El sanchismo, a examen en Europa

En el momento álgido de la rebelión secesionista en Cataluña, en 2017, la Unión Europea trató de evitar pronunciarse con rotundidad bajo el criterio de que se trataba de un asunto interno. Seis años después, el caso ha llegado a las instancias europeas, obligadas a ser la última barrera para detener un ataque claro contra los principios del Estado de derecho en España, precisamente por el contagio de los efectos de aquel malhadado desafío al orden constitucional. Es lícito deducir que una respuesta europea mucho más rotunda al inicio de la rebelión nacionalista (planeada con la ayuda del autócrata ruso Vladímir Putin, no debe olvidarse) habría evitado muchas de sus desagradables consecuencias. El debate que se ha programado en el pleno del Parlamento Europeo este miércoles constituye la entrada en tromba en las instituciones europeas del « problema catalán » y la amenaza de que esa funesta división que ensombrece el horizonte de las instituciones españolas se contagie a las europeas. Desgraciadamente, también constituye la internacionalización del problema, algo que era uno de los objetivos máximos de los secesionistas porque en este debate se hablará de Pedro Sánchez, pero también de la independencia de Cataluña, con el propio Carles Puigdemont con derecho de palabra. El encargado de trasladar primero al conjunto de la sociedad española y ahora a la política europea la misma división que había infectado a los catalanes ha sido el propio Sánchez, al convertirse en aliado de los secesionistas después de romper su promesa de defender la Constitución y la unidad de España. En esas instituciones comunitarias han puesto millones de españoles sus esperanzas para evitar que su ambición desmedida transforme la democracia española, que fue ejemplo para el mundo, en un régimen iliberal en el que la voluntad de Sánchez sea fuente de derecho y los tribunales se tengan que someter al albur de una azarosa y heterogénea mayoría política de circunstancias. Hasta ahora, la Comisión Europea ha mantenido una distancia demasiado prudente ante la deriva de Sánchez, marcada por las mentiras flagrantes e inexplicables bandazos políticos de un dirigente experto en el engaño. Algunos gestos de particular simpatía de la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, han sido incomprensibles para muchos españoles. Sus funcionarios han pasado por alto todas las evidencias sobre el mal uso (o el nulo uso) de los fondos de recuperación, en contra de las reglas que se habían fijado para vincularlos no solo a los objetivos económicos -que no se han cumplido- sino al respeto y cuidado del Estado de derecho al que quedaron formalmente vinculados. De este modo, el debate del miércoles en el pleno de Estrasburgo va a sacar a la luz todas estas contradicciones en un proceso inédito en la Unión Europea porque concierne a uno de los grandes países y más aún porque afecta a un gobierno socialista, familia política que ha sido implacable en la denuncia de los abusos, aunque lamentablemente solo cuando se trataba de rivales conservadores. Para Sánchez ya nada será igual. Es imposible que de este trámite se desprendan sanciones de ningún tipo, pero después de que una gran parte de la Cámara le saque los colores, el presidente del Gobierno ya no volverá a ser visto en Europa de la misma manera. Y las instituciones europeas y los demás países miembros ya no podrán ignorar que si no frenan sus ambiciones, el futuro de España y de Europa están comprometidos.