La Administración española de justicia tiene dos problemas esenciales: uno de independencia y otro de recursos, de medios. Ambos vienen de hace mucho tiempo y se han agudizado bajo este Gobierno, cuyo intento de asalto a la cúpula judicial ha desembocado en un grave bloqueo y en una indiscutible preterición en el reparto del presupuesto. El sistema funciona peor hoy que hace veinte años; hay muchos más litigios y un grave retraso en los procesos que ya entonces eran inaceptablemente lentos. El poder sólo se interesa por el control político e ideológico de los jueces, que a su vez se sienten tratados con arrogancia y desprecio, pero el colapso es general y afecta a todos los estamentos. Los conflictos laborales...
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