Un juez obliga a una víctima de violencia machista a vivir en la ciudad de su maltratador para que él vea a sus hijos
Es asturiana, pero se fue a vivir a Vitoria cuando terminó sus estudios y, el que por aquel entonces era su pareja, encontró trabajo en la capital alavesa. Se casaron en 2014 y los malos tratos comenzaron pronto. Como ella misma relata (prefiere mantener su identidad en el anonimato), los insultos y vejaciones empezaron durante su primer embarazo; la primera agresión física, tras el nacimiento de su hijo mayor.
Después de un periplo judicial que comenzó hace cinco años, cuando lo denunció por malos tratos, consiguiendo una sentencia firme que lo condenó por violencia machista; tras tres años viviendo en Gijón (Asturias) con sus dos hijos, absolutamente integrados en el entorno familiar y escolar; ahora, un juez la obliga a volver a Vitoria para que los niños puedan ver a su padre según el régimen de visitas instaurado en la sentencia del segundo juicio civil que mantuvieron por su divorcio.
La Ley de Protección a la Infancia prohíbe desde 2021 otorgar un régimen de visitas a un progenitor condenado por violencia de género, pero tanto la condena por malos tratos como la sentencia de divorcio son anteriores a esta legislación. Aún así, esta ley menciona también algunos aspectos en pro del interés superior del menor y es a los que se agarra el Juzgado de Violencia de Género de Vitoria-Gasteiz, aludiendo a la condena por malos tratos.
Sufrió cinco años de matrimonio en los que hubo insultos, gritos, humillaciones y golpes. En agosto de 2019 se decidió a denunciar a su maltratador. La propia víctima relata cómo su exmarido le propinó una patada que la tiró al suelo, mientras ella sujeta a uno de sus hijos en sus brazos, o cómo, en otra ocasión, le dio un puñetazo en la boca mientras iba conduciendo. Fue condenado por tres delitos de violencia de género: un delito de maltrato de obra, un delito de lesiones, y un delito continuado de vejaciones. Por todo ello, cuatro meses y 15 días de prisión y 80 días de trabajos a la comunidad.
“No le conté a nadie lo que me estaba pasando hasta un mes antes de presentar la denuncia, que hablé con mi madre”, relata esta víctima de malos tratos, que reconoce no haber denunciado antes por sentir “vergüenza” de lo que le estaba pasando. “Yo soy fuerte, toda la vida lo fui. ¿Cómo iba a contar lo que me estaba sucediendo?, me sentía tan tonta”, afirma.
Tras el divorcio la custodia de los niños correspondió a la madre, pero con un régimen de visitas para el padre, ya que la jueza consideró en aquel momento que los niños debían mantener a sus “figuras primarias” cerca. Esto incluía que la madre debía continuar viviendo en Vitoria, y así fue. Estuvo un año y medio viviendo allí con sus hijos. Sola, sin familia, aislada y con su maltratador viviendo a 300 metros de su casa.
“Yo vivía en una ratonera. Él se mudó a 20 metros del parque donde llevaba a mis hijos, a 20 metros del centro de salud, su familia me insultaba por la calle, cuando acudía a los intercambios a recoger o a dejar a mis hijos, porque le apoyan a él”, cuenta.
Asegura que dejó de salir de casa y la pandemia la aisló todavía más en una ciudad en la que todo le acabó resultando hostil, su maltratador la acechaba y la soledad la ahogó. Así, en febrero de 2021, se fue a vivir a Gijón para estar cerca de su familia, de su madre y de su gente.
Su exmarido la denunció por llevarse a los niños de Vitoria y fue condenada a nueve meses de cárcel por desobediencia judicial. “Me condenan a nueve meses de prisión por huir de un infierno y a él a cuatro meses por maltrato”, lamenta.
El juez considera en su sentencia que la decisión de mudarse fue tomada unilateralmente por la madre, que ha perjudicado a la relación que los hijos mantienen con su padre y que no queda acreditado que el traslado a Asturias haya sido beneficioso para ellos, por lo que “deviene imprescindible restablecer y restaurar dicha relación paterno-filial".
Recurrirá esta sentencia ante la Audiencia Provincial de Álava. "Tengo un trabajo fijo, mi gente está aquí, los niños están bien en el colegio y no quieren volver con su padre, le tienen miedo”, asegura la mujer quien aportó durante el proceso judicial el testimonio de dos profesoras del colegio de los niños en el que ambas destacaban la buena integración de los menores en el centro y en su nuevo centro.
También informaban del extraño comportamiento que había manifestado el hermano pequeño tras acudir a dos visitas con su padre. “Se orinó encima”, cuenta su madre. La Fiscalía se alineó con la defensa y pidió que la mujer se quedara con los menores en Gijón.
Además durante el proceso se presentó un informe pericial psicológico de familia, elaborado por un equipo psicosocial judicial y al que ha tenido acceso elDiario.es Asturias, en el que se explicita que la figura paterna revela indicios de “pobre control de impulsos y comportamiento agresivo en el contexto de pareja, con señales de exposición de los menores a episodios de violencia”. Asimismo se incluye que “se observan señales de proyectar su posición de afectado a los menores, sugiriendo dificultades para mantenerlos al margen de la problemática y fomentar relaciones filio parentales positivas y saludables”.
El lunes pasado le cambió la vida cuando recibió la sentencia, asegura que cuando te decides a poner la denuncia crees que ya se acabó todo, pero no terminas de ver la luz al final del túnel. “Yo tengo que pelearme con la justicia y él, condenado por malos tratos, se siente poderoso”, lamenta.
“No tengo miedo de lo que me haga a mí, lo que me da miedo es que mate a mis hijos”, asegura esta madre que se niega a volver a Vitoria a pesar de que sabe que esa desobediencia le puede costar el ingreso en prisión. “Solo necesitamos vivir tranquilos y sin miedo”, pide.