Juanma Moreno subraya su mayor reparo a la tasa turística: «La pagarían 3,4 millones de andaluces cada año»
El Gobierno andaluz mantiene el diálogo abierto con la Federación Andaluza de Municipios y Provincias y con la CEA para buscar un acuerdo en torno a la implantación de un modelo de fiscalidad turística en la comunidad autónoma. Hay contactos y la primera reunión formal está programada para este mes de mayo. Pero públicamente, los mensajes siguen poniendo el acento en los aspectos que puedan considerarse negativos de la creación de este impuesto que en los positivos. Esta vez fue el presidente andaluz, Juanma Moreno , quien subrayó a preguntas del grupo mixto Adelante Andalucía, cuál es su principal reparo: «Las familias andaluzas que se desplacen por la comunidad autónoma la tendrán que pagar también. En torno a 3,4 millones de viajeros cada año». El presidente andaluz defendió el turismo como un sector económico de referencia, ante mensajes que puedan implicar una cierta 'turismofobia' y destacó que su prioridad es alcanzar el máximo consenso posible: «Es un tema importante con impacto sobre un sector estratégico y por eso es fundamental el acuerdo. No vamos a imponer nada. Por eso en los próximos días habrá una reunión entre la FAMP y la CEA para sentarse, dialogar y ver qué es lo mejor para un sector del que viven tantas familias», apuntó el presidente, quien además incidió en que en España sólo hay tres municipios que aplican una tasa turística: Barcelona, Girona y Palma. El presidente de la Junta de Andalucía subrayó en su intervención uno de los argumentos que está marcando la decisión del Gobierno andaluz: dos terceras partes del turismo que se registra en Andalucía es nacional, y la mitad son movimientos interiores de una provincia a otra. En total, 3,7 millones de viajeros al año . A todos ellos se le aplicaría una tasa implantada por el Gobierno autonómico. Y la Junta es reticente a esa imagen. Como complemento esgrimen sus últimos informes socioeconómicos: el 84% de la población no es partidaria, según sus datos, a impuestos vinculados al turismo. No obstante, el diálogo sigue abierto, como también confirmó el presidente de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias , José María Bellido, partidario de la implantación de esta medida para generar recursos para los ayuntamientos que soportan una mayor presión turística. Por eso, la Junta de Andalucía aunque pone el acento en todo lo negativo elude un rechazo a una propuesta que viene de ayuntamientos, gobernados ya en su mayor parte por el PP. Por ese motivo, desde el pasado mes de diciembre el Consejo de Gobierno y la Mesa del Parlamento mantienen en suspenso la Proposición de ley de Adelante Andalucía en la que se solicita la creación de la tasa turística. Este «bloqueo» fue denunciado por el portavoz de esta formación, José Ignacio García: «Está impidiendo que se debata en el Parlament6o la tasa turística. Va a dialogar con las grandes cadenas hoteleras pero no en el Parlamento», criticó García quien hizo referencia además a las manifestaciones recientes contra el turismo que se registraron en Canarias tirando de refranero: «Cuando las barbas del vecino veas cortar, pon las tuyas a remojar». El presidente andaluz sí puso como ejemplo de su compromiso por un modelo «turístico sostenible» la aprobación recientemente de un decreto que refuerza las competencias ya existentes de los ayuntamientos para fijar límites a las viviendas con fines turísticos. Una medida, que como anunció Moreno, están trabajando para su aplicación en las ciudades de Sevilla y Málaga. Pero no obstante, la aplicación no es sencilla. Dado que se trata de un decreto que no da nuevas competencias ni fija un marco básico. Simplemente deja a los municipios que, dentro del marco legal vigente , fijen medidas de limitación proporcionadas y que respondan al interés general. Precisamente el Grupo Parlamentario Socialista denunció los problemas que está generando la aplicación de este marco normativo para muchos municipios. «No hay ni un solo municipio que haya podido hacer uso del decreto porque la norma se limita a pasar la patata caliente a los ayuntamientos sin ofrecerles el más mínimo instrumento de apoyo. No se han ofrecido ni un diagnóstico, ni recomendaciones, ni directrices para la zonificación, ni ratios de zonas tensionadas ni instrumentos de planificación.