La Comisión de Venecia centra su examen a la ley de amnistía en el Congreso en "cuestiones técnicas"
Dos horas de preguntas y respuestas sobre la posición de los partidos políticos ante la ley de amnistía. Ha sido la duración del examen que la Comisión de Venecia ha realizado a los grupos representados en la Comisión de Justicia del Congreso sobre la norma, todavía en tramitación, en el marco de una serie de reuniones con diferentes estamentos políticos y sociales españoles a petición del PP. El organismo, sin vinculación con la UE, emitirá un dictamen a mediados de marzo, aunque podría adelantarlo si lo requieren los grupos. En cualquier caso, se emitirá antes de su aprobación definitiva.
Las preguntas de la Comisión se han centrado en "cuestiones técnicas" del procedimiento de tramitación de la ley, según han señalado a los periodistas varios de los grupos presentes al final de la reunión. Unos y otros han coincidido en que los miembros del organismo, juristas de reconocido prestigio de los países que integran el Consejo, han reclamado información, por ejemplo, sobre por qué se ha elegido la proposición de ley en lugar del proyecto de ley,
El portavoz socialista, Francisco Aranda, ha explicado que el vicepresidente del grupo, el holandés Martin Kuijer, ha asegurado al final de la reunión que su misión no es valorar la idoneidad de la ley, sino si los trámites legales que permiten definir lo que es un Estado de derecho se cumplen o no. "No valoran si es buena o mala", ha sostenido. Otros portavoces han coincidido en que el trabajo de los expertos será "técnico" y "sin valoración política".
Los grupos han intentado convencer de su posición a los miembros de la comisión. Desde el PSOE han insistido en "la conveniencia" de la ley, de que es "sólida, impecable, constitucional y que viene a resolver un problema político", según ha explicado Aranda. El diputado socialista ha defendido que los indultos son "una prerrogativa" del Gobierno, pero que optaron por la proposición de ley para la amnistía para dar mayor protagonismo al Poder Legislativo.
Frente al relato del PSOE, el del PP, muy centrado en la parte política de la norma. La portavoz adjunta, Cayetana Álvarez de Toledo, ha defendido ante los miembros de la Comisión de Venecia que "el Estado de derecho está en riesgo" no solo en España, sino también en Europa, por elevación La diputada ha sostenido que en Europa existe "preocupación" por la ley de amnistía.
Álvarez de Toledo ha enmendado el discurso del PSOE para sostener que la ley no busca ningún tipo de normalización política en Catalunya, sino que es un caso de "corrupción" al ser un intercambio para mantener a Pedro Sánchez en la Moncloa.
El PP ha trasladado a los enviados del Consejo de Europa que la ley es "incompatible con la Constitución" y con el Estado de derecho no solo de España, sino de Europa. Ha sido la diputada quien ha denunciado durante su exposición la incorporación de la enmienda pactada por el PSOE con Junts para intentar sortear las investigaciones judiciales por terrorismo. Desde otros grupos han sostenido que los examinadores no han hecho ninguna pregunta al respecto.
Sí han cuestionado sobre las comisiones de investigación que quieren analizar las actuaciones judiciales en las diferentes causas instruidas contra el procés. Una de las principales preocupaciones de las asociaciones de jueces, y uno de los puntales del PP contra el Gobierno. Desde el PSOE han sostenido que son cuestiones diferentes a la ley de amnistía, mientras la oposición ha incidido en que desde el Ejecutivo se producen ataques a los jueces y acusaciones de 'lawfare'.
El periplo de la Comisión de Venecia continuará con una visita al Senado, donde se entrevistarán de forma individual con los diferentes grupos, al CGPJ, al Centro de Estudios Políticos y Constitucionales o a las asociaciones de profesionales relacionados con la judicatura.
Los miembros de la comisión han trasladado a los diferentes actores que pueden remitir por escrito las consideraciones y documentación que consideren oportunas para la realización del dictamen que, según ha revelado la representante del PP, está previsto para el 15 de marzo, aunque podría adelantarse si así lo requieren las partes consultadas.