El PP inicia una nueva reclamación por las mascarillas de Armengol tras atacar a quienes decían que la anterior caducó
El Govern del PP en Balears ha desistido de la reclamación iniciada por el anterior Govern de izquierdas para recuperar los 2,6 millones de euros que el Ejecutivo de Francina Armengol pagó de más por la adquisición de 1,5 millones de mascarillas a la trama Koldo. En concreto, a través de la compañía instrumental implicada en la causa, Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas SL. Una adquisición que, finalmente, no respondió a las necesidades del anterior equipo de Gobierno, dado que los cubrebocas no cumplían con los requisitos de una FFP2, que era el material de protección que se esperaba recibir.
En rueda de prensa, el vicepresidente del Govern, Antoni Costa, y el gerente del Instituto Balear de Salut (Ib-Salut), Javier Ureña, han anunciado que el Ejecutivo ha dado inicio a un nuevo expediente para reclamar el dinero íntegro que se pagó por las mascarillas y que asciende a un total de 3,7 millones de euros.
Desde la apertura, en la Audiencia Nacional, de la causa que investiga una presunta trama de corrupción en torno a la compra de mascarillas a la trama Koldo por parte de varias administraciones públicas, entre ellas Balears, el PP ha acusado al anterior Govern de Armengol de no actuar de forma diligente en la reclamación de los fondos, atribuyendo al Ejecutivo progresista que la solicitud resultase infructuosa. Sin embargo, la Guardia Civil apunta a las presiones que habrían recibido, por parte de la trama, los actuales responsables del Ejecutivo balear del PP a finales de 2023 para que la reclamación no saliera adelante y finalmente caducara, como sostienen los investigadores que acabó sucediendo el pasado mes de enero -bajo la presidencia de la popular Marga Prohens- sin que los conservadores hayan hecho nada por evitarlo.
Al respecto, el gerente del IB-Salut ha negado tajante, asimismo, que el actual Ejecutivo recibiese presiones para dejar caducar la anterior reclamación: "No ha habido absolutamente ningún contacto con nadie de la trama, ninguna conversación telefónica, ningún correo ni nada parecido. Los únicos contactos con la empresa han sido los de los funcionarios dentro del trámite formal de acceso al expediente. Esto quiero que quede claro", ha recalcado.
En este sentido, el magistrado de la Audiencia Nacional Ismael Moreno menciona comunicaciones entre los empresarios implicados en la causa de las que se colige que, si la Administración balear, en el plazo de tres meses (con fecha límite el 18 de enero de 2024) no se pronunciaba expresamente sobre el expediente de reclamación, se produciría la caducidad del procedimiento administrativo y, por ende, la reclamación de los casi tres millones de euros.
Tal como señala el Tribunal Supremo en una resolución en la que unifica los criterios de caducidad en la resolución de contratos, la Ley 39/2015 de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas establece que, actualmente, el plazo para resolver este tipo de expedientes es de tres meses, si bien tal regulación podría ser sustituida por otra elaborada por las Comunidades Autónomas con competencia para ello. En el caso de Balears, la Ley 3/2003 de Régimen Jurídico de la Administración de la Comunidad Autónoma estipula, en su artículo 50.1, que los plazos de caducidad no podrán exceder de seis meses (y siempre que la autonomía cuente, como así ocurre en las islas, de competencias de la materia en cuestión, en este caso sanitaria).
Desde que elDiario.es informase de que, según el juez que instruye el caso Koldo, el Govern balear del PP habría dejado caducar el expediente para la reclamación de 2,6 millones de euros, los populares han esgrimido esta noticia para refutar su responsabilidad en el caso y criticar la difusión de supuestas fake news al respecto.
Los populares defienden, de hecho, que el anterior expediente no ha caducado y ponen el foco en la dificultad de que la anterior reclamación pudiese prosperar debido a que el IB-Salut emitió el 12 de agosto de 2020 un certificado de conformidad con el pedido de mascarillas a la empresa clave del 'caso Koldo', a pesar de que ya había recibido, dos meses antes, los resultados de los análisis que constaban que el material no cumplía con los requisitos de una mascarilla FFP2.
En su intervención ante los medios, Ureña ha explicado que el organismo que gestiona ha procedido a la apertura de un procedimiento administrativo para declarar la nulidad del contrato de compra y restituir, de este modo, los fondos abonados. El gerente del IB-Salut ha señalado que, de acuerdo con el análisis del anterior expediente, existen elementos suficientes para declarar la nulidad del acto de adjudicación del contrato, de ahí que sea necesario desistir del procedimiento e iniciar uno nuevo de revisión de oficio para reclamar la totalidad de los 3,7 millones de euros.
Ureña ha apuntado que la nueva vía administrativa se fundamenta en la falta de capacidad para contratar el suministro objeto del contrato, dado que el objeto social de la empresa no contemplaba la compra de las mascarillas; la falta de solvencia económica de esta mercantil y la falta de solvencia técnica de la misma. "La actividad de Soluciones de Gestión no guarda relación alguna con la contratación de las mascarillas. Nunca se debió celebrar este contrato. Si en una situación de emergencia se desprende el techo, se podrá tramitar de urgencia pero no se daría el contrato de obra a una empresa de hostelería", ha ejemplificado.
Asimismo, ha explicado que el nuevo expediente, al buscar la nulidad del contrato suscrito, ha sido impulsado al amparo de la Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, que establece un plazo máximo de seis meses para que los expedientes de resolución contractual sean instruidos y resueltos.
Al ser preguntado sobre por qué este nuevo procedimiento cuenta con ese intervalo de seis meses y no de ocho -plazo que el PP atribuye a la anterior contratación para defender que aquélla no habría caducado-, Ureña ha señalado que la reclamación anterior estaba regida por la Ley de Contratos del Sector Público, que estipula que los expedientes de resolución contractual deberán ser instruidos y resueltos en el plazo máximo de ocho meses. Un dato que choca con los seis meses estipulados por la Ley de Régimen Jurídico de Balears.