La recaudación tributaria alcanza un récord de 271.935 millones en 2023 por el crecimiento económico y del empleo

España cerró 2023 con un déficit público de 53.556 millones de euros, 10.180 millones menos que en 2022. Esta cifra es el 3,66% del PIB, según lo adelantó el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, este miércoles en el Congreso. La reducción de un punto porcentual del desequilibrio entre los ingresos y los gastos del Estado en relación con el PIB ha superado todas las expectativas (incluso las del propio Ejecutivo de coalición) gracias a una recaudación récord de 271.935 millones de euros

En la rueda de prensa de presentación de los datos de la ejecución presupuestaria del año pasado, la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha explicado que dos tercios del aumento del 6,4% de la recaudación se explica por el destacado crecimiento económico y por la creación de puestos de trabajo, y el resto por la inflación.

"España ha seguido reduciendo su déficit, avanzando en el saneamiento de las cuentas públicas y reforzando la estabilidad del país", ha subrayado Montero.

Además, ha defendido que esta corrección se produce a pesar de las medidas puestas en marcha para combatir los efectos de la pandemia y la guerra en Ucrania, y ha señalado que, si se descontara el impacto fiscal de las medidas en vigor en 2023 para paliar los efectos de la inflación (17.000 millones), el déficit público habría cerrado en el 2,5% del PIB.

El IRPF recaudó 120.280 millones, un 9,9% más, gracias al crecimiento del empleo, y el impuesto de sociedades, 35.060 millones, un 9% más, gracias a los mayores beneficios obtenidos por las empresas (un 15% más).

El IVA ingresó 83.909 millones, un 1,6% más, a pesar de la bajada de la rebaja para la energía y los alimentos, que ha restado 4.300 millones, mientras que los impuestos especiales recaudaron 20.757 millones, un 2,6% más, de los que 591 millones correspondieron al nuevo impuesto al plástico.

"El dato vuelve a poner de manifiesto que este Gobierno cumple con las previsiones", ha destacado Montero, tanto de crecimiento económico como de déficit o de deuda, que cerró 2023 en el 107,7 % del PIB. Hacienda remitirá a Bruselas la información completa el próximo 27 de marzo.

La reducción del déficit público es de casi 6,5 puntos en los últimos 3 años, desde el 10% de 2020 por el shock de la pandemia. El endeudamiento (la ratio de la deuda respecto PIB) ha descendido 17,6 puntos en el mismo periodo, desde el 125,3% hasta donde se llegó a disparar en marzo de 2021.

El objetivo del Gobierno de coalición es continuar rebajando el desequilibrio presupuestario al 3% en 2024. Una meta acorde con el Plan de Estabilidad de la Unión Europea (UE) y sobre la que Hacienda se reafirma pese a haber renunciado a aprobar Presupuestos Generales (PGE) este ejercicio por la inestabilidad que implica el accidentado calendario electoral. El nuevo ciclo político, con tres elecciones por delante (Euskadi en abril, Cataluña en mayo y Europeas en junio), provoca tensiones y tiranteces dentro de la coalición para buscar una diferenciación que tenga réditos electorales.  

La ausencia de Presupuestos pone en riesgo algunas medidas importantes y acuerdos del Gobierno de coalición no incluidos en la prórroga de las cuentas de 2023. Hay alternativas. Por ejemplo, el Ejecutivo tendrá que aprobar medidas vía Real Decreto-ley y los grupos parlamentarios deberán confabularse con enmiendas para que sean convalidados en el Congreso: desde ajustar el IRPF al nuevo Salario Mínimo Interprofesional (SMI), elevar el índice de referencia para las ayudas y prestaciones públicas (el IPREM), hasta subir el sueldo de los funcionarios. 

"El Gobierno de España no tiene previsto aplicar ninguna política de recorte para la reducción del déficit", ha insistido Montero este jueves. Sobre las nuevas reglas fiscales, ha destacado que la Comisión Europea "confía plenamente en España" porque hasta la fecha ha cumplido con sus objetivos de déficit.

No obstante, ha recordado que hasta el mes de septiembre Bruselas no exige a los Estados miembros el plan estructural fiscal que acompaña a las nuevo corsé fiscal, por lo que es posible que este año la Comisión Europea no solicite para el mes de abril el Plan de Estabilidad, dado que las nuevas reglas fiscales aún están pendientes de ratificación por parte del Parlamento Europeo.