La Justicia anula la incorporación del jefe de la UCI de La Paz y acerca la reapertura de la unidad
El doctor Pedro de la Oliva no podrá volver a su puesto de jefe en la UCI pediátrica del Hospital La Paz de Madrid. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha estimado el recurso interpuesto por la Comunidad de Madrid contra la resolución de un juzgado de la capital que, en junio del año pasado, ordenaba su incorporación al servicio. La mayoría de sus compañeros, que le atribuían comportamientos agresivos e intimidatorios, se negaron a trabajar con él. Y esa decisión judicial acabó derivando en el “cierre técnico” de la unidad por la renuncia del resto de médicos ante su regreso.
Ahora, los jueces revocan la ejecución de esa sentencia después de que, esta misma Sala de lo Contencioso-Administrativo acordara hace una semana avalar el cese del doctor decretado por la Comunidad de Madrid. En la resolución, fechada este viernes, subrayan que “carece ya de objeto” la ejecución de una sentencia que ha sido revocada. En esa resolución, los magistrados consideraron que la “situación de conflictividad” que se vivía en la UCI pediátrica y los distintos hechos en los que esta situación se “exteriorizó” justificaban “suficientemente” su cese en el puesto de libre designación que venía ocupando desde 2013.
Esos “hechos” eran la existencia de un escrito de queja ante el “comportamiento agresivo e intimidatorio” del doctor firmado por 37 de sus compañeros médicos del hospital infantil, la presentación de 15 solicitudes de “conflicto interno y acoso” o los “diversos” conflictos que mantenía con el personal de enfermería. Con estos elementos, los jueces del TSJ de Madrid entendieron, a diferencia de la sentencia anulada, que el cese no se justificó únicamente en la existencia de una situación de acoso, sino, principalmente, en “necesidades organizativas”. Unas necesidades que, a juicio de los magistrados, se basan en un cambio en las condiciones que se tuvieron en cuenta para nombrarlo como jefe. En concreto, de sus habilidades en la gestión de personas.
La sentencia conocida este viernes es el último capítulo de un enquistado conflicto laboral que se remonta años atrás. Y abre la vía definitiva a su resolución. El pasado viernes, tras conocer la primera resolución, la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, afirmó que la UCI podría recuperar su actividad “lo antes posible”.