La igualdad, de nuevo a subasta

Gobernar un país de mano de quienes tienen como misión prioritaria dividirlo entraña riesgos obviamente letales. Este axioma, evidente en sí mismo, está condenado a manifestarse en cada hito legislativo del Gobierno de Pedro Sánchez. La negociación desesperada del Partido Socialista para sacar adelante los tres decretos que hoy se someterán a votación en la Cámara Baja no sólo está exhibiendo los inestables cimientos de la legislatura, sino que, además, está mostrando hasta qué punto el PSOE está dispuesto a condicionar la igualdad entre españoles con tal de sobrevivir políticamente. Que Junts someterá a un chantaje permanente al Ejecutivo es algo que se hizo evidente desde el acuerdo rubricado en Bruselas con un fugado de la Justicia, pero la reacción del PSOE a la propuesta de castigar a las empresas que no decidan volver a Cataluña evidencia, además, que no existe precio que los socialistas no estén dispuestos a valorar aunque con ello se pongan en riesgo valores fundamentales de la convivencia democrática como son la igualdad entre españoles y de sus territorios o la autonomía empresarial. Junts es hoy una fuerza política en retroceso y representa a una cantidad ínfima de españoles. Pero el muro que Sánchez se afanó en construir ha concedido a los antiguos convergentes un injustificado protagonismo que amplifica el peligro de su proyecto identitario y abiertamente iliberal. Es sintomático que las peligrosas iniciativas de los separatistas catalanes cobraran visos de verosimilitud cuando la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, se negó a rechazar la insólita propuesta de represaliar a aquellas empresas que no opten por regresar a Cataluña. Ese castigo, huelga decirlo, se puede operar de forma positiva o negativa, ya que cualquier tipo de incentivo o beneficio a las corporaciones que sí decidan regresar al territorio catalán constituirá una desventaja o perjuicio para todas aquellas empresas que o bien nunca abandonaron Cataluña o que bien decidieron, con perfecta legitimidad, salir de una comunidad autónoma marcada por una creciente inseguridad jurídica. Recordemos, además, que esa falta de seguridad es fruto de la acción del secesionismo, que por su cuenta y riesgo convirtió a Cataluña en un escenario de singular riesgo para las inversiones. La tibieza con la que el PSOE acoge el chantaje de Junts se hace aún más amenazante en una circunstancia en la que el Ejecutivo ha demostrado una cierta querencia por intervenir en cuestiones que deberían quedar a salvo de la injerencia gubernamental. La libre competencia empresarial es una de ellas. En los últimos tiempos han sido demasiadas las líneas rojas que se han rebasado por primera vez: hemos escuchado a miembros del Gobierno o incluso al presidente señalar públicamente a empresarios, hemos sido testigos de operaciones tan discutibles como el desembarco en Telefónica y nada nos impide pensar que, allí donde lo necesite, el PSOE y sus socios estarán dispuestos a malbaratar la igualdad entre ciudadanos o el imperio de la ley a cambio de un apoyo parlamentario. La amnistía de delincuentes a cambio de votos no fue una excepción, sino que este funesto hito de nuestra historia reciente va camino de convertirse en el acontecimiento fundacional de la nueva forma de hacer política inaugurada por Sánchez y sus leales. Lo que se vendió como un pacto de legislatura no fue más que un chantaje de investidura y todo apunta a que los próximos meses serán un goteo de exigencias y concesiones que el PSOE se verá obligado a administrar para conseguir sobrevivir políticamente en el lado del muro que el presidente del Gobierno decidió elevar voluntariamente.