¿Los funcionarios castristas son, en verdad, servidores públicos?
Son, en realidad, apropiadores de los escasos recursos con los que debían atender los reclamos de la sociedad.
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LA HABANA, Cuba. – En momentos en que el gobernante Miguel Díaz-Canel Bermúdez aboga por incrementar la comunicación entre los funcionarios gubernamentales y la población, con el objetivo de que los primeros intenten explicarles a las masas la génesis de los agobiantes problemas que afectan a los cubanos, sale a la palestra la actitud evasiva de muchos dirigentes y funcionarios que desdicen de la pretendida condición de servidores públicos.
Una información aparecida en el periódico Juventud Rebelde (“¿Hasta cuándo alertar del desentendimiento?”, edición del 24 de marzo) da cuenta de la apreciable cantidad de quejas de la población durante el pasado 2023, publicadas en ese periódico, que no han recibido respuesta por parte de las correspondientes entidades estatales.
Son un total de 84 cartas con planteamientos de problemas que empeoran el ya deteriorado nivel de vida de la población, y que han encontrado oídos sordos entre directores, administradores y otros funcionarios gubernamentales.
Entre los sectores con mayor cantidad de cartas sin respuesta están el de Energía y Minas (por supuesto, los apagones), la Agricultura y el Transporte. Igualmente, destacan en este apartado negativo las entidades subordinadas al gobierno provincial de La Habana, con 30 cartas pendientes de respuesta. Es decir, que el 35% de las quejas no atendidas corresponden a empresas y entidades capitalinas.
Muchas de las justificaciones que se alegan para no responder a las quejas de la población se relacionan con factores objetivos, como las carencias materiales. Pero ello no puede ocultar elementos subjetivos, como la negligencia, el desprecio al cubano de a pie, la desorganización interna en las entidades, así como el escaso control de los jefes sobre sus subordinados.
Tampoco podemos ignorar dos realidades que denotan la deficiente actuación de los funcionarios, aun en los casos en que finalmente se resuelvan las situaciones que dieron lugar a las quejas. En primer término hay una especie de protección a las personas que ocasionaron los problemas. Ha trascendido que solo el 2,4% de los que respondieron a las cartas revelaron las medidas tomadas contra los negligentes. Una situación que se agrava en los casos en que los que no atienden los reclamos de la población sean los directivos de las entidades.
Por otra parte, resalta el hecho de que en incontables ocasiones las quejas de la población no son atendidas hasta que no salen publicadas en la prensa. Abundan los casos de personas que carecen de agua potable en sus hogares; que soportan la existencia de aguas albañales cerca de su vivienda; que denuncian el vertimiento de la basura en las calles; que afrontan la pérdida de sus expedientes laborales, con el consiguiente perjuicio para su jubilación; y que hacen largas colas debido al burocratismo que acompaña a cualquier gestión legal, y que se desgastan apelando a las entidades encargadas de resolver esos problemas, sin que aparezcan las soluciones. Solo cuando las quejas se reflejan en la prensa, y el rostro de los negligentes queda expuesto ante la opinión pública, es que empiezan a surgir algunas soluciones.
Se supo, además, que el número de quejas respondidas en el pasado 2023 es el más bajo de los últimos 15 años, sin contar la etapa pandémica del período 2020-2022. Una tendencia que confirma una de las características más negativas de las economías fuertemente estatizadas como la cubana: a casi ningún empleado estatal le interesa resolver los problemas de la población. No son en realidad servidores públicos, sino apropiadores de los escasos recursos con que debían atender los reclamos de la sociedad. Son los dueños sin rostros de la mal llamada propiedad social.
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