Dos catedráticos de la Pompeu Fabra cobraron sin permiso del centro casi 300.000 euros al año en el sector privado
Dos prestigiosos catedráticos de Economía de la Universitat Pompeu Fabra (UPF), José García Montalvo y Teresa García-Milà, han compaginado sus puestos de profesores funcionarios a tiempo completo con la participación en consejos de administración de grandes empresas por las que han cobrado cientos de miles de euros al año.
Hasta finales del año pasado, ninguno de los dos académicos había solicitado formalmente a la Pompeu Fabra el permiso para poder compaginar ambas tareas, tal y cómo requiere la normativa. Lo pidieron el 19 de noviembre y el 10 de diciembre respectivamente, pocos días después de que su caso hubiese sido denunciado a la Oficina Antifrau de Catalunya (OAC).
Montalvo es, desde 2014, miembro del consejo de administración de Abanca, por el que recibe unos 275.000 euros al año, según figura en las cuentas de la entidad remitidas a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Garcia-Milà es, desde 2019, miembro del consejo de administración de Repsol, actividad por la que ha percibido 287.000 euros al año. En 2023 la cifra ascendió a 347.000 euros.
Tras recibir sendas solicitudes de compatibilidad, la universidad les denegó el permiso al considerar ambas tareas incompatibles con la dedicación a tiempo completo. Los catedráticos pasaron entonces a un régimen de dedicación a tiempo parcial.
Según una resolución de Antifrau obtenida por elDiario.es, el organismo consideró que las incompatibilidades de Montalvo y Garcia-Milà eran “absolutas” y apuntaba “indicios de fraude o corrupción” en la compaginación de ambas tareas sin el debido permiso de la universidad. Posteriormente Antifrau cerró el caso después de constatar que ambos habían pasado a un régimen de tiempo parcial.
Ambos docentes han asegurado a este periódico que en el pasado pidieron permiso “de manera informal” a la Pompeu Fabra y se les trasladó que no había ningún problema en compaginar su asistencia a sendos consejos de administración con el régimen de dedicación a tiempo completo.
“La información de la que he dispuesto durante este tiempo ha sido que no debía solicitar la compatibilidad por el pequeño número de horas que destinaba a tareas fuera de la universidad”, asegura Garcia-Milà. Montalvo se expresa de manera similar y añade que su actividad privada "no ha afectado en absoluto" sus "labores de docencia e investigación".
Los dos profesores tienen y han tenido puestos de responsabilidad dentro de la estructura de la Pompeu Fabra. Montalvo es miembro del consejo de Gobierno de la universidad, hasta mediados de febrero era comisionado de Política Científica y recientemente ha sido nombrado representante de la UPF en un consorcio y diversas fundaciones.
Garcia-Milà dirige la Barcelona School of Economics, institución formada por la UPF, la Universitat Autònoma, el Instituto de Análisis Económico del CSIC y el Centre de Recerca en Economia Internacional (también vinculado a la UPF). Ambos han sido también vicerrectores en el pasado.
La resolución emitida por Antifrau es lo que se conoce como una “evaluación previa de veracidad”, una conclusión preliminar en la que este ente público trasladó una advertencia a la UPF ante las "irregularidades constatadas". Antifrau también instó a la universidad a que le notificara qué medidas había tomado respecto a los dos docentes.
En respuesta a preguntas de este medio, la UPF admite que han detectado que "en algunas ocasiones puntuales" los "mecanismos y procedimientos" para solicitar compatibilidades "no había funcionado correctamente". "Hay margen de mejora", añaden.
Sobre si se tomará alguna medida respecto a ambos catedráticos, la Pompeu Fabra responde: "Debemos valorar si corresponde o no poner en marcha internamente algún otro procedimiento ahora que la OAC ha cerrado el caso".
Por otro lado, la universidad ha remitido un correo a todo el personal docente recordando el régimen de incompatibilidades. Fuentes de la universidad aseguran que, antes de empezar el curso siguiente, se hará firmar a los profesores una declaración responsable sobre el conocimiento de esta normativa para evitar casos similares en el futuro.