Los conservadores del Poder Judicial imponen su mayoría y aprueban un informe contrario a la ley de amnistía
El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), cuyo mandato está caducado desde hace más de cinco años, ha aprobado dividido un informe contrario a la ley de amnistía. La mayoría conservadora del órgano ha impuesto su criterio y ha dado su respaldo a un texto que hace una valoración crítica de la iniciativa del PSOE y los independentistas: considera que la norma que establece el olvido penal del procés es inconstitucional, que vulnera los principios de igualdad y separación de poderes y califica de “deficiente” la “técnica jurídica” empleada.
La realización de este informe surge después de que la Mesa del Senado, donde el PP tiene mayoría absoluta, solicitara a los órganos consultivos que expusieran su criterio sobre la proposición de ley de amnistía. El pasado 13 de diciembre, la Comisión Permanente del CGPJ encargó a dos vocales la realización de ese dictamen, que tiene carácter preceptivo aunque no es vinculante. La conclusión de esos trabajos fueron dos borradores contrapuestos que chocan sobre su constitucionalidad.
Finalmente, el texto que ha contado con el respaldo del órgano es el propuesto por el conservador Wenceslao Olea, que defiende que no tiene encaje en la Carta Magna. Así, sostiene que la Constitución excluye “de manera consciente” la amnistía y que ninguno de los preceptos legales vigentes, ni la doctrina del Tribunal Constitucional o del Tribunal Supremo permiten concluir que la amnistía esté reconocida en el derecho español.
El informe aprobado sostiene que la proposición de ley socava el derecho a la igualdad, pues no se justifica que los implicados en el procés reciban un trato penal “más beneficioso” que el del resto de ciudadanos. También concluye que vulnera el principio de separación de poderes porque, conforme a la regulación constitucional, no es admisible que el Poder Legislativo pueda dejar sin efecto las decisiones de los tribunales (salvo en supuestos expresamente autorizados, como los indultos).
Por otro lado, critica su “deficiente” técnica jurídica y califica de “arbitraria” tanto la tramitación parlamentaria elegida, una proposición de ley de los grupos parlamentarios, en lugar de un proyecto de ley del Gobierno; como el procedimiento de urgencia elegido que, a su juicio, “no se motiva”.
Asimismo, defiende que deben quedar fuera de la aplicación de la ley “todos los delitos de terrorismo conforme a la normativa nacional”. En este sentido, llama la atención sobre la “omisión” que se hace del Código Penal en relación con este delito, lo que atribuye a la “patente intención” de que el derecho nacional no sea utilizado por los órganos judiciales españoles y sí directamente la directiva europea, que es más restrictiva respecto a los actos que pueden ser considerados terroristas.