Dificultades para votar

A cuarenta y ocho horas de que se cierre el plazo para votar por correo, 470.000 personas que habían solicitado la preceptiva documentación a Correos todavía no han podido ejercer su derecho al voto. Si bien es cierto que los esfuerzos realizados en las últimas horas por parte de la empresa pública han permitido entregar todos los votos solicitados, existen al menos 280.000 españoles que han recibido dos notificaciones en sus buzones pero que no han podido retirar la documentación. Cabe imaginar que, en muchos de estos casos, los ciudadanos ya no se encontraban en la dirección indicada y, previsiblemente, miles de personas habrían iniciado sus vacaciones o emprendido sus viajes sin que la documentación les llegara a tiempo. Aunque en términos estrictamente literales el servicio de voto por correo haya funcionado sobre el límite de los plazos establecidos, no es menos cierto que desde un punto de vista práctico habrá españoles que no podrán ejercer su derecho fundamental o que, para poder hacerlo, tendrán que modificar sus planes con costes personales y económicos. No es una cuestión menor, puesto que casi medio millones de españoles se encontrarán impedidos para hacer uso de su condición de electores o, al menos, se encontrarán expuestos a unas condiciones que pueden acabar siendo disuasorias. Es responsabilidad del Estado facilitar el ejercicio del derecho al voto y ningún ciudadano debería tener que asumir esfuerzos excepcionales para participar en unas elecciones. Aun cuando el empeño por parte de los trabajadores de Correos haya podido ser ejemplar, no cabe duda de que la convocatoria de estas elecciones en una fecha tan insólita como el final de julio es la causa principal de que miles de personas se encuentren con severas dificultades para votar este 23J. El número de afectados supone una cuota nada desdeñable del censo electoral total y, pragmáticamente, las condiciones en las que se celebrarán estos comicios acabarán induciendo a una abstención no voluntaria. Cuando el presidente del Gobierno disolvió las Cámaras y convocó las elecciones, ya era perfectamente consciente de que esta circunstancia altamente excepcional podría favorecer que surgieran incidencias contrarias al normal funcionamiento democrático de las elecciones. Sin embargo, Pedro Sánchez antepuso su interés personal y sometió a Correos a un desafío cuya gestión acabaría por ser casi imposible. Celebrar unas elecciones en un momento en el que gran parte de la ciudadanía se encuentra desplazada y lejos de domicilio habitual suponía, desde el inicio, una temeridad. Las consecuencias prácticas que empezamos a constatar resultan absolutamente intolerables y el hecho de que existan miles de ciudadanos a los que no se les ha brindado en tiempo y forma la alternativa de votar por correo constituye un hecho de una gravedad innegable.