Antidopaje formalizó un nuevo contrato con la empresa señalada por irregularidades tras estallar el escándalo
En agosto del año pasado las alarmas saltaron en los despachos de Antidopaje en Madrid. La búsqueda de una empresa para realizar los controles 'antidoping' fuera de competición había fracasado y, según reconocían en el propio departamento, España se exponía a una sanción si incumplía sus compromisos en la lucha contra las trampas en el deporte. José Luis Terreros, director de la Comisión Española para la Lucha Antidopaje en el Deporte (CELAD), firmó finalmente el contrato el pasado 29 de diciembre: se adjudicó el servicio a la empresa alemana PWC, cuya gestión está incluida en la investigación que el Ministerio de Educación ha trasladado a la fiscalía. La firma se produjo días después de que medios como elDiario.es publicaran las anomalías y cuando ya existía una investigación en marcha en el Ministerio.
Un portavoz de la CELAD afirma que la formalización del contrato siguió los trámites normales y que se hizo después de que obtuviese el aval del Tribunal Administrativo Central de Contratación, de la Abogacía del Estado y de la Intervención General de la Administración del Estado.
La documentación de este proceso de contratación gestionado por la CELAD revela el temor de la agencia española a la presión internacional. Un contrato, valorado en más de un millón de euros, para hacer controles de dopaje fuera de competición previstos en el plan de distribución anual. La licitación se puso en marcha de forma urgente en agosto de 2023 y se adjudicó a esta empresa alemana en octubre, aunque un recurso de otra aspirante retrasó todo el proceso más de un mes y medio. El documento de formalización del contrato fue firmado por la representante de PWC en España el 27 de diciembre y por Terreros, director de la CELAD, el día 29 de ese mismo mes. Este diario ha intentado, sin éxito, obtener la versión de PWC.
Para entonces, las irregularidades en la lucha contra el dopaje en España ya eran conocidas. Por un lado, a través de medios de comunicación como elDiario.es, que informó en exclusiva sobre el caso del velocista Patrick Chinedu, o Relevo, que hizo lo propio sobre esta empresa y la denuncia de que realizaba controles con un solo agente, lo que daba una baza a los deportistas para anular posibles positivos. Pero también porque, desde hacía semanas, ya existía una investigación en el Ministerio después de una denuncia interna que alertaba de irregularidades.
Entre otras, las que supuestamente habrían sido cometidas precisamente por la empresa PWC en anteriores etapas como gestora de estos controles, por ejemplo enviando un solo agente a realizarlos y no dos, como exigía entonces la normativa. El año pasado, la legislación española cambió y aclaró que podían hacerse con un solo oficial.
Para cuando firmó el contrato, que había sido adjudicado en octubre, la dirección de la CELAD ya sabía por tanto que había una investigación interna en marcha y sus superiores ya habían pedido explicaciones a Terreros. Supuestas irregularidades que, más recientemente y después de la firma del contrato, han sido llevadas ante la Fiscalía por parte del Consejo Superior de Deportes por si hubiera algún tipo de delito.
El contrato se adjudicó finalmente a la alemana PWC por sacar mejor puntuación que la otra que concurrió a este proceso urgente, una empresa gallega del mismo sector. El proceso se retrasó hasta que un tribunal administrativo levantó la suspensión y dio luz verde a la firma del contrato. La cronología de su adjudicación revela cómo la propia CELAD tuvo que pisar el acelerador, reconociendo que no podía hacer frente por sí misma a sus compromisos de controles antidoping y cómo España se exponía a una sanción como las que la propia Agencia Mundial Antidopaje ha puesto ahora encima de la mesa tras conocerse las irregularidades.
El origen de este contrato para realizar controles 'antidoping' fuera de competición -no los que se hacen, por ejemplo, a un deportista en un campeonato nacional- está en diciembre de 2022. La CELAD puso en marcha la adjudicación de este servicio porque quedaban apenas tres meses para la finalización del contrato. Se presentaron cuatro aspirantes y ganó una empresa sueca, IDTM, que sacó más puntuación que las demás y presentó una mejor oferta económica.
Esa adjudicación no salió adelante. La CELAD constató deficiencias en la documentación aportada por la empresa y desistió del contrato, término administrativo para hablar de una adjudicación fallida. Unos meses después, en agosto de 2023, el organismo Antidopaje volvía a la carga pero esta vez con un contrato urgente. Y la justificación de la urgencia exponía la magnitud del problema.
"La CELAD se encuentra en la situación de no poder cumplir con su obligación de efectuar este tipo de controles, lo cual supone incumplir con una necesidad inaplazable de elevado interés público", reconocían los propios pliegos. Esos controles fuera de competición, añadía, suponían el 60% del plan de distribución que España se había comprometido a hacer ante los organismos internacionales. Si ese contrato no se adjudicaba rápidamente, añadía, "no se llegará al compromiso adquirido y como consecuencia nuestro país podría verse sancionado por WADA como país no cumplidor del Código Mundial Antidopaje lo que podría tener consecuencias muy severas para el deporte nacional".
El proceso siguió a toda velocidad y la adjudicación fue sellada en octube de 2023 a favor de PWC, que presentó la mejor oferta económica y de puntuación. Un recurso de la otra empresa aspirante paralizó el proceso hasta que fue rechazado a mediados de diciembre, y la adjudicación volvió a arrancar. Los documentos de la CELAD revelan que se adjudicó por 637.900 euros, con la posibilidad de prorrogarlo un año más, en los últimos días de diciembre: el "documento administrativo de formalización del contrato", con membrete de la CELAD y del Ministerio, fue firmado por la representante de la empresa el 27 de diciembre y por José Luis Terreros el 29 de diciembre pocos minutos después de la una del mediodía.
Para entonces, varios medios de comunicación habían informado sobre las posibles irregularidades en controles antidopaje llevados a cabo por esta empresa en años anteriores. Unas posibles irregularidades que, además, circulaban desde hace semanas en el Ministerio después de una denuncia interna, por las que se habían pedido explicaciones además al propio Terreros. Son algunas de las que, finalmente, han sido trasladadas a Fiscalía por parte del CSD y que han derivado en un toque de atención por parte de la Agencia Mundial Antidopaje a poco más de medio año de los Juegos Olímpicos de París.
La CELAD defiende todo el procedimiento y enmarca la firma del nuevo contrato con PWC en la renovación normal y con todos los parabienes del proceso administrativo. También que todo es una tormenta sin base y que la Agencia Mundial estaba informada de los positivos que había dejado sin sanción. Aun así, el hecho de que el CSD llevase a la Fiscalía el informe sobre la gestión de Terreros deja al director de la CELAD, un médico con amplia tradición en el sector, en el alero.