Ayuso y Almeida
Son dos asuntos bien distintos, pero reveladores ambos de la índole de los personajes que hoy gobiernan en la Comunidad y el Ayuntamiento de Madrid.
En la Asamblea madrileña se debatía este jueves sobre el infame protocolo aprobado durante la pandemia que impidió el traslado desde los geriátricos públicos a los hospitales de miles de ancianos en estado grave que carecían, mayoritariamente, de seguros privados de salud. La presidenta de la comunidad, Isabel Díaz Ayuso, se había referido con anterioridad a este tema, pero nunca de la manera tan descarnada como lo hizo este jueves. Alegó que en la pandemia “había muertos en todas partes, en las casas, en los hospitales, en las residencias” y que los ancianos enfermos “se iban a morir igual”. Se trata de una afirmación tan miserable como falsa. En torno a un 65% de residentes que tuvieron la suerte de ser hospitalizados se salvaron; es decir, no estaban condenados a una muerte inexorable. Los muertos en las residencias durante la pandemia alcanzaron la espeluznante cifra de 7.291; muchos seguramente habrían fallecido aunque se les hubiera atendido en un hospital, como sostiene Ayuso, pero es muy probable que otros se hubiesen salvado. No solo eso: incluso los que hubieran muerto lo habrían hecho de una manera menos dramática y deshumanizada gracias a las atenciones sanitarias que puede proporcionar un centro hospitalario. No hay más que repasar los testimonios escalofriantes de personal de las residencias para saber cómo morían entre ahogos, convulsiones y gemidos de dolor los ancianos en esos centros, que estaban “abandonados” por la administración, como contó un policía que acudió a un levantamiento de cadáveres, y carecían de medios para actuar contra la Covid o para procurar al menos una muerte menos dolorosa a sus inquilinos.
Yo no sé si Ayuso es plenamente consciente de lo que dijo en la Asamblea. Por una parte, admitió que se había privado a miles de ciudadanos del derecho a la salud y la vida con el argumento de que estaban predestinados a morir, lo cual es de una vileza inaudita. Por otra, puso en entredicho el profesionalismo de los médicos que trabajan en los hospitales públicos al sentenciar que de nada habría servido poner en sus manos a dichos enfermos de las residencias, pues hubieran muerto de todas maneras. Y dejó en evidencia la situación de precariedad en que se encontraban las residencias, dependientes del Gobierno que ella misma encabeza. Pero, además, y no menos importante, lanzó un aviso nítido de lo que ella y su partido entienden que debe ser España: una jungla donde el derecho a servicios básicos de calidad esté reservado cada vez más a quienes se pueden permitir seguros médicos o educación privados. Dentro de esta forma de entender el bien común, la mayoría de los 7.291 muertos en las residencias eran desechables que no merecían que la sociedad los protegiera en sus horas más difíciles. Algunos permanecieron varios días muertos en las residencias hasta que la policía levantó los cadáveres. Eso es lo que promueven Ayuso y sus copartidarios: la privatización total del sistema y la implantación de la doctrina despiadada de que el pobre lo es porque quiere, porque no hace el esfuerzo suficiente para estar en el bando de los afortunados.
El otro asunto concierne al alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, y la mascletà que ha organizado para este domingo en Madrid Río, junto al Manzanares, en la que se detonarán 307 kilos de pirotecnia. Una asociación animalista, Salvando Peludos, intentó detener esta exhibición faraónica de fuegos artificiales alegando el daño que puede causar a más de 150 especies animales e invocando la obligación que tiene el Ayuntamiento de proteger la vecina Casa de Campo, catalogada como Bien de Interés Común. Un juzgado de lo contencioso-administrativo rechazó aplicar las medidas cautelares señalando razones de trámite, sin entrar en el fondo de la demanda. El auto judicial detalla cómo se desarrollará el evento: tendrá tres partes de cuatro minutos cada una, con “truenos de diferentes calibres” y una “sección terremoto” con explosiones de “infinidad de truenos”. Como Dios manda. ¿Se ha aportado algún estudio de impacto ambiental para celebrar esta fiesta? Ni falta que hace. Que los woke suelten si les viene en gana sus monsergas sobre la defensa de los animalitos y el ecosistema, pero la mascletà va porque va.
Y, a todas estas, ¿a cuento de qué se va a celebrar en Madrid esta estruendosa fiesta tan típicamente valenciana? Muy simple: porque, antes de las elecciones municipales de mayo de 2023, Martínez-Almeida prometió a la entonces candidata del PP a la alcaldía de Valencia, María José Catalá, que si ambos resultaban elegidos lo celebraría con una enorme exhibición pirotécnica en Madrid, a la que invitaría a Catalá y al presidente de la Generalitat, Carlos Mazón. Y, como persona de bien, ha cumplido con su palabra. Eso sí, no con dinero de su bolsillo o de su partido, que es lo que correspondería, sino de todos los madrileños, que sufragarán los 46.000 euros que cuesta este compadreo entre dirigentes del PP. No pueden evitarlo. Tienen tan interiorizado que España es su cortijo que quizá ni se dan cuenta de la arrogancia de sus actos.