Impuestos al tabaco, RIGI y privatizaciones: la letra chica vuelve a trabar la Ley Bases

Tras la ruptura del bloque de La Libertad Avanza, el tratamiento en comisión de la ley no tiene aún cita prevista y ya se habla de un nuevo plazo para arrancar el tratamiento. Mientras tanto, persisten las diferencias en torno a la letra chica del proyecto. ¿Cuándo se vota?

¿Arranca o no arranca? El debate de la "Ley Bases" se vuelve a demorar en la Cámara de Diputados. Las expectativas estaban puestas en el que tratamiento en comisión iniciara esta semana pero no hubo convocatoria. 

Ante el silencio libertario, las sospechas de los bloques "dialoguistas" son que la ruptura del bloque de La Libertad Avanza trastocó los planes y el debate en comisión pasaría para la semana que viene. Mientras tanto, falta acercar posiciones en varios puntos clave del proyecto.

Cuando el 1 de marzo Milei anunció que volvería a impulsar la ley bases, las  expectativas eran que, a diferencia de la primera versión del megaproyecto, en esta oportunidad su tratamiento sería veloz. 

Pese a que el grueso del texto tendría el aval de los bloques "dialoguistas", entre los que se encuentran el PRO, la UCR y Hacemos Coalición Federal, el tratamiento en comisión no arranca y persisten las diferencias en torno a algunos de los puntos salientes del texto. 

En el medio, el oficialismo sufrió una crisis inesperada: Oscar Zago fue expulsado como presidente del bloque oficialista y, luego de ser reemplazado por el cordobés Gabriel Bornoroni, anunció que amaría un bloque aparte con otros dos diputados que le responden. 

Críticas a la reforma laboral

La reforma laboral que presentó el sector radical con mayor predisposición a acompañar a Milei en la Ley Bases generó ruido. Luego de que un grupo de dirigentes de la UCR llevaran su proyecto a Casa Rosada, se supo que el texto no cuenta con el aval de los propios.

La UCR llevó su reforma laboral a Casa Rosada.

El sector que responde a Facundo Manes dejó en claro que no votará el texto que los libertarios apuntan a introducir en el dictamen de la ley de bases durante el debate en comisión. En concreto, remarcaron que la propuesta que llevaron sus correligionarios es prácticamente una réplica del DNU 70/30 frenado por la Justicia.

Cuestionaron, entre otros ítems, que promueve "la contratación en negro", al reducir considerablemente las multas laborales que deben enfrentar los empleadores que no registran a sus trabajadores.

En Hacemos Coalición Federal también hubo reparos. "La idea era que la UCR ‘sumaba' tres artículos al dictamen y todos los dialoguistas lo votábamos", dijo uno de los diputados de la bancada que conduce Miguel Ángel Pichetto.

Sus expectativas estaban puestas en modificar el período de prueba (que actualmente dura tres meses) y bajar las multas laborales, pero se encontraron con una iniciativa que, además, habilita la implementación de un fondo de cese laboral en los convenios de trabajo (al estilo Uocra) o la posibilidad de que el empleador contrate una aseguradora para que responda a la hora de indemnizar a un trabajador.

Así como también, el proyecto de la UCR elimina las "contribuciones solidarias" que hacen los trabajadores (afiliados o no) a los gremios. E incluso declara a la educación como servicio estratégico y esencial.

El desafío en ese punto, dicen en el bloque de Pichetto, es "bancar todos juntos la parada, sin pelearse con el sindicalismo".

Ley Bases: el Señor Tabaco complica el debate

Los reparos de los dialoguistas no se limitan a la reforma laboral. Sino que son varios. Por caso, la eliminación de los artículos que perjudicaban al 'Señor del Tabaco', es decir, a la tabacalera Sarandí.

En concreto, el último borrador de la Ley bases elimina el artículo incluido en la primera ley de bases, que aumentaba la alícuota de impuestos internos de 70% a 73%. En cambio, mantiene vigente el Impuesto Interno Mínimo que el proyecto original proponía eliminar. 

