Quinto juicio del 'caso Taula': la financiación en B del PP de Rita Barberá, en el banquillo de los acusados
El juicio por la pieza separada A del 'caso Taula' arranca este martes ante la sección segunda de la Audiencia Provincial de València. En el banquillo se sientan Alfonso Grau, exvicealcalde de València durante el mandato de Barberá, y Mari Carmen García Fuster, exsecretaria del grupo municipal popular, por la presunta financiación en B de las campañas del PP en 2007 y 2011. Estarán acompañados por José Salinas, de la Fundación Turismo Valencia Convention Bureau, y Juan Eduardo Santón, de la Fundación de la Comunidad Valenciana para la Innovación Urbana y la Economía del Conocimiento. El tribunal ha preparado un calendario de 12 sesiones que incluye la declaración de los investigadores de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil encargados de las pesquisas y del interventor del Estado adscrito a la Fiscalía Anticorrupción que analizó las cuentas del PP de Barberá.
Se trata del quinto juicio de la macrocausa tras las vistas correspondientes a la pieza J (con Marcos Benavent, autodenominado 'yonqui del dinero' condenado a casi ocho años de prisión); a la pieza D (con sentencia absolutoria); a la pieza B (que condenó a Alfonso Rus a cinco años de prisión), y a la pieza K (cuyo enjuiciamiento se suspendió el pasado noviembre).
La pieza separada A del 'caso Taula' incluía a un centenar de cargos del PP de València, entre concejales y asesores, por su supuesto papel en el blanqueo de fondos para la campaña electoral de 2015 mediante la técnica del 'pitufeo'. Sin embargo, un polémico auto, dictado por la sección cuarta de la Audiencia Provincial de València y con un contundente voto particular de la magistrada Clara Bayarri, tumbó el grueso de la causa.
Así, en el banquillo se sentarán finalmente cuatro acusados en relación a la presunta financiación en B de las campañas electorales de Rita Barberá en 2007 y 2011. Alfonso Grau ya fue condenado por cohecho y es uno de los principales investigados del 'caso Azud'.
La investigación de la pieza A se inició tras la confesión del asesor popular Jesús Gordillo, que aportó documentación a la UCO sobre el entramado de Laterne, del fallecido empresario Vicente Sáez. Gordillo confirmó que solo en la campaña de 2007, una serie de empresas pantalla vinculadas al grupo Laterne recibió 2,6 millones de euros. Los fondos provenían de empresas contratistas del Ayuntamiento de València.
Entre otros gastos, una de las firmas de Laterne pagó 233.401 euros para un mitin de Mariano Rajoy en València, que en la documentación aparece anotado como “M. Rajoy”.
La instrucción del 'caso Taula' descubrió que el PP de Rita Barberá manejaba una cuenta en B, cuya contabilidad desde 1995 estaba manuscrita en una libreta de María del Carmen García Fuster, secretaria del grupo y persona de la máxima confianza de Rita Barberá. Una cuenta "descontrolada y, en gran medida, opaca”, según apuntó el juez instructor.
En la campaña de 2007, los fondos manejados a través del entramado de Laterne superaron “con seguridad y ampliamente” el millón de euros y pudieron “superar la cota” de los dos millones, según las pesquisas de la UCO.
Entre las empresas que aportaron fondos, tal como detalla la documentación entregada por Gordillo, figuran Secopsa, Agricultores de la Vega de Valencia, Lubasa, Pavasal, Luján o el Grupo Rover Alcisa. En el caso de Secopsa (solo entre 2006 y 2008 obtuvo casi 100 millones de euros en adjudicaciones del consistorio), la firma aportaba a Laterne “todos los años cantidades redondas, sin justificación contractual alguna”, según el instructor de la causa.
En la campaña electoral de 2011, una vez desaparecida Laterne, el PP de València recurrió a otro supuesto entramado empresarial. La formación que lideraba Rita Barberá “llevó a cabo un gasto muy superior al del partido a nivel provincial”, obviando además la normativa electoral en materia de financiación, según concluyó la instrucción.