Investigan la agresión sexual a un menor de tres años por parte de un pariente con discapacidad psíquica
La Guardia Civil investiga una presunta de agresión sexual a un menor de tres años de edad de forma reiterada por parte de un pariente suyo con discapacidad psíquica reconocida en el municipio vallisoletano de Laguna de Duero. Las diligencias han sido puestas a disposición del juzgado de guardia de Valladolid . El juez tendrá en cuenta los informes de los peritos forenses a la hora de decidir si esta persona es imputable o inimputable en función de la capacidad que tenga de discernir entre el bien y el mal, según publica El Norte de Castilla . Según fuentes jurídicas consultadas por este medio, tener una discapacidad intelectual, no impide ser condenado por un delito. En este caso, el sospechoso de abusar del menor en Laguna de Duero tendría una discapacidad intelectual reconocida del 50%, es decir, de grado 4, una discapacidad grave, cuyos síntomas, signos o secuelas causan una disminución importante o la imposibilidad de la capacidad de la persona para realizar la mayoría de las actividades de la vida diaria. Si se prueba que no puede tener responsabilidad penal no habrá juicio y si se considera su discapacidad como un atenuante, los jueces o tribunales impondrán la pena inferior en uno o dos grados a la señalada por la ley. Que la persona no vaya a la cárcel no significa que sus actos queden impunes, pues el juez puede imponer medidas de seguridad , la más común, el internamiento en un centro habilitado siempre por un tiempo que no puede superar a la pena de prisión que se impondría por ese delito. MÁS INFORMACIÓN noticia No Acepta cinco años de cárcel y «pide disculpas por el daño causado» por el atropello mortal de un padre y su hijo que caminaban por el arcén noticia No Amenaza a su familia con un hacha en una vivienda de Palencia durante un brote psicótico Así, las personas con discapacidad intelectual que se declaren exentas de responsabilidad penal podrán ser sometidas a medidas de seguridad privativas de libertad, como el internamiento para tratamiento médico o educación especial en un establecimiento adecuado al tipo de anomalía que presente, o no privativas de libertad. En este caso se daría la circunstancia agravante de parentesco entre el supuesto agresor y su víctima menor de edad.