Universidades propone crear 4.200 plazas de profesor para mejorar las condiciones laborales de las plantillas y cumplir la ley

El Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades ha ofrecido a las Comunidades Autónomas, universidades y sindicatos la creación de 4.200 plazas de profesor ayudante doctor. Esta medida, adelantada por la Cadena Ser, tiene como objetivo reducir la presencia del profesorado asociado en los campus y mejorar las condiciones laborales de las plantillas, una exigencia de la nueva ley del sector, la LOSU. "El objetivo es facilitar el rejuvenecimiento y la consolidación de las plantillas universitarias", explican fuentes del ministerio. Las plazas son de nueva creación y no computan para la oferta habitual que realizan los respectivos rectorados, se suman a ella.

El grupo de trabajo que Universidades ha creado para abordar el asunto con las comunidades y la Conferencia de Rectores (Crue) se reúne este jueves para discutir las cifras y plazos, aunque fuentes universitarias adelantan que los rectores habían calculado que harán falta entre 5.000 y 6.000 nuevos profesores, una cifra ligeramente superior a la planteada por el ministerio.

La propuesta del departamento que dirige Diana Morant incluye hacerse cargo económicamente de un tercio de esas plazas (1.364), obligación que en principio correspondería a las comunidades autónomas (con las competencias transferidas, son quienes financian a las universidades). Los profesores ayudantes doctor son el primer escalón en el acceso a los cuerpos universitarios, sus contratos duran habitualmente seis años sin posibilidad de renovar y dan acceso a posteriori, al menos sobre el papel, a la estabilización, sea mediante la figura del funcionario o los nuevos contratos laborales permanentes que incluye la LOSU.

El Ministerio de Universidades se compromete a financiar estas 1.364 plazas durante seis años (las comunidades tendrían que hacerlo con el resto) porque, explican fuentes universitarias, pasado ese plazo se tiene que haber alcanzado ya la financiación universitaria del 1% del PIB que impone la ley en su artículo 55. Cuando esta cifra sea una realidad, sostienen las fuentes, ya habrá suficientes fondos como para que los rectorados se hagan cargo del profesorado que venga a relevar a estos.

Fuentes del ministerio explican que el programa se desplegaría en cuatro años, "comenzando en este 2024 para impactar en las necesidades del curso 2024-2025". El departamento que dirige Morant propone a las comunidades dos calendarios posibles de aplicación: ambas opciones contemplan que las 1.364 plazas que financiará el Gobierno central se creen ya de cara al próximo curso, y deja a los Gobiernos autonómicos decidir si añaden otras 736 en ese mismo curso e ir completando los siguientes tres años hasta alcanzar las 4.200 totales o si prefieren empezar con sus plazas a partir del 2025-26. En los dos casos, recuerda Universidades, el proceso debe estar concluido en junio de 2028.

"La propuesta también incluye una nueva consideración de plazos para calendarizar el desarrollo de la LOSU desde el próximo curso y hasta el final del curso 2027-28 (junio 2028). Es decir, en ningún caso se contempla un retraso en su entrada en vigor y aplicación, sino únicamente su necesaria flexibilización", aclaran las fuentes del ministerio.

Los asociados son los docentes más precarios de la Universidad y se multiplicaron en las facultades cuando, a raíz de la crisis de las hipotecas de la pasada década, los sucesivos gobiernos congelaron la incorporación de funcionarios. Pero como las universidades seguían necesitando trabajadores recurrieron a esta figura, pensada cuando se creó para ejercer como un profesional externo experto en un área que impartía unas pocas horas de clase sobre su especialidad. Pero la tasa de reposición cero acabó convirtiendo esta figura en casi la única contratable, por lo que acabaron siendo el sostén de la docencia en algunas universidades desde entonces, pero con unas condiciones laborales mucho peores que las de sus compañeros titulares o ayudantes.

La LOSU se propuso acabar con (parte de) la temporalidad y la precariedad en los campus, para lo que rebaja del 40% actual –aunque muchos campus no lo estaban cumpliendo– al 8% el máximo de contratos de carácter temporal del personal docente investigador. Para ello reduce la carga lectiva de algunas figuras y articula "vías de entrada adecuadas para que continúen la carrera académica si cumplen determinados requisitos. Asimismo, se incentivan programas de estabilización y promoción de forma transitoria". El resultado de todo esto es que los campus van a necesitar más profesorado, origen de la oferta de estas 4.200 plazas que realiza el Ministerio, que los rectores calculan escasas y que UGT sostiene que "no dan para nada a razón de 80 plazas por universidad".

Todos ellos, y las comunidades autónomas, tendrán ocasión de opinar este mismo jueves a partir de las 10.00, cuando se reúnan con el ministerio. Universidades recuerda que su oferta de cofinanciación se hace "por el principio de corresponsabilidad" porque no está obligada (la financiación corresponde a las comunidades autónomas) y advierte de que no contempla retrasos en la aplicación de la LOSU.