisis fiscal que garanticen el desarrollo a largo plazo, o podrían esas soluciones comprometer las fuentes de crecimiento, recaudación y estabilidad, y propiciar una nueva crisis de deuda en un contexto de aceleradas transformaciones globales? Que esta crisis nos permita, como planeta, fortalecer la arquitectura financiera internacional.
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Adrián Fernández y Fabricio Madrigal son exasesores legislativos.
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