El Govern balear del PP prepara una nueva reclamación para recuperar el dinero de las mascarillas del 'caso Koldo'
En pleno estallido del 'caso Koldo', el Govern balear del PP está preparando un nuevo expediente para reclamar los 3,7 millones de euros abonados durante la pasada legislatura por la compra de 1,5 millones de mascarillas procedentes de China a través de la compañía instrumental implicada en la causa, Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas SL. Una adquisición que, finalmente, no respondió a las necesidades del anterior Ejecutivo dado que los cubrebocas no cumplían con los requisitos de una FFP2, que era el material de protección que esperaba recibir el anterior equipo de gobierno.
Así lo ha informado el diario Última Hora y lo han confirmado a elDiario.es fuentes del Servicio Balear de Salud (IB-Salut), que recuerdan que este organismo ya había avanzado la posibilidad de solicitar la devolución del importe global y no únicamente de los 2,7 millones de euros que se pagaron de más en el marco de esta operación. Varias resoluciones consultivas, analizadas por este medio, establecen que se puede iniciar de nuevo el proceso de resolución del contrato aunque haya caducado, como habría sucedido en este caso, siempre que no se incluyan los conceptos prescritos y se cumplimenten de nuevo, con arreglo al artículo 95.3 de la Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (LPAC), los trámites de alegaciones, proposición de prueba y audiencia a los interesados.
Uno de los puntos en los que se ha centrado el debate en los últimos días es el motivo por el que el Ejecutivo de Francina Armengol, actual presidenta del Congreso, tardó tres años en iniciar los trámites para efectuar la reclamación del sobrecoste. Fuentes del anterior Govern de izquierdas afirman a este medio que no se reclamó antes porque el volumen de trabajo era bastante elevado, la situación de la pandemia era extrema y se encontraban centrados en “salvar vidas”. Además, añaden que ha sido la única administración que se preocupó por la calidad de las mascarillas que recibieron de la 'trama Koldo' -cuando están involucrados también organismos del Estado y el Gobierno canario- y la única en interponer una reclamación al respecto.
Si el 8 de junio de 2020 cuando el IB-Salut recibió los análisis sobre las mascarillas, no fue hasta el 20 de marzo de 2023 cuando se emitió un primer documento en el que se advertía a la empresa de la 'trama Koldo' que el organismo sanitario balear iba a “tomar las medidas oportunas con el fin de resarcir al Servicio de Salud de las Illes Balears de la situación que ha ocasionado este hecho” (que no les proporcionaran mascarillas FFP2). Entonces aún gobernaba Armengol, quien luego fue sucedida por Marga Prohens, del Partido Popular.
Con la dirigente socialista todavía como presidenta, el IB-Salut envió el 6 de julio de ese año un segundo documento a la empresa en la que ya cifraba sobrecoste de las mascarillas: 2,6 millones de euros, correspondientes a la diferencia entre el precio de las mascarillas quirúrgicas que supuestamente llegaron a Balears y el precio de las FFP2 o KN-95 –las que en teoría quería el Govern y por las que pagó–. El 24 de agosto, ya con el PP en el Govern, se dio inicio formal al expediente de reclamación, según afirman fuentes de ese partido.
Se da la circunstancia de que uno de los autos dictados por el juez que instruye la causa, Ismael Moreno, alude a los indicios que apuntan a la influencia que Koldo García habría ejercido a finales de 2023 -con los conservadores en el poder- en beneficio de Soluciones de Gestión con el objetivo de que la petición de devolución por parte del anterior Govern no prosperase y, de este modo, “favorecer a la mercantil y a su titular”. El magistrado extiende así los hechos más allá de la legislatura de Armengol. De hecho, la investigación revela que Koldo García recurrió al PP para que la trama no pagara los 2,6 millones que le reclamaba Balears.
Los actuales responsables del IB-Salut restan importancia a si el expediente caducó o no y se amparan en la dificultad de que la anterior reclamación pudiese prosperar debido a que este organismo sanitario emitió el 12 de agosto de 2020 un certificado de conformidad con el pedido de mascarillas a la empresa clave del 'caso Koldo', a pesar de que ya había recibido, dos meses antes, los resultados de los análisis que constaban que el material no cumplía con los requisitos de una mascarilla FFP2.
"Si te plantean si las mascarillas son aceptables, tú dices que son perfectamente aceptables y que cumplen todos los requisitos, y además lo pones en evidencia en el expediente, pues evidentemente se introducen serias dificultades", ha aseverado este miércoles el portavoz del Govern, Antoni Costa. Con todo, tanto el PSOE como el actual equipo directivo del IB-Salut señalan, no obstante, que es habitual que las empresas soliciten este tipo de certificados para poder presentarlos al concurrir a otras contrataciones públicas. El documento acredita que, para el IB-Salut, el contrato se había ejecutado “correcta y satisfactoriamente”.
El Govern del PP asegura, además, que que el anterior gobierno autonómico no informó al actual Ejecutivo, durante el traspaso de poderes, sobre la reclamación presentada contra Soluciones de Gestión. Sobre esto, el portavoz del PSIB en el Parlament, Iago Negueruela, ha asegurado este miércoles que el 27 de junio de 2023 la directora de Gestión Económica y Presupuestos del IB-Salud informó del estado del expediente de reclamación de las mascarillas a funcionarios de libre designación con categoría de subdirector general que siguieron en sus puestos tras el cambio de gobierno y que continuaron la tramitación de la reclamación.
El que fuese mano derecha de Armengol durante la pasada legislatura de izquierdas, asimismo, ha calificado de "anómalo" que la Abogacía de la Comunidad Autónoma no se haya pronunciado tampoco, aunque sea por boca de la consellera de Presidencia, Antònia Estarellas, sobre el estado del primer expediente de reclamación.