Con esta decisión del Gobierno, la empresa que le pertenece a Pablo Otero, continuaría beneficiándose de las cautelares a partir de la judicialización del Impuesto Interno Mínimo, que equivale a unos $792,73 por paquete. En los hechos, le posibilita comercializar sus productos a un valor por debajo del valor promedio del mercado, en una competencia desleal.

La decisión del Gobierno de mantener el beneficio del Señor del Tabaco fue fuertemente criticada por el gobernador salteño Gustavo Sáenz. "Sacaron del Capítulo Fiscal la modificación de Impuestos Internos al Tabaco, que iba a terminar con el privilegio de una sola empresa", alertó el mandatario provincial, a quien le responden tres diputados nacionales que forman parte de Innovación Federal.

"Vamos a pedir que vuelvan a poner ese artículo", dijo uno de los diputados que fue a Casa Rosada la semana pasada, a presentar la Reforma Laboral. 

En tanto, en el bloque de Hacemos Coalición Federal insisten con tratar el tema "con seriedad". "En cada reunión lo mencionamos no para trabar, sino para sacar (plata) de ahí y no de laburantes y jubilado", dijeron desde el espacio.

Los bloques dialoguistas también ponen la lupa -una vez más- en la declaración de emergencia administrativa, económica, financiera y energética y en la delegación de facultades en esas cuatro materias. Mientras que algunos de los legisladores dialoguistas piden mayores especificaciones y limitaciones en la redacción del proyecto otros, como la Coalición Cívica, rechazan de plano cualquier tipo de delegación, sin importar el signo político del Presidente que las solicite. Misma postura tendrían los socialistas y Margarita Stolbizer.

Al mismo tiempo, en la UCR no todos comulgan con esos puntos. "¿A él, que dice presidir 'una organización criminal', hay que votarle los poderes y las facultades delegadas?", se preguntó días atrás el presidente del partido, Martín Lousteau. De todas maneras, tanto fuentes radicales como de Hacemos aventuran que las facultades delegadas saldrían. "Muy finito", pero saldrían.

Una vez más, y al igual que en debate de la ley de bases original, siguen las diferencias en torno al capítulo de privatizaciones. En la UCR piden mayor participación del Congreso ante la eventual privatización de las empresas, así como también, rechazan de plano incluir entre las firmas "sujetas a ser privatizadas" al Banco Nación y Aerolíneas Argentinas.

Las críticas de los gobernadores

En la UCR tampoco están del todo conformes con la creación del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) que genera "incentivos, certidumbre, seguridad jurídica y un sistema eficiente de protección de derechos adquiridos". Plantean que el régimen solo alcanza a ciertos sectores, como el minero, dejando de lado a las economías regionales.

Para Pullaro, el RIGI perjudicaría a la industria nacional.

"Estamos muy preocupados por el RIGI que le dan más competitividad a las industrias instaladas con una diferencia impositiva que perjudicaría la industria nacional", lanzó el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, en los últimos días. Saénz y el catamarqueño Raúl Jalil también plantearon sus reparos en torno a ese capítulo.

Clima positivo en Diputados

Más allá de los reparos por parte de los dialoguistas y de una nueva demora en el inicio del debate en comisión, el clima generalizado es que "la ley va a salir". 

También, esas fuerzas entre las que se incluyen el PRO, la UCR y Hacemos Coalición Federal recalzan que "el escenario es mejor que en la primera ley", luego de que el Gobierno se haya mostrado receptivo ante las propuestas y planteos de los legisladores y gobernadores.

"Ya nadie quiere saber nada de la Ley Bases", sintetizó un diputado radical. Es por eso que dan por descontado que acompañarán al oficialismo para que, a más de cuatro meses de llegar a Casa Rosada y con el Pacto de Mayo como fecha límite, Javier Milei tenga su primera ley sancionada.