Los empresarios investigados en el 'caso Koldo' presumían de tener un "pase especial" en el Ministerio de Ábalos
Los pinchazos telefónicos ordenados por el juez del 'caso Koldo' han permitido a los investigadores constatar que los empresarios beneficiados por las adjudicaciones de mascarillas presumían de tener "un pase especial" en el Ministerio de Transportes. Así consta en una intervención telefónica del pasado mes de octubre en la que el empresario Juan Carlos Cueto llama a uno de sus colaboradores y ambos comentan que el también empresario Víctor Aldama, imputado al igual que los dos anteriores, tenía "un pase especial" en el Ministerio.
La conversación es intervenida el 10 de octubre de 2023 y un extracto aparece recogida en el auto dictado hoy por el juez Ismael Moreno para imponer medidas cautelares a Juan Cueto, que desde este miércoles tiene prohibida la salida del país. Las conversaciones intervenidas se producen a raíz de una investigación del Ministerio de Hacienda a algunos de los investigados, lo que provoca un cruce de llamadas entre ellos. "Aldama y Koldo –asesor titular del ITMA– tenían vinculación directa con motivo de los contratos investigados" , añade el auto, que refiere igualmente conversaciones del pasado otoño pero relacionadas con las adjudicaciones de 2020, en plena pandemia.
En esa época, Koldo García, el antiguo asesor de Ábalos, mantenía "medidas de seguridad en sus encuentros" con otros investigados, relata el juez. Según la Guardia Civil, Koldo García se valía de su mujer, también imputada, para trasladar mensajes a terceros al tiempo que evitaba conversaciones por teléfono. García concertaba encuentros con ellos, "independientemente del lugar de residencia de los interlocutores y de la duración del encuentro".
Los investigadores también han detectado que Koldo García "dispone de billetes de 500 euros para sus gastos diarios". Así pagó, por ejemplo, en el restaurante La Chalana el 6 de noviembre de 2023. Los pinchazos también ponen de manifiesto la existencia de una "caja fuerte" que manejaba el asesor de Ábalos y su mujer, Patricia Úriz.
En el auto de medidas cautelares impuestas hoy al empresario Cueto se le atribuye un delito adicional al de resto de investigados. Además de organización criminal, tráfico de influencias, blanqueo de capitales y cohecho, el empresario está acusado de un delito fiscal al dejar de ingresar a la Hacienda Pública un total de 200.000 euros por el impuesto de sociedades de Soluciones de Gestión –la adjudicataria de los contratos investigados– en el ejercicio de 2020.
El juez considera que “un dato sumamente relevante y revelador” del papel que Koldo García pudo desempeñar en la adjudicación de los contratos es el “notable incremento patrimonial” del que disfrutó entre 2020 y 2022 y que “no se corresponde con los ingresos procedentes de sus actividades oficiales”. En sólo dos años acumuló más de 1,5 millones de euros de patrimonio cuando su sueldo como cargo público era de alrededor de 100.000 euros anuales. Además, entre él y su mujer compraron tres pisos en Benidorm y sus cuentas bancarias recogen más de 138.000 en ingresos en efectivo “sin justificación alguna”.
No obstante, los mayores beneficios los habrían obtenido los empresarios implicados. Los informes aportados al sumario acreditan que las adjudicaciones generaron un “beneficio económico” a Aldama de 5,5 millones de euros, mientras que en el caso de Juan Carlos Cueto esa cifra habría ascendido a los 9,6 millones de euros. Además, parte del dinero de las mordidas fue supuestamente destinado a la compra de fincas en el municipio de Carballeda de Valdeorras (Ourense) o trasladado a cuentas bancarias en Brasil y Luxemburgo.